En la última semana hemos visto mayor conversación pública sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), más que en los últimos cinco años desde su creación como organismo autónomo. Esto por el anuncio del Presidente electo de su “desaparición” inminente. Han salido artículos periodísticos, campañas de firmas y mucha actividad en redes sociales tanto a favor como en contra no sólo de su autonomía, sino de su existencia.
Llámese INEE o no, México necesita un instituto autónomo dedicado a que los gobiernos en turno (federal, estatales y municipales) tomen decisiones e implementen estrategias que garanticen el derecho a aprender de cada niña, niño y joven (NNJ). ¿Qué implica esto? Mínimo, que este organismo tenga una visión de equidad e inclusión, así como capacidad técnica para impulsar y evaluarla; que sea imparcial y tenga atribuciones para exigir respuesta de las autoridades; que trabaje con y fortalezca a los agentes de cambio en las oficinas burocráticas así como en las comunidades escolares y que sea transparente y rinda cuentas a la sociedad.
México necesita un instituto autónomo responsable no sólo de desarrollar evidencia confiable para la toma de decisiones sobre la política educativa en el país, sino también de asegurar su uso adecuado por parte de las autoridades encargadas de implementar dicha política. Ninguna autoridad debe ser juez y parte; no debe diseñar, implementar y evaluar sus propios esfuerzos. Ya tenemos suficiente experiencia con gobiernos que dicen “todo va de maravilla”, cuando la realidad a nuestro alrededor es muy distinta.
La transformación de la educación en México es un proyecto en camino desde hace años y tiene pendientes apremiantes. Un instituto autónomo dedicado a progresar en el ejercicio del derecho a aprender, debe:
• Exigir acciones para fortalecer la formación docente inicial.
• Evaluar los mecanismos de selección y promoción para garantizar una docencia y un liderazgo efectivo en cada escuela.
• Impulsar una estrategia de aprendizaje profesional docente que incluya un diagnóstico adecuado.
• Evaluar la oferta de formación continua para recuperar y ampliar las estrategias más efectivas.
• Liderar acciones para mejorar la atención a NNJ indígenas y de migrantes.
• Estudiar y crecer los espacios de participación docente y social.
• Consolidar el plan nacional de evaluación de aprendizaje, con una visión de inclusión y promoviendo su uso formativo en las comunidades escolares.
El punto no es, ni debe ser, una defensa de una institución, y menos sin crítica, sino asegurar que exista una instancia con el compromiso y las capacidades para una defensa y promoción efectiva del derecho de todas y todos a estar, aprender y participar en la escuela. Más que simplemente desaparecer al INEE, ¿qué haremos para construir el instituto que necesitamos?
Artículo publicado en El Heraldo de México.
