Como es natural en un país de las dimensiones y características de México, todas las reformas estructurales emprendidas por la actual administración federal han tenido, cada una por circunstancias diferentes, un alto nivel de complejidad política, técnica e institucional. La educativa no ha sido la excepción. Sin embargo, al tratarse de la política pública directamente más sensible para la sociedad, especialmente para los padres de familia, ha generado un elevado nivel de atención acompañado, también, por razones históricas, de controversia y polémica.
De allí que, con la Reforma Educativa, haya sucedido un fenómeno paradójico en ciertos círculos. Por un lado, su valoración parece haber corrido por tres carriles con enfoques o motivaciones distintas. Por otro, se ha dejado fuera —a mi juicio— lo más relevante: el examen objetivo de los avances concretos que la reforma ha conseguido y de los datos duros en que se fundamentan, los cuales explican, por mero contraste, su alta aprobación en las encuestas de opinión.
Carriles de valoración de la Reforma Educativa
El primero tiene que ver con el abordaje desde una sección del ámbito académico. Da la impresión de que las extensas cohortes de investigadores especializados, que por décadas se concentraron en reducir el problema de los malos resultados a la lógica corporativa que prevaleció en la gobernanza del Sistema Educativo Nacional (SEN), de pronto se quedaron sin materia (y sin litis) al producirse una reforma sistémica y estructural, cuyos alcances superan con mucho los esfuerzos realizados desde los años sesenta del siglo pasado.
En otras palabras: critican recurrentemente a la reforma —en especial si se quedaron fuera del sistema institucional de toma de decisiones— porque surgió a través de un pacto legítimo entre el gobierno y los partidos, y no de artículos arbitrados que, después de todo, se volvieron un modus vivendi, pero no una política pública.
La segunda vía es la que ha transcurrido por algunas de las llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSC) que encontraron en el tema educativo un camino casi salvífico para adquirir visibilidad, posicionar sus agendas e intereses, y presentarse ante sus públicos investidas con una rara noción de pureza (“el alma oculta de los ideales ascéticos”, como Nietzsche definía ese resentimiento que se expresa de manera binaria: buenos y malos), mediante el expediente de agraviar, frecuentemente de manera salvaje e injusta, al magisterio mexicano.
El tercer carril es el que, relegando a los destinatarios finales y más importantes de una Reforma Educativa —los niños y jóvenes— para coludirse con algunos grupos de interés magisteriales causantes del fracaso previo, encontró, en ciertos componentes de la misma, un espacio de rentabilidad electoral para lucrar con la promesa de regresar precisamente al viejo sistema discrecional y corrupto sobre el que estuvo montada la gestión educativa.
Como es evidente, esos tres enfoques incurrieron en una limitación grave: entender que la esencia de la política es dotar de sentido.
Por ello, es indispensable un análisis realista, documentado e informado de los supuestos conceptuales, los componentes y los progresos puntuales de la Reforma Educativa mexicana.
La educación en el siglo XXI
No es una casualidad que, como nunca antes, la educación esté en el lugar central de la agenda pública nacional: dependiendo del día, el buscador Google arroja hasta cinco y medio millones de entradas al teclear el término “Reforma Educativa mexicana”; al cerrar su último periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión tenía casi ciento setenta iniciativas y puntos de acuerdo sobre asuntos educativos en trámite legislativo; buena parte de los medios de comunicación incluyen cotidianamente noticias, artículos y comentarios sobre educación; han proliferado los sitios web acerca de la materia; se dice que existen alrededor de trescientas cincuenta agrupaciones privadas dedicadas o interesadas en el tema; y la Reforma Educativa ocupó un lugar principal en las campañas electorales de 2018.
En consecuencia, conviene hacer algunas reflexiones sobre el tema y los desafíos que afronta en el contexto del desarrollo deseable para México en los próximos años, partiendo de una interrogante elemental: ¿por qué hay tanto interés respecto de algo que, fuera del cubículo académico, a nadie ocupaba hace quince o veinte años de manera tan intensa?
