A partir del pasado mes de abril, el gobierno federal echó a andar el programa denominado Estrategia en el aula: prevención de adicciones, en el cual considera temas referentes a las drogas a partir de su clasificación; fentanilo, metanfetaminas, vapeadores, cannabis, tabaco, alcohol y benzodiacepinas, están incluidos en el temario. Este esfuerzo gubernamental para prevenir el consumo de drogas mediante actividades dentro del aula enfocadas en informar sobre los distintos tipos de sustancias adictivas y los efectos adversos que provocan en el organismo, es de observancia obligatoria para todos los estudiantes de secundaria y media superior de los diferentes subsistemas de la Secretaría de Educación Pública. A primera vista, la idea parece buena y refleja el compromiso del gobierno federal para enfrentar las adicciones que laceran a la juventud del país; sin embargo, estas medidas de forma aislada, de ninguna manera son suficientes.
Concientizar a la juventud acerca de los tipos de drogas y lo dañino de su consumo, sólo debe ser el primer paso, pues debe estar acompañado por medidas con mayor grado de compromiso e impacto social en todos los niveles de gobierno. Es por esto que resulta sorprendente (tal como lo calificaron en su momento algunos medios periodísticos a nivel nacional) la iniciativa de ley del diputado de extracción morenista Manuel Alejandro Robles Gómez que propone prohibir la venta de bebidas alcohólicas en un radio no menor a dos kilómetros de cualquier centro educativo, desde el nivel preescolar hasta el universitario.
Esta nueva Ley General de Centros Educativos Libres de Bebidas Alcohólicas se sustenta en innumerables argumentos soportados por cifras estadísticas alarmantes proporcionadas por los Centros de Ayuda al Alcohólico, instituciones de psiquiatría del Sector Salud, así como la Comisión Nacional contra las Adicciones; instancias que revelan altos índices de consumo en jóvenes cuyas edades van de los 12 a los 24 años de edad. Otro argumento de apoyo a la nueva ley, refiere que el alcohol es la puerta de entrada a las drogas de mayor impacto como la marihuana, o peor aún, al consumo de sustancias procesadas como la cocaína y el fentanilo, que provocan problemas graves de salud e incluso la muerte.
Es por todos sabido que la etapa de la adolescencia es un periodo donde el joven es muy influenciable por modas impuestas desde los medios de comunicación, industria musical y cinematográfica, además del precario contexto económico en el que se encuentra gran parte de nuestra juventud nacional. De ahí, que la ley propuesta (que aún se encuentra en el limbo esperando el análisis y discusión en Comisiones del Legislativo Federal), no debe encontrar mayores obstáculos para su aprobación, puesto que la mayoría de legisladores en las cámaras se decantan a favor del partido en el poder y uno de sus miembros fue quien presentó la iniciativa; aunado a que la abrumadora mayoría de entidades federativas son gobernadas por Morena y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador (líder máximo de esta facción política), respecto al tema de las drogas, ha sido que “más allá de diferencias políticas e ideologías, está la vida de muchos miles de seres humanos… sobre todo jóvenes”. Es así que, no debería haber ninguna objeción o recurso legaloide que obstruya o retarde la aprobación de una propuesta que a todas luces antepone el interés superior de nuestra juventud.
Es importante recalcar que todo proyecto debe ser consistente y realizable, por ello, esta ley es susceptible de tener ajustes a través de categorías u otras medidas considerando el tamaño de la ciudad y/o densidad poblacional de la localidad en que se haga valer la norma, pues es una realidad que en nuestro país las cantinas proliferan a tal grado que aplicarlo puntualmente como se indica en la propuesta de ley (que estipula dos kilómetros de radio) se formarían circunferencias lobuladas que no dejarían área alguna para instalar (legalmente, por supuesto) este tipo de negocios y ello no es el objetivo de esta medida.
