¿Cómo garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ) en México lleguen a la escuela? Todas, cada una, cada uno, sin importar su condición, contexto, necesidades, historia. Y más allá de esto, ¿cómo asegurar que no sólo llegan, sino que también lo hacen listos para aprender y participar con otros en la escuela? Éstas son preguntas centrales para la inclusión educativa, y por sencillas que parezcan, representan uno de los retos más importantes para el sistema educativo, un sistema todavía excluyente, tanto a nivel nacional como en los estados.
Ir hacia la inclusión requiere, por un lado, de políticas, programas y estrategias equitativas, integrales y pertinentes orientadas a promover el desarrollo integral de la primera infancia –salud y nutrición, educación y cuidados, protección y desarrollo social-. Por otro lado, y como mínimo para NNJ ya en edad escolar, implica quitar barreras socioeconómicas para la asistencia escolar y para reincorporar a los que han sido expulsados del sistema.
Así, la atención a la primera infancia y apoyos económicos a NNJ marginadas son estrategias fundamentales –aunque todavía insuficientes– para promover la inclusión.
Y no son sólo buenos deseos, pues ya se elevaron a rango constitucional. La reforma al artículo 3º reconoce la educación inicial –para niñas y niños de 0 a 3 años– como derecho de la niñez y establece la obligación del Ejecutivo federal de presentar una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), al mismo tiempo que agrega la equidad como criterio de la educación, “para lo cual el Estado implementará medidas que…combatan las desigualdades socio-económicas… en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos”.
Sin embargo, no vemos reflejados estas nuevas prioridades –derechos de las NNJ y obligaciones del Estado– en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020. Justo cuando se tiene que invertir más (y mejor) en el desarrollo en los primeros años de vida, se propone un recorte de 5.7%, y no se plantea destinar ni un peso para asegurar la coordinación e implementación de la ENAPI. Sin recursos, difícilmente se concretará el proyecto.
Tampoco vemos reflejada la priorización de los apoyos económicos para NNJ en situación de marginación. Con todo y cambio de nombres, las becas destinadas para NNJ de educación básica se reducirían en un 20%; 6,300 millones de pesos menos para NNJ de bajos recursos, educación indígena, educación comunitaria, con discapacidad.
Tenemos un reto mayor por delante: transformar nuestro sistema educativo en uno incluyente, en el cual todas y todos puedan encontrar las oportunidades de desarrollo que quieren y necesitan para ser la mejor versión de sí mismos. Pero si no invertimos adecuadamente para que cada NNJ llegue listo para aprovechar ese sistema incluyente, fallaremos desde el inicio.
Esperamos que las diputadas y diputados recuerden esto durante las discusiones que vienen y cuando tomen la decisión de cómo invertiremos en 2020.
