Los procesos de evaluación para el Servicio Profesional Docente (SPD), en el marco de la reciente Reforma Educativa, tienen áreas que deben corregirse urgentemente. Como Consejo de Maestros ABC, realizamos una investigación para incidir en la política pública y hacer valer los derechos de formación que deben de acompañar la evaluación docente, según lo estipulado por ley y en los lineamientos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Encuestamos a más de 700 docentes, con mayor respuesta de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Tabasco; 63% fueron docentes frente a grupo y 15% directivos, el porcentaje restante lo integran Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP´s), y supervisores. Las respuestas se concentraron de manera prevalente en los procesos de evaluación de permanencia (59%), seguidas de concursos de promoción (19%).
42% afirma que recibió asesoría o acompañamiento por la Secretaría o Instituto de Educación de su Estado; de ellos, 64% indicaron que la recibieron en la modalidad presencial, 27% en línea y el resto, semipresencial. En el global, 94% de los maestros calificaron la asesoría recibida como deficiente y 73% afirman que fue extemporánea.
No debemos ignorar que uno de cada tres, respondió que no recibió oportunidad alguna de asesoría de parte de la autoridad local. Ante estos hallazgos, resulta lógico que más de la mitad reconocen haber recurrido a otras opciones de asesoría mediando pago, que les representaron inversiones que oscilan entre $2,000 y $5,000.
Recabamos en voz de los maestros prácticas de lucro y violaciones a la ética profesional de servidores públicos de las Secretarías de Educación (SE) y evaluadores certificados por el INEE en torno a los diferentes procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia. 18% de los encuestados acudieron, mediando algún pago, a servidores públicos de la secretaria, 12% a evaluadores certificados por el INEE, 11% a Consultorías Educativas y ATP´s. Registramos denuncias anónimas de evaluadores certificados por el INEE que lucran con su cargo.
¿Por qué los docentes buscan acompañamiento fuera de la instancia oficial que es responsable? Hallamos que la asesoría recibida por la Secretaría o Instituto de Educación Estatal, en primera instancia, no cubrió con las expectativas según 55% o simplemente no se ofertó en los tiempos oportunos, afirmaron 21.6%.
En voz de los propios docentes, la oferta de formación debería considerar las siguientes expectativas:
La asesoría y capacitación de los docentes que se someten al proceso de evaluación es un derecho plasmado en los artículos 3° y 123° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 12° y 13° de la Ley General de Educación, 13°, 59° y 60° de la Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Estrategia 1.4 del Programa Sectorial Educativo 2013-2018. Es por ello que reprobamos los actos de oficio y de omisión que en estos términos, tanto el gobierno federal como las entidades ejercieron en contra de los derechos estipulados en la legislación.
La formación continua y la capacitación docente se ha visto en el último sexenio significativamente limitada en cuanto a la calidad y eficacia. La mayoría de los docentes encuestados la considera como no pertinente para los propósitos que los procesos de evaluación exigen, ya que además de no cubrir los contenidos conceptuales y técnicos, se dieron de forma extemporánea. Ello se traduce en una carencia de herramientas para que los docentes enfrentaran con éxito estos procesos, obligándolos a la búsqueda de opciones externas que implicaron inversiones monetarias.
Queda claro que las prácticas que se viven en los diferentes estados de la República distan notoriamente de la normatividad. La oferta de capacitación en modalidades semipresenciales o en línea redujo el acceso de docentes que se encuentran en las zonas más vulnerables, ya sea por distancia o por la carencia de medios tecnológicos y conexión de internet, lo que es contrario a la equidad.
Conminamos a las autoridades a privilegiar la formación y capacitación de todos los maestros. Exigimos que la nueva legislación en materia educativa se concrete a través de acciones y políticas públicas que realmente aseguren la profesionalización docente, en términos de formación continua (asesoría y acompañamiento), actualización y oportunidades de desarrollo profesional.
La desinformación, la carencia de tutorías, limitar las opciones de asesoría solamente a los docentes, directivos y supervisores que se encuentran en los diferentes procesos de evaluación y el no considerar los resultados de la misma, para definir el trayecto formativo docente, son graves errores. De no ser corregidos por el actual gobierno, no se alcanzarán los objetivos establecidos en la propuesta de campaña del ahora Presidente Constitucional Andrés Manuel López Obrador y por tanto, el éxito de las estrategias que mejoren el derecho a la educación.
