La pandemia de COVID-19 desnudó de forma brutal las carencias estructurales de nuestro sistema educativo y nos empujó a una digitalización forzada y acrítica. Ante la emergencia del confinamiento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció a los maestros herramientas corporativas como Google Classroom. Las y los docentes, impulsados por el inquebrantable compromiso ético de mantener vivo el vínculo pedagógico, invertimos incontables horas en aprender a manejar esta plataforma. Sin embargo, en el escenario pospandémico actual, nos enfrentamos a una realidad amarga y profundamente desigual: mientras la educación privada ha consolidado estas plataformas corporativas como su infraestructura básica y cotidiana, en la escuela pública hay maestros que, pagando de su propio bolsillo, continúan asumiendo los costos para no perder el terreno tecnológico ganado.
Esta dinámica revela una de las mayores contradicciones de nuestra política educativa contemporánea. Hemos caído en la trampa del solucionismo tecnológico, asumiendo que la mera adopción de herramientas digitales equivale a innovación educativa. Como advierte el investigador Mauro Jarquín, millones de estudiantes mexicanos viven cotidianamente al interior de la ecología de Google, transitando ciegamente del buscador a Gemini, de Classroom a Drive y Meet. Esto constituye un ecosistema educativo ajeno, una megamáquina del capitalismo digital que condiciona la organización escolar y dificulta enormemente la construcción de un proyecto educativo nacional que sea verdaderamente soberano.
Para desentrañar esta problemática, es imperativo hacer una distinción conceptual crítica entre lo que significa una pedagogía lúdica y una pedagogía ludita. La pedagogía lúdica es una metodología basada en el juego, la creatividad y la interacción para construir aprendizajes significativos; una perspectiva plenamente contemplada y promovida dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Por el contrario, la pedagogía ludita representa una postura académica y política crítica que cuestiona frontalmente la mercantilización educativa, la extracción masiva de datos y el control corporativo impuesto por las grandes empresas tecnológicas (Big Tech y EdTech).
Adoptar una pedagogía ludita no significa satanizar la tecnología ni abogar por la destrucción de las computadoras. Significa problematizar quién diseña las plataformas, quién es el dueño de los datos de nuestras comunidades escolares y qué intereses comerciales dictan el ritmo de las aplicaciones que utilizamos en el aula. En la actualidad, las corporaciones buscan fidelizar a los consumidores desde etapas formativas cada vez más tempranas, fomentando la externalización cómoda de funciones cognitivas. Estas plataformas no son herramientas neutrales de apoyo; se han convertido en la nueva infraestructura mediante la cual se produce y distribuye el conocimiento, capturando el valor generado colectivamente por docentes y alumnos para beneficio privado.
Este análisis crítico cobra una urgencia ineludible frente al actual debate nacional, convocado por la presidenta y la SEP, respecto a la prohibición y regulación de celulares, redes sociales e inteligencia artificial en la educación básica. Argumentando preocupaciones legítimas sobre la salud mental, el rendimiento académico y la convivencia, 16 estados del país ya han implementado restricciones al uso de dispositivos móviles en los planteles. La evidencia internacional, como el informe PISA 2022, respalda que el uso frecuente de celulares sin un propósito educativo claro disminuye el rendimiento y multiplica la distracción.
No obstante, desde la pedagogía ludita advertimos que prohibir el dispositivo físico sin cuestionar la infraestructura corporativa subyacente es un enfoque reduccionista. Ataca el síntoma, pero ignora la enfermedad. La discusión no debe limitarse a permitir o prohibir un aparato, sino a cuestionar el modelo de dependencia. Además, nos enfrentamos a una brutal realidad material que los discursos modernizadores suelen omitir: en México, más de 127 mil escuelas públicas no tienen computadoras para uso pedagógico y más de 168 mil no disponen de acceso a internet. Si simplemente erradicamos el celular de las aulas sin que el Estado provea una infraestructura tecnológica pública y robusta, nuestro único logro será seguir abriendo la brecha digital, marginando aún más a quienes solo pueden asomarse al mundo digital a través de la pequeña pantalla de un teléfono móvil prepago.
