*Por Fernando Ruiz Ruiz
En marzo y junio de este año se conoció de la aprehensión del titular de la entonces Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua (SECD) y de la Directora de Administración de la misma dependencia. Ambos son acusados del delito de peculado por 246 millones de pesos cometido entre febrero y abril de 2016 al trasferir recursos presuntamente a cuatro empresas fantasmas.
El asunto ejemplifica los riesgos que conlleva abandonar la conducción educativa a los políticos y la burocracia educativa.
Ricardo Yañez Herrera, extitular de la SECD había asumido el cargo apenas en enero de ese año y permaneció hasta el fin de la administración duartista. El funcionario, licenciado en sistemas de
computación, ocupó una gran variedad de cargos en puestos administrativos, directivos y políticos en el ISSSTE, tránsito y vialidad, y el registro civil así como en el Partido Nueva Alianza.
Fue el quinto secretario de esa administración después de José Miguel Salcido Romero (diciembre 2015-enero 2016), Marcelo González Tachiquín (nov 2014-dic 2015), Pablo Espinoza Flores (mayo de 2013-nov 2014) y Jorge Quintana Silveyra (oct 2010-mayo 2013).
La comprobación del delito y su sanción corresponde a las instancias judiciales y de procuración de justicia, por lo que aquí sólo las describimos como un caso de probables conductas ilícitas.
El primer aspecto que atrae la atención es que fue una acción concertada. La Secretaria de la Función Pública estatal (SFP), Rocío Stefany Olmos Loya, explicó que la operación fue simple: consistió en concentrar las decisiones de compras y adquisiciones en la Secretaría de Hacienda (SH) y específicamente en la Dirección General de Administración (DGA) y su Dirección de Adquisiciones y Servicios (Proceso, 30/abr/2017) y la creación de empresas fantasma. De acuerdo con un testigo protegido, estas empresas recibieron adjudicaciones bajo tres variantes.
Una era contratar servicios reales con sobreprecios para generar márgenes de “recursos entregables”. Otra consistía en pagar servicios o productos inexistentes. Y el tercero era hacer adjudicaciones directas y pagos adelantados sin procedimiento que después era validadas con licitaciones simuladas que ganaba la empresa que ya había cobrado (El Sur, 7/may/2017).
Se entiende que en la Dirección General de Administración desviaban los recursos asignados a la SECD, la Dirección de Adquisiciones organizaba los concursos amañados y la Dirección de Administración de la SECD realizaba los contratos fraudulentos con la autorización del Secretario de Educación.
La denuncia señala que con este mecanismo desviaron 55 millones destinados a la formación continua para docentes de nivel básico, 46 millones de cursos en materia del medio ambiente, 55 millones de talleres para padres de familia de preescolar y primaria y 90 millones para la prestación de servicios profesionales, diseño e implementación de un software.
Asimismo, la titular de la SFP señaló que también simularon obras del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICIFE); dejaron adeudos con proveedores además del tradicional cobro de cuotas de hasta 30% por obra adjudicada (Proceso, 30/abr/2017).
Preocupa que las denuncias surgieron en el contexto de la alternancia política que vive la entidad y no como resultado de la actuación de las instituciones destinadas a ello como la Auditoría Superior del Estado (ASE), la propia SFP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el caso de involucrar recursos federales. Si bien los recursos corresponden a 2016 y por tanto no habían sido aún auditados, en Chihuahua no ha habido ninguna sanción contra actos de corrupción en los últimos 30 años según reconoció el propio titular de la ASE el año pasado (El Heraldo de Chihuahua, 29/jun/2016).
De acuerdo con la SFP de Chihuahua, la corrupción de la administración huertista estuvo presente en toda la administración pública estatal, pero afectó más a las secretarías de salud, educación y
hacienda (NorteDigital, 9/feb/2017).
Este es un patrón que se repite con frecuencia en otras entidades debido a que los recursos inyectados a la educación permiten obtener montos importantes con pocas acciones y porque su pesada burocracia dificulta el establecimiento de controles internos eficaces. Casi en todas las entidades donde hay señalamientos de corrupción contra sus gobernadores, como en Sonora, Veracruz o Quintana Roo, están involucradas las instituciones educativas.
A pesar de que estos actos estén en vías de ser enjuiciados y en su caso sancionados, nada garantiza que no vuelva a ocurrir. La corrupción política, la tradicional opacidad de las burocracias financieras, la discrecionalidad y desarticulación de la educativa, la inacción de la procuración de justicia y la falta de participación ciudadana dificultan la transparencia y rendición de cuentas de los gobernantes.
Hay grandes esperanzas en que la construcción de un sistema nacional anticorrupción desincentive estas prácticas, pero no debemos conformarnos con eso. Es indispensable incrementar el monitoreo y la denuncia ciudadana así como aumentar la transparencia del ejercicio presupuestal.
Hoy, a pesar del sinfín de reportes gubernamentales ninguno proporciona información detallada que vincule el origen y destino de los recursos federales y estatales con los proyectos y acciones educativas.
Para que los operadores de la rectoría educativa puedan conducir la transformación educativa debe generar confianza y autoridad. El gran riesgo es suponer que ellos son ajenos a los conflictos de interés, a la corrupción y el despilfarro que caracterizaron a las mafias sindicales.
No podemos dejarlos solos; hay que monitorear su desempeño y honestidad. Las organizaciones ciudadanas y civiles de cada entidad federativa tienen un rol crucial para jugar. Hay mucho en juego.
*Es investigador de Mexicanos Primero.
Twitter: @fruiz_ruiz