El pensamiento convencional sugiere que la educación y la cultura son los fundamentos del desarrollo civilizado y armónico de una sociedad. Quizá por ello más de cincuenta países han emprendido, desde hace décadas, reformas educativas —de distinta naturaleza, dimensión y enfoque— orientadas a mejorar el crecimiento, la movilidad y la convivencia. En pleno siglo XXI, estas condiciones siguen siendo válidas, pero el entorno ha cambiado de manera notable y, por lo tanto, también la orientación de las reformas educativas, como es el caso de la que México ha iniciado en estos años.
Por un lado, la fisonomía del país, en contraste con la que tenía hace apenas cuatro décadas, se ha modificado. Es una nación urbana con una economía abierta, ampliamente diversificada, compleja y sostenida principalmente en los sectores manufacturero y de servicios. En paralelo, la edad promedio de su población rebasa los veintiocho años, hay una mayor esperanza de vida, una clara expansión de las clases medias y una cobertura prácticamente de 100% en primaria y secundaria, y de 86% en educación media superior.
En suma, México cuenta hoy con un enorme sistema educativo, una demografía muy distinta, una población económicamente activa en aumento y el empleo parece estar cada vez más relacionado con sectores cuyo valor agregado radica en el grado de conocimiento invertido en la actividad productiva, es decir, educación, investigación e innovación.
Ahora bien, si esas son algunas de las condiciones reales en México y en el mundo, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarlas si se quieren incrementar las posibilidades de tener un desarrollo educativo y personal razonablemente exitoso? En estricta lógica, el sentido común sugiere que mientras más educados, sanos, preparados y competitivos seamos, mejor. Pero conviene apreciar otras variables.
La primera es que, a diferencia del pasado reciente, ahora es indispensable una “educación a lo largo de toda la vida”. Es decir, las generaciones de alumnos actuales y futuras deberán asumir que, más allá de la educación formal, la capacitación y la actualización permanentes serán la constante durante toda su vida productiva. La segunda variable es que la educación en la escuela ahora compite, casi a la par, con otros entornos y modalidades para adquirir información y conocimiento, accesibles incluso desde antes de ingresar a la educación preescolar, como las nuevas tecnologías digitales. La tercera es que antes bastaban ciertos años de educación para obtener un determinado ingreso y hoy se requieren más para lograr el mismo nivel, entre otras razones porque la oferta educativa se amplió, y hay más personas que tienen acceso a ella y cuentan con más años de escolaridad. La cuarta variable es que el umbral educativo se ha elevado consistentemente, lo que quiere decir que el número de años de estudio necesarios para conseguir una ocupación que asegure un nivel de vida adecuado es mayor que en el pasado. Y la última es que las experiencias educativas exitosas son numerosas en el mundo, pero su diseño, características y velocidades no son homogéneas, y corresponden más bien a condiciones sociales, culturales, económicas, institucionales e incluso políticas específicas de cada país.
Si hasta este punto la conclusión es que la educación importa, entonces la cuestión relevante es si la actual Reforma Educativa responderá a los retos que enfrentará México en el siglo XXI, y por qué es una prioridad consolidar su ejecución y preservarla ante el oportunismo y la demagogia —electoral, pseudoacadémica o mediática—. La respuesta es en ambos casos afirmativa, siempre y cuando exista conciencia colectiva de la complejidad del mundo educativo, laboral y profesional en el que los niños y jóvenes mexicanos vivirán en las próximas décadas, y de que, si se quiere competir con las mejores herramientas, la educación de gran calidad no es una opción, sino la opción más importante y de mayor profundidad que México tiene para ofrecer a su población un desarrollo incluyente, equitativo y sostenible.
Una reforma inevitable
La experiencia internacional muestra que toda reforma educativa pasa por etapas en las que se manifiestan aspectos críticos y conflictivos, particularmente ante factores de corto plazo que contrastan con los largos periodos requeridos para dar resultados: como la desigual permanencia de actores públicos; la percepción de los bienes que genera una reforma; la existencia de beneficiarios difusos contra la presión de grupos de interés organizados y con recursos; la insuficiente capacidad institucional; o la tentación constante por responder a incentivos de coyuntura donde prevalezca la política y no la educación.