Cabe destacar que el diputado Manuel Alejandro Robles, es integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios de la actual Legislatura, y también ha participado en la Comisión de Educación, experiencia que sin duda le otorga una visión holística de las partes que involucran este tema, a la par de suponerse que también ha visitado las ciudades fronterizas de entrada al país, sobre todo aquellas que vivieron a inicios de este gobierno, las enormes avalanchas de migrantes de origen afro-descendientes primero y posteriormente de venezolanos, cubanos y centroamericanos, convirtiendo a la otrora “Perla del Soconusco” en el principal cuello de botella en su recorrido hacia el norte, incluso llegando a ser moteada por los propios migrantes como: Tapachula “la cárcel más grande del mundo”; ciudad sureña del estado de Chiapas que también ha dado la nota a nivel nacional por casos de intoxicación de alumnos de secundarias y preparatorias, sin darse a conocer con precisión qué fue lo que ocasionó este percance, pues “unos pastelitos”, como se dijo en una preparatoria del estado, no es respuesta válida para jóvenes afectados, padres de familia y población en general.
Como ya se mencionó, por sus cargos en comisiones legislativas, suponemos alguna visita del legislador Robles Gómez a esta ciudad fronteriza, donde no pasa desapercibida la ubicación del conjunto de centros educativos que se encuentran en la principal carretera de entrada-salida al Aeropuerto Internacional de la ciudad, destacándose en esta ruta: siete Facultades del Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), un Instituto Tecnológico Regional, dos Universidades Particulares y tres escuelas primarias. Conjunto de planteles que están dentro de un radio aproximado a los 200 metros de la Plaza Kafetos y Plaza las Torres donde hay bebederos con rótulos de Nigh-Clubs, Karaoques, Botaneros y circunscritos a pocos metros, hay instaladas más y más cervecerías hasta con nombres patrióticos. Hechos de sangre por supuesto ha habido, y las licencias de funcionamiento siguen vigentes, aun cuando no se debieron otorgar en primer lugar, pues trasgrede la actual Ley Federal y Municipal, que establece como mínimo 400 metros alejadas de cualquier institución educativa.
Aun con todo lo dicho, no se trata de ser inflexibles y no poder adecuar las medidas aduciendo frases como “la ley es la ley”, ya vimos como el presidente Andrés Manuel, antepone los derechos ciudadanos (y los empresarios también los son) a las medidas legales que lesionan los avances de su gobierno; pero como seguramente el lector ya intuyó, esté municipio también lo gobierna la Cuarta Transformación, por lo que es importante tomar medidas y cumplir con los horarios de funcionamiento de negocios que contraponen las buenas intenciones de los programas de la Secretaría de Educación Pública, pues es lamentable ver a estudiantes que se trasladan a su plantel de estudios a las siete de la mañana, caminar con miedo sobre aceras repletas de antros, de donde salen trasnochadores (hombres y mujeres) con aspecto patibulario, producto de la juerga de varias horas.
No se puede permitir que Chiapas sea otro ejemplo más del fenómeno que denominaremos “excepcionalismo moreno”, ya que es ampliamente sabido que en entidades y municipios donde gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional, no se ven cambios en los representantes de la clase política, cuyas filiaciones a los pasados gobiernos neoliberales eran de “hueso verde o colorado”, y que hoy mimetizados con la casaca de Morena, gobiernan blindados y defendidos férreamente por la misma Presidencia de la República ante cualquier señalamiento ciudadano por el simple hecho de que sus entidades y municipios ya fueron palomeados con color rojo ocre (o rojo moreno si usted quiere)… excepcionalismo al fin y al cabo.
Como se dijo, sin acciones contundentes que tengan anclajes jurídicos que guíen la normatividad institucional y social, será muy difícil solucionar un problema tan arraigado como la dependencia de nuestra juventud a las diversas sustancias legales e ilegales que inundan las calles y comercios de México. Nada podrá hacer ninguna estrategia impulsada desde la SEP, ni los millones de pesos en ayudas y becas otorgados a lo largo del presente sexenio, si gran parte de ese monto tendrá como destino engrosar los bolsillos de los cantineros “emprendedores” y demás distribuidores de vicio; incluso estas acciones a favor de la prosperidad, corren el riesgo de quedarse en un burdo placebo (muy al estilo del régimen neoliberal) para simular que se atiende el cáncer del alcoholismo y la drogadicción, panorama que obviamente, dista mucho de la “política del bienestar” por la que votaron muchos mexicanos.
