Parece que las turbulencias en la educación nacional no tienen fin. En Oaxaca la situación de violencia impulsada por la Sección 22 crece ante la pasividad (para algunos, complicidad) del gobernador Gabino Cué; las noticias sobre los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, que aplica cada tres años la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, bajan el ánimo; a pesar de ello, el presidente Peña Nieto se empeña en hacer caminar su proyecto educativo. Ayer conminó con energía a los gobernadores, muchos de ellos remisos en su aplicación y aún en el apoyo verbal, a seguir el sendero de las reformas.
La semana pasada los diarios dieron cuenta de que la S22 decidió retomar “por cualquier medio” las escuelas que padres de familia y docentes afiliados a la Sección 59 del SNTE les habían arrebatado para que hubiera clases. A pesar de la violencia ejercida por los militantes de la S22, sus dirigentes, según informa Lilian Hernández, habían acordado desde el sábado anterior: “Responsabilizar al gobierno estatal de Gabino Cué, así como a las autoridades municipales ‘de las consecuencias’ que traería la recuperación de las escuelas en las que dan clases los maestros de la Sección 59 del SNTE (Excélsior, 30 de noviembre). A juzgar por los hechos y declaraciones de llamados a la paz, el gobernador Cué aceptó dicha responsabilidad.
El gobernador Cué demostró su amistad con la S22 al pagarles a los huelguista los días que no laboraron y los bonos a los que se había comprometido. Además, ha entregado más de mil millones de pesos a organizaciones radicales que buscan destruir al Estado, entre ellas al Frente Popular Revolucionario, una de las facciones más radicales de la S22. A ésta le canalizó 57.6 millones de pesos en los últimos dos años; no obstante que el gobierno de Oaxaca considera que el FPR secuestra funcionarios y bloquea instalaciones públicas como métodos de lucha” (Reforma, 30 de noviembre).
El lunes, Gabriela Ramos, directora del gabinete de la OCDE, informó de los resultados que obtuvieron en lenguaje, matemáticas y ciencias los jóvenes mexicanos de 15 años (al finalizar la secundaria) en la prueba PISA de 2012, son más bajos que los de 2009. México apenas alcanzó un promedio de 417 puntos, muy lejos de la meta de 435 puntos que se había planteado el gobierno de Felipe Calderón en 2007.
En su breve alocución, el secretario Emilio Chuayffet no le cargó la mano nada más a los gobiernos del PAN. Aunque no lo mencionó por su nombre, achacó los problemas al acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, que descentralizó la administración del sistema a los estados, pero no dio poder a los gobernadores para enfrentar a las diferentes camarillas del SNTE.
El reconocimiento que hizo el secretario Chuayffet sentó las bases para que ayer, durante la firma de los convenios para la implementación de la reforma educativa, el presidente Peña Nieto diera un vuelta de tuerca a los gobernadores de los estados. El Presidente se puso en primer lugar al sentenciar. “La reforma educativa no sólo es una reforma transformadora, es una reforma de Estado, por lo que su correcta implementación es una responsabilidad compartida, que todas las autoridades debemos asumir con la máxima determinación… Todos protestamos guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, ello nos obliga a hacer realidad la reforma educativa en todo el país, sin excepción”.
El gobierno central llevará la batuta, pero los gobernadores tendrán que: “Observar las disposiciones normativas que emita la SEP, en materia del Servicio Profesional Docente”, así como “actualizar los mecanismos de control de asistencia de los servidores públicos del sistema educativo nacional y, en su caso, aplicar los descuentos correspondientes, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios educativos”.
A partir del 1 de enero, cuando la nómina de los maestros federalizados se recentralice en la SEP, veremos si el gobierno federal está dispuesto a enfrentar los riesgos del cambio. Si, digamos en un año, pone orden en Oaxaca y otros estados, la vuelta de tuerca no será una pieza oratoria más.