Aunque podemos cuantificar ya algunos de sus avances concretos, los mayores éxitos de la Reforma Educativa mexicana se irán registrando en las próximas dos décadas, en la medida en que, como sucede en todos los países, su instrumentación siga con igual o mayor energía. Eso depende de una constelación de actores porque, después de todo, la educación es un bien público y corresponde preservarla como tal.
La historia de la política educativa refleja una acumulación de esfuerzos colectivos orientados, por décadas, a la inclusión de un mayor número de mexicanos. Por muchos años, México vivió, en materia educativa, entre la simulación, la inercia y la frustración. Se escolarizaba, pero no se educaba. Los arreglos políticos desplazaron la calidad. El clientelismo sustituyó al mérito. Los intereses corporativos suplantaron el interés público. El efectismo de corto plazo impidió la eficacia de largo plazo. Se otorgaron grados, pero no formación, que es lo que se espera de una educación verdadera. Se sabían alternativas y soluciones, pero se descartaron por su complejidad política y técnica. Varios gobiernos quisieron impulsar una reforma a fondo, pero no pudieron porque no tuvieron la voluntad política necesaria, se toparon con lógicas que rehuyeron el natural conflicto o simplemente eligieron la comodidad de la inercia. Diversos factores explican este paisaje, pero, al mismo tiempo, dentro de un contexto excepcionalmente fértil en la política mexicana, como el de 2013, fueron el fundamento de la actual reforma, que de varios modos era inevitable.
Los puntos fuertes de la Reforma Educativa
Sin duda, la primera fortaleza de la Reforma Educativa es que tuvo a su favor el consenso de los partidos políticos más importantes de México. Si bien en otras reformas estructurales las diferencias introdujeron matices, en lo educativo se presentó desde el principio un compromiso común con la urgencia de establecer mecanismos de igualdad de oportunidades para toda la población, a través de una educación de calidad. Aún ahora, es la reforma que tiene el nivel más alto de aprobación en las encuestas nacionales levantadas entre la población abierta.
Si se asegura una educación así, la lucha por la equidad registrará a mediano plazo una de sus mayores victorias, pues, sin importar el origen social del que procedan, los estudiantes mexicanos tendrán mejores condiciones para alcanzar el éxito profesional y la movilidad social y económica. Y ésta será la segunda fortaleza de la Reforma. Para ello no bastan buenos maestros y buenas escuelas, también son necesarios buenos contenidos. Allí reside el corazón del Nuevo Modelo Educativo, diseñado y pensado para favorecer, mediante la adquisición de los aprendizajes clave, la integración de un sistema educativo más sensible, tanto a las innovaciones que se registran en los procesos cognitivos y curriculares como a la diversidad y riqueza étnica, cultural y lingüística de México.
Una tercera fortaleza de la Reforma Educativa es que dio origen al Servicio Profesional Docente (SPD), con el objetivo principal de establecer un sistema orgánico que promueva la selección, actualización y evaluación del magisterio —en el que, hasta 2017, participaron casi 1 250 000 profesores y, para finales de 2018, se estima que lo habrán hecho 500 000 más, llegando así a 1 750 000 sustentantes de evaluaciones de ingreso, promoción, diagnóstico y permanencia—. De esta cifra, cerca de 600 000 habrán pasado por evaluaciones de desempeño y, de ellos, alrededor de 190 000, que son los que obtuvieron las calificaciones más altas, están recibiendo ya mejoras salariales sustanciales como incentivo a su esfuerzo y dedicación.
Con ello, se institucionaliza un sistema transparente basado en el mérito, la capacidad y el talento de los docentes para impartir una enseñanza de mayor calidad. Los nuevos integrantes de la planta magisterial, alrededor de uno de cada cuatro concursantes, gradualmente tendrán un mejor perfil académico para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos en el siglo XXI, y encontrarán en este nuevo espacio, donde sólo ellos y su capacidad cuentan, no sólo un sólido factor de satisfacción profesional y laboral, sino también una función que dote de sentido su misión como personas y educadores. No es un logro menor que ya se hayan asignado, de manera legal, pública y transparente, casi 188 000 plazas y promociones exclusivamente por mérito.
