El jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, dijo en abril del año pasado que la pandemia le vino “como anillo al dedo” a su gobierno, pues ello permitiría la transformación que la nación requiere: acabar con la corrupción y garantizar la justicia. En el sector educativo, la corrupción se expresa a través de venta de plazas y en la discrecionalidad en la asignación de las mismas, lo que requeriría una orientación a través de prácticas honestas, confiables y transparentes (PSE, 2020-2024). Para lograr la justicia se pretende priorizar a los históricamente desfavorecidos a través de garantizar el derecho a la educación de calidad con inclusión y equidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (Agenda 2030, objetivo de desarrollo sostenible 4). Sin embargo, parece que la pandemia cayó como anillo al dedo para visibilizar, que la corrupción no se combate y que la justicia parece inalcanzable, pues la lucha por lograrlo no camina sobre piso firme.
Para contribuir a mejorar la calidad y la equidad en aras de alcanzar la justicia en beneficio de todos, se necesita de la evaluación educativa, ya que permite recuperar los logros y las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Las pruebas nacionales nos permiten captar información confiable del logro educativo de los educandos y en esa medida, desarrollar estrategias para acotar las brechas de las desigualdades educativas. Empero, la presente administración de gobierno, desde el momento que toma posesión en el poder -2018-, no recupera la política de la evaluación de los aprendizajes. No fueron acciones prioritarias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), quien gozaba de autonomía técnica -aunque sujeto a mecanismos de control por parte de la SEP-, participaba entre otras cuestiones, en la realización de las pruebas a nivel escala como PISA, además de las pruebas de estudios regionales como la del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), así como en las pruebas nacionales de ENLACE y PLANEA; desapareció (proyecto de reforma educativa) en la presente administración de gobierno para ser sustituido por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Cabe referir que la tarea correspondiente a la evaluación de los aprendizajes ha quedado paralizada con la presente Comisión y con ello la posibilidad de reducir la desigualdad educativa y mejorar la calidad educativa, incluso, en tiempos de pandemia, no hay datos de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos; tarea primordial y urgente, para diseñar las estrategias para garantizar el derecho a la educación de calidad y equidad.
En cuanto a la revalorización magisterial, el gobierno en turno, derogó la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La evaluación de la docencia era el corazón de la reforma educativa, cuyo propósito era captar a los mejores docentes a través del mérito y a su vez culminar con el control de las plazas docentes que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Lo anterior, se miró por parte de la disidencia magisterial- CNTE- como un instrumento de control punitivo, que dañaba la dignidad de la comunidad magisterial y de manera paralela fue asumido así por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal situación llevó a la cancelación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y dio origen a la La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), con la finalidad de transitar a una modificación en los mecanismos de la evaluación de la carrera docente.
En el caso de los procesos de selección para el ingreso al servicio educativo, concurrirán para los aspirantes en igualdad de condiciones y de forma equitativa, según la LGSCMM; sin embargo, en la misma ley se estipula que los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo. Los mecanismos para el ingreso que se llevan a cabo en el sistema educativo acotan las oportunidades de acceso al servicio educativo y pronuncian las desigualdades entre los aspirantes.
Obtener resultados favorables, no es garantía de obtener la plaza docente. La asignación de plazas no es por mérito, es porque el diseño de las políticas de ingreso a la docencia permite el acceso a cierto sector y la exclusión a otro. Mientras las condiciones de ingreso no se modifiquen, prevalecerá la injusticia y la inequidad en la asignación de plazas y no la revalorización docente.
Los mecanismos de ingreso al servicio educativo no sólo son inequitativos son poco transparentes. El número de plazas registradas en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (SATAP) y que se ofertan en las convocatorias de las diferentes entidades ha disminuido de manera notable a través de los años. Por ejemplo, en el caso particular del estado de México, las plazas docentes ofertadas, muestra un declive constante del año 2015 al 2021- con fecha de actualización de datos al 5 de febrero del año en curso- de manera notable-véase grafica 1-.
¿Por qué se pone en tela de juicio el número de plazas docentes que se ofertan en la presente administración? Primero, de acuerdo con los datos del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo, hubo un aumento significativo del número de jubilados a partir del 2015 – incluso en entidades con el mayor número de docentes, fue más notable, como el estado de México- aunque con un proceso de estabilización a partir de la cancelación de las evaluaciones, la falta de docentes es un hecho según las proyecciones de los datos de la SEP. Segundo, las plazas registradas en el SATAP no son congruentes con el número de plazas asignadas por las entidades, se han asignado, en el caso del estado de México 3453 hasta el momento, cifra superior a la que la entidad ofertó de manera inicial en la convocatoria (380). Tercero, en plena pandemia en negociaciones de la CNTE y el SNTE con el gobierno, se otorgan basificaciones, asignaciones y reinstalaciones a docentes; es decir, no se reportaron las vacantes reales, pues los espacios al parecer existían. Cuarto, lamentablemente debido a la pandemia hay una cantidad considerable de muertos en México, sin embargo, no hay datos hasta el momento de ello, se sabe que hay espacios docentes disponibles por estos hechos, pero no hay claridad ni transparencia en cómo se van a cubrir.
En suma, parece ser que las acciones en curso encaminadas por la administración en turno no combaten de forma clara la corrupción ni son el mejor camino para la justicia. Mientras tanto la revalorización docente y una educación de calidad con equidad, siguen en espera. Y sí, la pandemia cayó como anillo al dedo, pues permite visibilizar las políticas poco trasparentes y justas pueden ser más voraces y perversas en los momentos de crisis, cuando se necesitaba mayor sensibilidad. Esta es la capacidad de reacción de gobierno ante la pandemia.
