Absurdo -por decir lo menos- señalar que la evaluación del desempeño docente es un derecho.
Tal concepto que se quiere acuñar en torno a ella no armoniza con la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).
Dicha ley enfatiza con rudeza que la evaluación a los maestros es una obligación cuya consecuencia de negarse a ella es el despido sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa u organismo descentralizado.
Lo anterior podría explicar las cifras alegres que presume la SEP respecto a la amplia participación de maestros en la primera aplicación de la evaluación de desempeño docente.
Tal participación que presume la SEP se debe a que el magisterio no concibe a la evaluación como un derecho, sino como una peligrosa amenaza a su fuente de trabajo; que es el sostén de sus familias.
Porque cabe preguntarse: ¿cómo es ese derecho que por no ejercerse tiene como consecuencia la pérdida de otro derecho tan básico como el empleo?, ¿tiene lógica que un individuo atropelle sus propios derechos? ¿es entonces la evaluación del desempeño docente un derecho?
¡De ninguna manera!
Bastante obvia entonces la estrategia para permear el rechazo magisterial a la evaluación docente, sin embargo; vale la pena señalar la deshonestidad arbitraria del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de los Consejeros del INEE y de alguno que otro ferviente defensor de la evaluación docente como derecho.
El COMENTARIO APARTE.- Vaya problema en Tabasco de cara al déficit de maestros ante las más de 600 jubilaciones de docentes que se viene como avalancha.
Y como la LGSPD no permite la contratación de personal ‘no idóneo’; habrá una tercera convocatoria para plazas docentes en la entidad.