No obstante estos y otros resultados, todavía se escuchan susurros que insisten en que esta reforma ha sido mal instrumentada o que no da resultados. Los datos duros desmienten categóricamente estas aseveraciones.
Datos duros, cuentas claras
Para empezar, la Reforma Educativa es la mejor valorada en todas las encuestas nacionales levantadas entre la población abierta y en vivienda en tres momentos de 2017. Algunas, por ejemplo, señalan que 64% de los encuestados está de acuerdo con ella; 79% aprueba las evaluaciones a los docentes; 71%, que las escuelas cuenten con jornada ampliada; 71%, que se estén remodelando las escuelas; 89%, que se busque que los maestros tengan un alto nivel de inglés; y, en otro estudio aplicado sólo a maestros de educación básica, casi 60% piensa que la evaluación es fundamental para su desarrollo profesional (Consulta y BCG, julio, noviembre y diciembre 2017). Más aún, otra encuesta realizada entre normalistas, si bien sólo en una entidad federativa, ilustra correctamente el espíritu aspiracional y de cambio que ha introducido la Reforma Educativa: a las preguntas de si les parece indispensable o les gusta ganar mejor salario a partir del desempeño, ingresar a y ascender en la carrera docente por concurso o evaluarse periódicamente, las respuestas afirmativas promediaron, en todos los casos, entre 75% y 94%.1
En segundo lugar, se empiezan a observar ya cambios positivos en la calidad y el desempeño del magisterio. Por ejemplo, en los concursos de ingreso a la educación básica y media superior celebrados entre 2014-2015 y 2017-2018, el porcentaje nacional de docentes con resultado idóneo ha incrementado de 38.3% a 54.5%. Por nivel, en educación básica está ocurriendo algo similar: los que registran mayor porcentaje de idóneos con incrementos sostenidos son los de preescolar, educación especial, primaria, telesecundaria y secundaria, en un rango que va de quince a veintiocho puntos porcentuales; destacan los docentes de primaria indígena que, si bien partiendo de una base muy baja, han logrado el aumento más elevado de esta cifra en los últimos ciclos escolares: veintiocho puntos porcentuales.
En cuanto a las regiones, las entidades con los mayores porcentajes de idóneos son Querétaro, Colima, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco e Hidalgo, que han alcanzado mejorías de entre doce y veintitrés puntos porcentuales.
En el caso de las evaluaciones del desempeño, la cantidad de docentes y técnicos docentes de educación básica destacados se ha duplicado en las tres evaluaciones realizadas, y la de insuficientes se ha reducido en casi ocho puntos porcentuales en los dos primeros ciclos (2015-2017), con la excepción del siguiente ciclo, que nuevamente subió 3.3%.
En cuanto a directores y supervisores, también las mejorías son, por regla general, consistentes en cada evaluación: los primeros muestran aumentos de 8.3% en el grupo de destacados y de 18.8% en el correspondiente a buenos; en los segundos, los destacados se mantuvieron prácticamente constantes, pero la escala de buenos incrementó 13% en los últimos dos ciclos escolares.
Es claro que todos los maestros están haciendo un esfuerzo personal y académico cada vez más grande y mejor, tanto por sí mismos como por el acompañamiento que ahora se les ofrece.
Si bien en 2015 la oferta de capacitación de la SEP fue insuficiente y muy deficiente, el año pasado alcanzó a 626 000 maestros, cuando la meta original era de 500 000. En 2018 la meta es proveer dicha capacitación a 1 200 000 maestros en todas las líneas y modalidades de formación continua..
En tercer lugar, se dice que esta reforma ha sido mal implementada. Sin embargo, gracias a ella pasamos de un sistema opaco, corrupto y discrecional en la profesión docente a otro basado en el mérito, la transparencia y el esfuerzo.