Ante este complejo mosaico, ¿qué contemplan realmente los programas de la NEM sobre las plataformas digitales? En el Plan de Estudio 2022 y sus programas sintéticos, la tecnología se aborda explícitamente desde un enfoque humanista y crítico, distanciándose de la visión meramente técnica o comercial.
En primer lugar, se establece su uso como una herramienta transversal; las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD) no son un fin en sí mismas, sino medios de apoyo subordinados al desarrollo de proyectos comunitarios y a la formación del pensamiento crítico. En segundo lugar, se defiende la autonomía profesional docente. Los programas no imponen una marca comercial; otorgan al maestro la libertad de elegir si utiliza herramientas de código abierto, materiales físicos o plataformas como Google Classroom, basándose siempre en un diagnóstico situado de su comunidad y sus condiciones de conectividad. En tercer lugar, aunque los convenios corporativos masivos heredados de la pandemia persisten, la SEP busca impulsar un ecosistema propio mediante la Plataforma de la Nueva Escuela Mexicana y la Agenda Digital Educativa. Finalmente, en sintonía con el debate actual, se promueve una regulación de pantallas y políticas orientadas a un uso consciente de los dispositivos para proteger la convivencia y la atención.
Sin embargo, el papel lo aguanta todo. La brecha entre el currículo emancipador prescrito y las condiciones reales de las escuelas nos obliga a lanzar una conclusión incisiva y urgente.
A la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales: la hipocresía estructural debe terminar. No se puede predicar la emancipación, el humanismo crítico y la descolonización del saber en los foros y documentos de la Nueva Escuela Mexicana, mientras en la cruda realidad se condena a las escuelas a la mendicidad digital y a la dependencia de servidores corporativos. Resulta un insulto hablar de innovación cuando la inmensa mayoría de los planteles carecen de internet para uso pedagógico; la escasa conectividad existente se secuestra exclusivamente para desahogar una asfixiante e irracional carga administrativa. Las autoridades educativas encubren esta carencia justificando su gestión con la fotografía de rigor y la evidencia de cumplimiento de una cascada de programas periféricos. Es indignante que dependencias ajenas vean en la escuela pública un mero instrumento para justificar el ejercicio de sus propios presupuestos, ahogando al magisterio con tareas burocráticas que usurpan el tiempo vital de la gestión verdaderamente pedagógica.
La soberanía educativa es una simulación si nuestras aulas virtuales son propiedad de Silicon Valley y la escuela es rehén del papeleo. Es francamente inadmisible que, ante la inacción estatal para consolidar una infraestructura pública, los docentes se vean obligados a financiar de su mermado salario las plataformas comerciales y los datos móviles para no dejar a sus estudiantes en el rezago. La SEP tiene la obligación ineludible de abandonar la política de simulación e invertir de manera drástica en infraestructura física y en la “Plataforma de la Nueva Escuela Mexicana”. Se requiere trascender los discursos para construir un plan nacional de desarrollo tecnológico autónomo y una literacidad crítica real. Sin soberanía tecnológica, y sin la defensa irrestricta del tiempo pedagógico frente a la burocracia, cualquier intento de soberanía educativa será letra muerta.
A nosotros, las y los maestros, supervisores y líderes pedagógicos: nos corresponde asumir una postura de resistencia activa y transformadora. Debemos dejar de ser consumidores pasivos de la EdTech. Nuestra tarea es construir verdaderas comunidades de aprendizaje (comunidades de práctica entre pares) donde la reflexión sobre la tecnología reemplace al acatamiento silencioso. A través de nuestros programas analíticos y planes de mejora continua, debemos exigir que toda integración tecnológica responda a las necesidades de nuestro territorio, y no a las lógicas del algoritmo corporativo.
Frente a la automatización de la inteligencia artificial y el aislamiento que provocan las pantallas, nuestro liderazgo pedagógico debe ser profundamente humano, distribuido y emancipador. La tecnología en la Nueva Escuela Mexicana no puede ser una herramienta de vigilancia o de estandarización punitiva, sino un instrumento de liberación comunitaria. El debate no es apagar el celular; el debate es encender la conciencia crítica para reclamar el control de nuestro propio futuro educativo.