Dos cosas se aprecian en la indignante actitud del funcionario que alevosamente humilló al niño vendedor en la zona luz de la ciudad de Villahermosa, Tabasco:
1.- Su estatus de superioridad, prepotencia y sumo poder para aplastar a los más débiles.
Y para desgracia nuestra, en la buracracia mexicana existen muchos funcionarios a imagen y semejanza de Juan Diego López Jiménez que cargamos merecidamente vía nuestros impuestos.
Subrayo merecidamente porque nadie más que nosotros, sociedad, lo permitimos.
2.- La preocupante ignorancia de servidores públicos que, con la mano izquierda sostienen leyes, pero con la derecha ejecutan la arbitrariedad.
Y es que según da cuenta el video de 36 segundos, el hombre muy seguro de su abogacía explica a sus cómplices: “…es un menor de edad”, en clara referencia a que un infante no puede ni debe vender cigarros.
Si bien es lo único razonable que logra hilar el individuo, su abuso de autoridad es sumamente reprobable e indignante.
Lo anterior es clara evidencia de que, en los cargos públicos, están los personajes gratificados por su activismo político y no por cualidades y profesionalismo.
El caso del niño vendedor humillado ciertamente despertó la furia social y la indignación generalizada, sin embargo, ¿qué hay de nuevo en el asunto?
¿Acaso ignoramos que en México miles de niños trabajan porque la desigualdad social y pobreza los margina de la plenitud de sus derechos?
¡Imposible! sociedad y gobierno lo sabemos.
Era una especie de letargo social que solo despertó tras la difusión del video.
Y vino la exigencia en redes sociales, el cese del funcionario y la beca de estudio de Gobierno del Estado.
Pero más allá del escenario mediático, las fotos y declaraciones está un desafío que supera por mucho la indignación social.
Se trata pues de los derechos básicos de nuestros niños que ojalá no naufraguen en océano de nuestra corta memoria.
