El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) parece satisfecho con la cifras de maestros evaluados.
Y es que celebró el avance de la reforma educativa luego de realizar un balance de las evaluaciones docentes en 2015, en donde citó como evidencia, los más 360 000 docentes de educación básica y media superior que presentaron evaluaciones de ingreso, promoción y permanencia.
De la cifra anterior, 132 000 profesores (86.2 % de los maestros convocados) corresponden a la evaluación más cuestionada: la del desempeño docente.
La estadística ha sido motivo para calificar de éxito a dicha evaluación, no solo por el INEE, sino también por el gendarme de la SEP, Aurelio Nuño.
Lo señalé en mi artículo anterior. La evaluación del desempeño docente se realizó antes sembrando el terror entre los maestros, siendo el Secretario Nuño el principal ejecutor de la política del miedo entre el magisterio.
Las evidencias son inocultables y al INEE, no le quedó otra alternativa que admitir que se cometieron errores durante le proceso de evaluación.
El primero de ellos -y a mi juicio uno de los más graves-, refiere al de la integración de la base de los docentes que presentarían la evaluación del desempeño.
Según el INEE, “la información que proporcionaban las entidades federativas tuvo que ser validada en varias ocasiones. Ello condujo a que a muchos maestros se les notificara que debían presentar la segunda etapa de la evaluación, la reflexión evidencias de aprendizaje de sus alumnos, con muy poca anticipación”.
Esto que reconoce el INEE es evidencia del pronunciado valemadrismo que permea en la entidades federativas para garantizar la plena identidad de sus maestros.
Resulta increíble que la consecuencia del validar la base de datos sea el retraso de las notificaciones a los maestros en tiempo y forma, la entrega puntual de las claves para poder acceder a la plataforma y subir las evidencias de trabajo, y lo que es peor; la “fuerte tensión” generada en los maestros que admite el INEE.
La premura del proceso no respetó la ley docente que señala que los maestros convocados a la evaluación del desempeño deben ser notificados con tres meses de anticipación.
¡Eso señores míos es pasarse la ley por los genitales!
La pregunta: ¿y las sanciones para las autoridades locales por ser los principales culpables de entorpecer la evaluación del desempeño docente?
Queda claro que en México la ley es ley solamente cuando se aplica a toletazos.
Segundo. Las fallas técnicas en el examen de conocimientos y competencias didácticas. Aunque parece un asunto menor, no deja de ser cuestionable. Las sedes de evaluación no están a la vuelta de la esquina de los domicilios de los maestros.
Muchos de ellos debieron pernoctar para cumplir con la fecha y hora de su examen, sin embargo, se toparon con fallas en los equipos de cómputo, conectividad, falta de computadoras o en casos extremos; el suministro de energía eléctrica.
No es justo que un maestro deba nuevamente invertir su tiempo (que a nadie le sobra) para presentar el examen solo porque los encargados de garantizar las condiciones adecuadas no cumplieron con su responsabilidad
Vale también preguntar; ¿se sancionaron a los culpables de las fallas técnicas?
Y tercero. La “presión excesiva” que reconoce el INEE fueron sometidos los maestros a causa de “las protestas y agresiones, en ocasiones violentas, de los maestros disidentes”, así como por el uso de la fuerza pública para resguardar las sedes de aplicación.
De entrada el INEE le asesta duro revés a conceptos básicos de evaluación formativa.
Además -con la honestidad por delante-, el organismo debería admitir que los resultados de esos maestros en estado de “presión excesiva”, no tienen ninguna validez porque no son objetivos al desarrollarse en un entorno adverso.
¿Puede considerarse evaluado un docente con presión excesiva? ¿qué tiene de pedagógico una evaluación en tales condiciones?
Cabe apuntar también que el INEE, en consonancia con el Secretario Nuño, falsea el sentido de la evaluación docente obligatoria (con consecuencias punitivas de negarse a ella), por evaluación como derecho. ¡Increíble!
En suma, la evaluación docente no pasó la prueba del ácido. Celebrar cifras en un contexto de pronunciados errores no tiene mucho de satisfactorio para alcanzar la anhelada presea de la calidad de la educación.
El organismo de la evaluación más bien parece en el limbo; confundido y abyecto entre si hacer valer el precio de su autonomía con alta academia, o acompasar al Secretario Nuño y su política de hacer valer el “derecho a la evaluación” de los maestros con el miedo y a toletazos.
