El editor: El presente Decálogo está contenido en el artículo “La evaluación en el marco de la Reforma Educativa” de la Gaceta No. 2 (julio-octubre 2015) de la Política Nacional de Evaluación Educativa en México que publica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
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Para alcanzar el gran propósito de la Reforma Constitucional en la materia y, al considerar experiencias previas en cuanto a la evaluación educativa, se identifican los siguientes retos:
1.-Consolidar la función de la evaluación como componente decisivo del Sistema Educativo Nacional (SEN), a partir de la mejora en su diseño, de la certidumbre en su aplicación y de las garantías en el uso responsable de sus resultados, de tal manera que estos elementos le confieran la legitimidad para que sea plenamente reconocida por la sociedad mexicana. En este sentido, será esencial propiciar una mayor apertura y disposición por parte de los docentes y demás agentes educativos para ser partícipes de los procesos de evaluación, como instrumento de mejoramiento sistemático.
2.-Centrar el proceso en la escuela, con el alumno como eje de la enseñanza-aprendizaje, mediante un seguimiento sistemático del ambiente en el aula y el clima escolar de convivencia como factores que inciden en la educación. Para ello, se requiere brindar información clara, suficiente y oportuna a los agentes educativos —maestros, directivos, alumnos y padres de familia— con el fin de generar plena confianza en que los resultados tendrán un impacto real y positivo en el entorno escolar.
3.-Promover el desarrollo de capacidades tanto de los directivos como del colectivo docente, para aplicar las evaluaciones de sus alumnos y utilizar los resultados de las evaluaciones externas en favor del aprendizaje propio.
4.-Ofrecer programas de formación, capacitación y especialización a quienes implementen y sean responsables de las evaluaciones.
5.-Fortalecer el federalismo cooperativo; es decir, la relación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que la tarea educativa es una responsabilidad compartida. Esta cooperación se orienta a contribuir a la equidad, al garantizar que los alumnos, las familias, los docentes y directivos escolares en toda la República Mexicana cuenten con las mismas oportunidades.
6.-Diseñar, desarrollar y aplicar evaluaciones para la educación obligatoria tomando en cuenta las particularidades en las que se lleva a cabo la tarea educativa en las distintas regiones del país, e incorporando elementos que consideren la diversidad étnica, lingüística y cultural de la población, que identifiquen y regulen componentes que pudieran causar un sesgo cultural, sobre todo en alumnos migrantes, con discapacidad y en situación de pobreza, entre otros.
7.-Diseñar e integrar un sistema de indicadores que brinde información oportuna, suficiente y confiable sobre las condiciones de cobertura, calidad y equidad del SEN.
8.-Elaborar un diagnóstico de todos los programas de evaluación vigentes para determinar coincidencias y sinergias, así como para corregir duplicidad de funciones, carencias, y potenciar fortalezas para generar propuestas concretas de mejora.
9.-Pasar del terreno de las decisiones de evaluación a las decisiones de política educativa; es decir, garantizar que la evaluación que se aplique, efectivamente conduzca a generar mejoras educativas, además de construir mecanismos de rendición de cuentas eficientes, confiables y comprensibles para toda la sociedad.
10.-Construir una agenda común que identifique las convergencias y diferencias entre la agenda gubernamental —lo cual está compuesta por los temas señalados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Educación (PSE), así como el marco legal vigente— y la agenda social.
Para la atención de estos desafíos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), la Secretaría de Educación Pública trabaja de manera coordinada con el INEE y las autoridades educativas estatales para identificar los proyectos y acciones en materia de evaluación que deberán llevarse a cabo, conforme a una Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE).
En este sentido, la PNEE impulsa la evaluación de componentes, procesos y resultados, no como forma de control y fiscalización, sino como el más importante instrumento generador de información y conocimiento para la mejora de la calidad educativa.
