Alejandro Ordóñez González*.
El recorte al presupuesto educativo representó un trago amargo en la lucha por el derecho a aprender de toda niña, niño y joven en México.
En 2017 habrá menos recursos financieros para la Educación. Así lo propuso el Gobierno Federal y así lo dispuso el poder legislativo. Sin embargo, hay luz en el camino a través de la incidencia que organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden y deben conseguir.
Contrario a la propuesta presupuestal que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay por lo menos dos rubros que no fueron trasquilados (aunque siguen siendo menores que lo invertido en 2015): se rescataron 500 millones de pesos para el programa que tiene el país para atender a niños de 0 a 6 años y recursos para becas. Está por verse, pues aún no se detalla a qué programas se canalizó el escueto aumento que ronda los 2mmdp.
Lo anterior es ejemplo de dos temas relevantes. Lo primero: la decisión irresponsable por parte de nuestras autoridades que, en su gasto programado (uno de los mecanismos con el cual ejerce la política pública), reflejan cuánto (no) priorizan a las niñas y niños en la agenda del Estado. Teniendo una reforma histórica en el Artículo Tercero Constitucional -que hace exigible la calidad en la educación como derecho humano-, el recorte da cuenta del orden de las decisiones públicas: quitar recursos antes que depurar nóminas y eficientar el gasto (ni mencionar la mezquindad política que implicó autorizar un aumento al salario de los legisladores).
El segundo punto a subrayar es el que nos debe animar: el valioso esfuerzo de la ciudadanía que ocupó calles, difundió el tema en redes sociales y reunió firmas en contra del recorte. Si bien hay partidas tasajeadas (infraestructura escolar, programas para la inclusión y equidad y formación docente), en lo recuperado hay una victoria.
Personas voluntarias de distintas edades y entidades respondieron a la convocatoria de Mexicanos Primero, sumaron sus voces y ejercieron presión suficiente para sensibilizar a miles sobre la importancia de tener un gasto incluyente en educación: gastar más y mejor en quienes menos tienen y en quienes más lo necesitan, para que nadie se quede fuera.
Aquí vemos cómo la política pública, entendida como toda decisión gubernamental que marca una dirección, puede (y debe) ser corregida por los ciudadanos a través de la participación activa. En septiembre del presente año, Mexicanos Primero recibió, por parte de la fundación Compartir, un reconocimiento en la categoría de Incidencia Pública que es también una invitación a que la sociedad civil organizada concentre mayores esfuerzos en corregir el rumbo de las decisiones públicas.
Antes de terminar el año hay otra cita que nos convoca a incidir: la publicación de los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). En las últimas cinco aplicaciones, México ha ocupado los últimos lugares de dicha prueba por el bajo desempeño en Matemáticas, Lectura y Ciencias. No será novedad que nuestro avance sea de nuevo mediocre, razón por la cual será fundamental que organizaciones y ciudadanos ejerzamos presión suficiente para ser actores con voz en el proceso de toma de decisiones para corregir un sistema que le está fallando a la infancia y juventud de manera sistemática.
Para incidir en política pública no sólo se requiere fortalecer el capital político y social de las OSC y hacerse de un financiamiento que sostenga a la organización (para investigar, operar, comunicar, activar, litigar, dirigir y vincular); para incidir en 2017 se requiere creer en que es posible lograr un proyecto de transformación educativaque puede y debe ser incluyente para colocar en el tope de la agenda el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes.
*Es co-director de Participación, Mexicanos Primero.
Twitter:@alex_ordnz
