En el debate legislativo, una vez que se ha concretado prácticamente por unanimidad lo relacionado a la Guardia Nacional, todo parece indicar que habrá de darse la discusión en torno a la modificación constitucional en materia educativa, la cual, a decir de la propuesta del Poder Ejecutivo, se trata de una apuesta diametralmente diferente de la que se implementó en el sexenio pasado.
Si algo queda claro, es que una parte mayoritaria del magisterio planteó por muy diversos medios, la cancelación de una reforma que atentó no solo contra sus derechos laborales, sino contra su propia dignidad personal, familiar y profesional, provocando, entre otras cosas, la jubilación de cerca de 150,000 docentes por prácticas intimidatorias de la evaluación punitiva.
Frente a las propuestas antagónicas que se vislumbran en el debate de las ideas, resulta fundamental entender que se debe de apostar por una reforma que, al igual que la anterior, pueda surgir con el mayor consenso posible, pero sin perder la esencia de lo que fue el compromiso de campaña del presidente López Obrador.
De las muchas rutas que se avizoran, es preciso apostar por aquella que permita al magisterio encontrar un camino para que pueda capacitarse, sin tener que invertir el salario de su familia, ni el temor de perder su trabajo por una evaluación diagnóstica.
Por otra parte, es preciso que más allá del discurso de años, se pueda apostar por el fortalecimiento de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes que a la vez termine con los cientos o tal vez miles de escuelas “patito” formadas al vapor, a la luz del negocio que dejó la anterior reforma.
Algo que no podrá faltar, deberá de ser un mecanismo adecuado, transparente y eficaz, para la selección, promoción y reconocimiento del magisterio, en donde se aleje cualquier duda de la veracidad de quienes ocupen las plazas.
Finalmente, y no menos importante, habrá que apostar por una reforma en la que el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes se encuentren en el centro, sin afectar los derechos del magisterio.
Para lograrlo, se deberá de llevar a cabo un debate intenso y necesario que refleje la altura de miras y la madurez de los grupos parlamentarios, a la cual le apostará la sociedad mexicana si, al igual como se hizo en la anterior reforma, existe el interés superior de la Nación para superar los desafíos que se presenten.
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