Una política pública es, de manera muy general, algo que el Estado hace y tiene ciertas consecuencias en la resolución de los problemas que la sociedad enfrenta, sin embargo, también lo es cuando el estado es omiso o deja de hacer para resolver, pues igualmente la sociedad enfrenta consecuencias que le impactan en aquello que desea solucionar.
En el caso de la educación, para el caso mexicano, el magisterio enfrenta un nivel de estrés muy complejo, no solo debido que las circunstancias que reviste su condición profesional per se, sino que, en el marco su actuar legislativo o gubernamental en el uso de sus funciones, impacta en la labor del día a día de su ejercicio profesional en el aula en cada una de las más de un cuarto de millón de escuelas a lo largo y ancho de nuestro país.
En la legendaria obra de Homero, La Odisea, se narra lo que fue la guerra de Troya, y durante 20 años, Penélope tejía de día un sudario para el funeral de su suegro, el rey Laertes, y para evitar tener que casarse con alguno de los pretendientes al trono de Itica, destejía de noche lo que había tejido de día. Algo similar sucede en la educación de nuestros días.
Para delimitar lo que sucede, es necesario remontar al tiempo al inicio del presente sexenio federal en el momento en que se determina el “no dejar ni una coma” de la denominada “mal llamada” reforma educativa del gobierno del presidente Peña Nieto y se envía al Congreso de la Unión, una propuesta de reforma cuya base se sustenta en un modelo completamente diferente al establecido y se somete a una discusión en donde la mayoría oficial, para no “aplastar” con su mayoría calificada, obtiene por “consenso” cambios a las leyes en materia educativa, lo que conlleva dejar una gran parte de la reforma anterior “vivita y coleando” con los consiguientes efectos colaterales.
Los principales cambios en materia operativa, que son los que finalmente llegan a sentirse en la base magisterial, fueron en dos grandes demandas de ésta, la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y del entonces muy criticado Servicio Profesional docente (SPD). Ambos fueron sustituidos en la legislación, por la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).
A diferencia del entorno que ofrecían el INEE y el SPD cuya base ideológica y política estaban orientados por la misma sustancia, las definiciones que se dejaron en la ley que da vida al USICAMM contradicen en los hechos, el espíritu de la promesa de hacer un cambio de la raíz de los problemas de la educación en México, especialmente en el magisterio.
Así, a diario podemos ver múltiples propuestas de mejora que son bien vistos por el magisterio que son emitidas como “sugerencias” desde lo que teje en materia educativa MEJOREDU, sin embargo, en los hechos, a la manera de Penélope a diario se desteje por lo que se hace desde la USICAMM. Por supuesto que no se habla de personas, sino del marco jurídico y regulatorio que envuelve a ambas instituciones, que parte de una lógica completamente diferente y cuya operación, en la realidad, se contrapone al razonamiento de lo que debería de ser un verdadero impulso para las labores que a diario realizan las y los Trabajadores de la Educación en nuestro País.
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