¿Qué es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)? Es un órgano constitucional autónomo, responsable de evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema educativo del país. Junto con instituciones como el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional Electoral, el INEE forma parte de la peculiar arquitectura institucional de la democracia mexicana, en la cual los contrapesos al interior del Estado ya no se limitan a los clásicos tres poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Estas otras instancias autónomas son fruto de la exigencia ciudadana; su matriz fue el clamor de que no se deje al Ejecutivo y su gabinete las facultades de usar algunos instrumentos críticos del gobierno para fines contrarios al bien público: manos fuera del tipo de cambio, de la investigación de violaciones a derechos humanos, de la verificación de las votaciones, de la evaluación educativa.
Estamos por entrar a una encrucijada en la vida política y social, con el cambio de administración federal en 2018. Justamente estas instituciones nacieron con el mandato de no depender del cambio de administración para realizar sus tareas sustantivas. Sus dirigentes no son nombrados como colaboradores del Presidente en turno, y sus periodos de servicio no coinciden con el calendario electoral.
Así, la evaluación educativa, en la Ley que le dio nacimiento al “nuevo INEE” (su predecesor, del mismo nombre, surgió al inicio del mandato de Fox y apenas tenía autonomía técnica, pero no presupuestaria ni para su gobierno interno), pasó a convertirse en un bien público con una estructura jurídica que la resguarda de los vaivenes electorales y de las ocurrencias del gabinete, en el diseño. ¿Y en la práctica? Ya entendimos la autonomía con respecto de quién. Ahora debemos preguntarnos: ¿autonomía para qué?
La autonomía del INEE, en la visión de su propia Junta de Gobierno, conformada por cinco consejeros, tiene un doble cometido: fungir como contrapeso de las autoridades educativas y servir a la sociedad a través de su juicio independiente y crítico. Está en camino. En estos cuatro años de autonomía, el INEE ha tenido aciertos innegables: establecer un único sistema de evaluación nacional del logro de aprendizaje, PLANEA; superando la bipolaridad extraña en la que la SEP tenía ENLACE y el viejo INEE la evaluación denominada Excale; dar una especial atención a la dimensión de equidad para juzgar componentes y resultados, poniendo en luz la particularidad marginada de los hijos de jornaleros migrantes, de las comunidades indígenas y de los arreglos multigrado; establecer compromiso de mejora, basado en la evidencia de las evaluaciones, con los estados de la Federación, y darle acompañamiento.
Pero también ha habido inercias, atorones y atropellos: aceptar la suspensión de evaluaciones docentes por “la situación electoral”, dar por buenas las explicaciones de la SEP para recortar las evaluaciones de logro de aprendizajes porque “no alcanza el presupuesto” –PLANEA ya no es censal, PISA ya no tiene representatividad estatal; no ser exigentes ante situaciones que distorsionan la evaluación de los docentes: cambios no anticipados de sede para la evaluación; no coincidencia entre el número de las plazas de las convocatorias y las plazas entregadas; falta de la tutoría que marca la ley para los maestros de nuevo ingreso, antes de la evaluación que les habilita para el nombramiento definitivo; opacidad de los mecanismos para definir a quién se notificaba y programaba para la evaluación de desempeño.
El reto más profundo que tiene un INEE de plena autonomía es hacer efectiva la visión que lo creó: realmente funge como contrapeso cuando su decisión es oportuna, contundente y pública, para contener a la autoridad y hacer valer el poder que la ley le confiere al Instituto para declarar la nulidad de procesos y resultados de evaluación en los cuales la autoridad haya intervenido, por omisión o comisión, inadecuadamente. Podrá servir más a la sociedad cuando su juicio crítico e independiente salga de publicaciones especializadas y los comunicados crípticos y se convierta en ruedas de prensa, declaraciones explícitas y oportunas, ofreciendo las razones de su actuación. Cuando se gane la confianza de las organizaciones, los académicos y las familias, porque pasaron de “analizar la oferta educativa” y se convirtieron en una instancia elocuente para cualificar la demanda. Cuando le sepan decir a cada maestro y a cada familia qué quiere decir calidad, qué es aprendizaje, y en qué consiste el derecho de los niños, niñas y jóvenes del país que el Estado debe garantizar.
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