El inicio de año y el inicio de sexenio han sido imperdibles: estamos en arranques intensos, de grandes y significativos debates, que hacen que la vida pública no se estanque ni dé cabida a la rutina. Y aquí viene uno de los debates que mayor atención amerita: debe impedirse que se pierda responsabilidad, visibilidad, profesionalidad, atribuciones legales y presupuestos destinados al inicio del desarrollo de niñas y niños en México.
Ya llevamos un rato, en los colectivos de organizaciones de sociedad civil, en diálogos con los legisladores y con los funcionarios del nuevo gobierno federal. Nos dicen que están muy conscientes de los números, de cómo la investigación en todo el mundo muestra la importancia de programas específicos y de inversiones sólidas para la etapa de 0 a 5 años de edad. Que queda claro que es la estrategia puntera en términos de no discriminación, inclusión y equidad.
Donde ya no coincidimos tanto es en que una inversión masiva, no focalizada y no piloteada previamente en becas de estudiantes y aprendices jóvenes puede tener efectos muy magros, puede inducir a la dependencia en lugar del empoderamiento, tiene preocupantes tintes clientelistas si no se vigila con independencia y oficio la distribución de recursos, y, sobre todo, si no hay preparación de adultos acompañantes de esos jóvenes. El saldo puede ser desánimo y decepción en los jóvenes mismos, y un manejo de difícil transparencia y de limitada rendición de cuentas.
Pero nos han dicho que seguro podremos trabajar juntos; aunque nadie se ha asumido públicamente como titular de las obligaciones en esta etapa en el sector oficial en México, es claro que la estrategia que ha funcionado en Colombia y Chile fue constituir una oficina que depende directamente de la Presidencia de la República, la cual coordina y verifica los trabajos de una única política nacional de Primera Infancia, y no sólo el atado de los montones de programas que distintas secretarías e instancias tienen.
En nuestro país mantienen servicios de educación y desarrollo para primera infancia las 32 entidades, la Marina y el Ejército, el DIF y la ahora Secretaría de Bienestar, las secretarías de Salud y de Educación Pública. Para nadie es misterio que toda oficina pública en México aspira o aspiró a poner su propia estancia, guardería o centro de desarrollo infantil, y que partidos y sindicatos, movimientos comunitarios e iniciativas territoriales establecieron –por convicción de identidad, por apremiante necesidad de las familias o incluso, inescrupulosamente, para capturar dinero o clientelas– un archipiélago abigarrado y por momentos caótico de espacios de atención. Van desde precarios cuneros, una mantita en el suelo, unos juguetes ajados para que las madres “se hagan el paro” unas a otras en lo que cocinan, trabajan fuera de casa o atienden a otros miembros de su familia, hasta centros con pavimentos suaves, comida vigilada por dietista, alberca de pelotas, juegos de construcción, cartillas de desarrollo neurológico bien seguidas y oportunamente llenadas.
Urge una sola política nacional, con un marco legal común y claro, con criterios de eficacia, seguridad y atención adecuada para los distintos tipos de servicios, sin buscar artificialmente homogenizarlos, y menos aún criminalizando a las iniciativas comunitarias que han surgido por la culpable omisión y ausencia del Estado. Urge que, si se hace efectiva la modificación de la Ley de la Administración Pública Federal aprobada ya por este nuevo Congreso, la SEP de Esteban Moctezuma se prepare para coordinar a las demás secretarías.
Pero si ya el panorama requiere de una energía y un entusiasmo sobresalientes, de echar mano de toda la creatividad y toda la buena voluntad para forjar alianzas y subir a todo México en la tarea de atender a los más pequeños, dos feas manchas opacan el panorama. Una iniciativa y un recorte penden como guadaña para cortar los muy incipientes trabajos que en la nación se hacen para esta etapa absolutamente clave de la vida. Preocupa la iniciativa de reforma educativa que López Obrador envió en diciembre de 2018 a la Cámara de Diputados y que debe discutirse en el periodo legislativo que arranca en febrero de este nuevo año. Ahí, sin miramientos -no sabemos si fue sólo sin cuidado, o fue sin consideración- se propone al Legislativo que se borre la referencia a la obligación del Estado de ofrecer educación inicial. ¿En serio? ¿Quieren hacer obligatoria la oferta de educación universitaria, pero dejar como optativa –o peor, dependiendo del poder de compra de los padres- la educación inicial?
La pifia textual ya no lo parece tanto cuando en el presupuesto aprobado para las inversiones federales de 2019 le dieron 200 millones de pesos más al programa que ha estado en la mira por manejos turbios ligados al Partido del Trabajo (clave U031, “fortalecimiento a la educación temprana”), pero le quitan 2,028 millones a Estancias Infantiles (clave S174). Niñas y niños en su primera infancia requieren estar al centro del debate. El inicio de sus vidas es imperdible, y funcionarios y planificadores no pueden justificar no ponerlos al inicio de todo.
