“Reforma Educativa” de la “4T”
Hoy ratifico lo que había manifestado días antes cuando envié, por este medio, una carta pública a la Mtra. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública:
Me parece que están cerradas las puertas para las profesoras y profesores que tienen experiencia en el sistema educativo público, como docentes, asesores técnicos o directores escolares, en el nivel de educación básica o media superior, ya que no han sido aceptados para concursar por una plaza de ascenso o promoción, dentro del marco legal y reglamentario establecidos desde 2019, debido a inconsistencias, de procedimiento, creadas por la propia burocracia educativa.
¿Cómo es posible que estas políticas, de “cierre de puertas” burocráticas, esté dirigido a las maestras y los maestros que cuentan con más de 15 o 20 años de experiencia docente o directiva en la escuela pública? Que, además, se han preparado académicamente (con la realización de estudios de licenciatura y posgrado en educación), pero que la normatividad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no les ha permitido concursar por detalles de tipo burocrático (de forma) y sin aplicar criterios académicos o de responsabilidad dentro del sistema educativo (de fondo).
Hay docentes y directivas o directivos escolares que tienen más de 20 años de servicio docente en la escuela pública; o con más de 6, 8 o 10 años de experiencia como directoras o directores, quienes cuentan además con títulos de licenciatura (en instituciones de educación superior reconocidas por la propia SEP) y maestría en educación, o en disciplinas o campos de conocimientos afines, y que han recibido diplomas o constancias de reconocimiento al mérito académico (SEP), pero que durante el actual proceso de promoción (2021) no fueron aceptados debido a detalles de forma (falta de alguna fotografía o de algún sello); esto aun cuando han entregado documentos expedidos por la SEP.
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Vuelve el cántaro al agua
Los criterios que toman las autoridades educativas y el personal de las mesas de “ayuda” son lamentables y escandalosos: ¿Por qué la propia SEP no reconoce a las maestras y los maestros que cursaron los programas nacionales de nivelación, actualización o regularización organizados en otros tiempos por la misma dependencia del gobierno federal? ¿Tiene lógica académica esa línea de políticas públicas educativas de exclusión? ¿O más bien lo que prevalece, una vez más, es la racionalidad (irracionalidad) burocrática?
Como se puede apreciar, estos procesos o trámites burocráticos, donde se deja fuera de los concursos a personas que han desarrollado una trayectoria académica decorosa, son injustos y contradictorios. Y no se trata de que a las y los docentes, en cientos de casos que hay como éste en México, se les otorguen plaza de directores o de supervisores escolares a través del nefasto “dedazo”, sino que se les permita concursar y demostrar sus capacidades académicas, docentes, directivas y profesionales en igualdad de condiciones.
Me pregunto una vez más: ¿Es intencional, por parte de la SEP, que se pongan en práctica este tipo de políticas inflexibles y de puertas cerradas? ¿Acaso las plazas ya están pactadas con las cúpulas sindicales nacionales y locales? Si eso es así ¿Entonces para qué se publican las convocatorias?
Más preguntas ¿Lo que buscan las autoridades educativas, federales y estatales, es contratar o promover sólo a quienes cuentan con estudios de normal básica, sin que hayan tenido el compromiso de prepararse más allá de esa formación elemental? Por lo que veo, todo parece indicar que, con estas políticas educativas y administrativas (con énfasis en decisiones burocráticas, no académicas), se busca premiar al “mínimo esfuerzo” académico y las más cortas trayectorias o experiencias profesionales.
Es lamentable, con este cuadro de hechos, el rumbo que toma, hoy, la “Reforma Educativa” de la “4T” (desde 2019), pues se cierran las puertas de las oportunidades para todas y todos aquellos trabajadores de la educación que han participado en los diferentes esquemas de “nivelación”, de “actualización” o de “superación profesionales”, que la propia SEP puso en marcha durante las últimas tres-cuatro décadas en todo el país, tanto para la educación básica como media superior.
¿Dónde están los dirigentes altos y medios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para defender a sus agremiados? ¿Dónde quedaron las figuras educativas y académicas previstas en la ley (Comisiones Tripartitas) para salvaguardar el sentido académico (no burocrático) de los concursos de admisión y promoción? ¿Dónde quedan los principios de transparencia y de rendición de cuentas ante este tamaño de atropellos?
Cabe resaltar que este tipo de atropellos y violaciones a los derechos de las y los trabajadores de la educación no sólo se han presentado en docentes y directivos de educación básica sino también en media superior; ello ha sucedido en estados como Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo y Jalisco, pero no dudo que hoy en día también se presentan, lamentablemente, en otras entidades del país. ¿Éste será el sello de la revaloración o revalorización del magisterio durante la gestión de la SEP en el marco de la “4T”?
Desde marzo pasado y hasta el momento en que escribo este texto (16 de abril), me han reportado, vía correo-e, diferentes casos donde la autoridad y las burocracias locales han actuado en contra de distintas figuras educativas, todas ellas y ellos aspirantes a una promoción (movilidad vertical) o al reconocimiento institucional, a través de incentivos económicos (movilidad horizontal), quienes han sido mal atendidos y pésimamente auxiliados, con actitudes de puertas cerradas.
Como parte de las inconformidades que, adicionalmente, se han cometido en contra de las y los aspirantes a ingresar al servicio público docente, mediante concursos de admisión, el próximo lunes 19 de abril se llevará a cabo una concentración frente a Palacio Nacional, para expresar de manera pacífica el malestar de las y los docentes ante este proceder de las burocracias educativas.
Hago un atento llamado para que la misma SEP, la Subsecretaría de Educación Básica, las autoridades educativas locales (en las entidades federativas) y USICAMM revisen de inmediato estos casos de bloqueo, abuso y maltrato a las y los maestros durante los procesos de admisión y promoción, a efecto que los resuelvan a favor de los participantes que lo ameriten o que reúnan los requisitos establecidos en la normatividad, porque sin ello se tenderán a bajar los niveles de valor académico que requiere la educación pública en México.
jcmqro3@yahoo.com
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Publicado en SDPnoticias.