Con la Reforma Educativa, las escuelas de tiempo completo crecieron de 6 708, en 2012, a 25 134, en la actualidad. Antes de ella no existía un programa ambicioso de modernización de infraestructura escolar; hoy contamos con uno que está atendiendo a las 33 000 escuelas con mayores desventajas físicas y haciendo la mayor inversión en la historia desde hace al menos cinco décadas. Según reporta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en su informe anual: de 37.4% en que la pasada administración dejó el rezago educativo, ahora se redujo a 31.9%; de 65.9%, que era la cobertura en educación media superior, ahora es de 85.7%, incluyendo todas las modalidades; de 32%, que era la cobertura en educación superior, ahora es de 38.4%; y, de tener un modelo educativo indefendible —como lo denominó el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks—, ahora hay uno nuevo construido colectivamente tras un robusto proceso de consulta y adaptado a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI.
¿Y en términos de aprendizaje?
Finalmente, es digno de mencionar que en las últimas pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) de tercero de secundaria se observan progresos, entre 2015 y 2017, en once estados en el caso de Lenguaje y Comunicación, y en dieciocho para Matemáticas. ¿Qué significa esto? Por un lado, que en lo sucesivo —además de consolidar la arquitectura y la instrumentación de la Reforma Educativa en lo nacional— el éxito en los tiempos y los logros de aprendizaje dependerá principalmente de la gestión estatal y de la gestión escolar, tal como ha sucedido en otras partes del mundo. Por otro lado, significa que las mejoras observadas a nivel subnacional sugieren, deseablemente, que es posible identificar áreas de oportunidad para ampliar los logros y establecer algunas tendencias en el tiempo de los resultados de aprendizaje, como ha sucedido en evaluaciones que, si bien distintas y no comparables, sí mostraban aumentos sistemáticos en los puntajes obtenidos por los países.
Al igual que varios de ellos, que lograron mejorar su desempeño académico en el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), en México existen entidades federativas donde en PLANEA de tercero de secundaria se obtuvo una importante mejoría en las asignaturas incluidas, lo cual se observa a través del incremento de las puntuaciones alcanzadas en los años evaluados. Como ejemplo está Sonora, que entre 2015 y 2017 tuvo un ascenso notable en las puntuaciones: de 476 a 505 puntos en Lenguaje y Comunicación, y de 473 a 500 puntos en Matemáticas. Asimismo, es muy destacable el caso de la Ciudad de México que, además de que en 2015 se encontraba con un puntaje por arriba de la media nacional (521 puntos en Matemáticas y 531 en Lenguaje y Comunicación), logró obtener un aumento significativo en dichas puntuaciones: en 2017 alcanzó 531 puntos en Matemáticas y 537 puntos en Lenguaje y Comunicación, siendo de los valores más altos a escala nacional.
Las tendencias positivas en la mejoría de aprendizajes, identificadas a través de estas evaluaciones, son muy probablemente atribuibles a estrategias instrumentadas en los sistemas educativos de los países, para el caso de PISA, o en entidades federativas como las referidas para el caso de PLANEA, y pueden considerarse indicativas de que es factible realizar acciones más efectivas y focalizadas que incidan en la mejoría académica del SEN.
Se comparte, por supuesto, el sentido de urgencia de que esta reforma arroje, lo más pronto posible, los resultados deseados, no sólo en los logros y en la calidad de los aprendizajes, sino sobre todo en la movilidad social y económica. Allí reside la pertinencia de una reforma estructural y sistémica. Pero no hay que olvidar sus enormes complejidades y su tiempo de maduración.
Esta es una realidad que bajo ningún concepto se puede ignorar. ¿Es razonable, entonces, negar los progresos de la Reforma Educativa? ¿Es sensato volver a las corruptelas y los contubernios del pasado, cuya superación permitió varios de los logros descritos? ¿Es inteligente cancelar la Reforma y, con ello, las posibilidades de una vida mejor y un futuro más promisorio para los cientos de miles de maestros y los millones de niños mexicanos que están haciendo estos cambios? Categóricamente, no..
[1] Proyecto Educativo, “Encuesta para estudiantes de escuelas normales y UPN de Puebla”, 4 076 encuestas válidas levantadas cara a cara en mayo de 2017.
