“Todo cambio tecnológico es un intercambio.” – Marshall McLuhan
La publicación este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo 09/09/26 termina una primera etapa de especulación y obliga a distinguir entre lo que circuló públicamente y lo que realmente se aprobó. La expresión dominante fue “prohibición de celulares”; el texto oficial es más preciso. En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria establece una restricción durante toda la jornada escolar, pero permite utilizar dispositivos cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo orientación docente, además de excepciones por emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades extraordinarias de la comunidad. El acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026.
La diferencia no es menor. México no adoptó una regla idéntica para todo el Sistema Educativo Nacional. En media superior se deberá limitar el uso no pedagógico, pero cada plantel habrá de construir sus condiciones mediante consulta, diálogo y acuerdos con su comunidad. El documento plantea, sin imponer una sola, cuatro posibilidades: resguardar los dispositivos, permitirlos únicamente en determinados tiempos y espacios, mantenerlos sin uso durante toda la jornada o programar determinados momentos para utilizarlos como herramientas de aprendizaje. En educación superior no se establece aquella restricción general: se promueve el uso responsable conforme a los acuerdos de cada comunidad y al régimen de las instituciones.
También resulta revelador lo que no quedó establecido. Aunque los considerandos señalan que 95.7 por ciento de las figuras educativas consultadas respaldó fijar una edad mínima para usar redes sociales, y el propio documento recoge propuestas internacionales en esa dirección, la parte normativa no establece una edad nacional para acceder a ellas. Tampoco crea un catálogo federal de sanciones, un protocolo único de confiscación para educación básica ni reglas específicas para revisar el contenido de los teléfonos. Parte de lo que comenzó a circular como si ya fuera norma correspondía, en realidad, a cuestiones aún por desarrollar. Los estados tendrán 180 días naturales a partir de la entrada en vigor para emitir o armonizar sus instrumentos jurídicos.
La regulación llega acompañada, además, de información que permite dimensionar el problema desde las propias escuelas. En la consulta nacional participaron 565 mil 396 figuras educativas. El 79.7 por ciento identificó dificultades para mantener la atención, 38 por ciento interrupciones de las actividades escolares, 53.3 por ciento menor interacción presencial, 33.2 por ciento toma o difusión de fotografías, audios o videos sin consentimiento y 29 por ciento situaciones de ciberacoso o agresiones digitales. Pero nuevamente conviene leer cuidadosamente: 81.2 por ciento respaldó establecer medidas nacionales, 88.8 por ciento limitar el acceso durante la jornada y 56.3 por ciento el acceso nulo. No son afirmaciones equivalentes ni permiten reducir la opinión del magisterio a una demanda uniforme de prohibición absoluta.
México, por otra parte, no está actuando aisladamente. UNESCO actualizó el 18 de septiembre de 2026 su monitoreo mundial: 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países, cuentan actualmente con alguna forma de prohibición nacional de teléfonos móviles en las escuelas; en junio de 2023 eran apenas 24 por ciento. Es una expansión extraordinariamente rápida, aunque las modalidades varían considerablemente entre países.
Los recién publicados resultados de PISA 2025 agregan evidencia particularmente oportuna. Casi la mitad de los estudiantes de la OCDE asiste ya a escuelas donde no se permite el celular en las instalaciones, frente a 34 por ciento en 2022. Al mismo tiempo, 28 por ciento de los estudiantes señaló que sus compañeros se distraen mediante dispositivos digitales durante la mayoría o todas las clases de ciencias. En México, sólo 27 por ciento asistía en 2025 a escuelas con esa clase de restricción, pero los estudiantes de esos planteles presentaban aproximadamente 25 por ciento menor probabilidad de reportar distracción digital; en el promedio de la OCDE la diferencia era de alrededor de 13 por ciento.
Aquí aparece una precaución fundamental. La propia OCDE informa que el crecimiento de las prohibiciones entre 2022 y 2025 no estuvo asociado, en el nivel de los sistemas educativos, con cambios en los resultados promedio de ciencias o lectura, y advierte que estos datos no permiten establecer causalidad. Es decir, una restricción puede contribuir a disminuir determinadas distracciones, pero de ahí no se desprende que quitar teléfonos eleve automáticamente el aprendizaje. Esa diferencia resulta indispensable para evitar convertir una intervención educativa compleja en una promesa excesivamente sencilla.
PISA 2025 aporta todavía otro hallazgo que ayuda a comprender mejor el camino elegido: el uso moderado de dispositivos digitales para actividades de aprendizaje se asocia con mejores resultados en ciencias que su ausencia total o su utilización muy intensiva, mientras que dedicar más de una hora diaria al uso digital recreativo dentro de la escuela se asocia consistentemente con menor desempeño. Por ello, la cuestión educativa no parece ser tecnología contra educación, sino distinguir entre la tecnología que dispersa y aquella que responde a una intencionalidad pedagógica. El propio acuerdo mexicano incorpora esta diferencia al preservar expresamente el uso educativo programado.
Para las maestras y los maestros, ahí se encuentra una de las pruebas decisivas. Una regla institucional clara puede evitar que cada docente tenga que negociar diariamente cuándo guardar el teléfono y puede recuperar continuidad, conversación y tiempo efectivo de enseñanza. Pero una aplicación deficiente podría trasladarles nuevas responsabilidades: recoger dispositivos, custodiarlos, afrontar reclamaciones por pérdidas, resolver conflictos con familias o convertirse en vigilantes permanentes. El acuerdo no impone en educación básica un único procedimiento nacional de custodia y establece espacios semestrales de seguimiento y ajuste; buena parte del éxito operativo dependerá, por tanto, de lo que construyan las autoridades locales y las comunidades escolares.
La familia deja de ser un actor periférico. El acuerdo dispone que, desde el día siguiente de su publicación, comiencen asambleas con madres, padres, tutores y demás integrantes de las comunidades educativas. El decálogo de educación básica propone dejar el celular en casa o mantenerlo guardado, recurrir a la escuela para comunicarse durante una emergencia y apagar los dispositivos durante la noche. Conviene precisar su naturaleza: el propio acuerdo define estos decálogos como puntos de partida para la difusión, apropiación y construcción de acuerdos, no como un régimen sancionador de la vida familiar. Sin embargo, introducen una cuestión central: difícilmente la escuela podrá educar la atención durante unas horas si el resto del día transcurre bajo conexión permanente, notificaciones nocturnas y ausencia de acuerdos familiares.
El verdadero resultado de esta regulación no debería medirse solamente contando teléfonos guardados. Habrá que observar si disminuyen las interrupciones, mejora la convivencia, aumenta el tiempo efectivo de aprendizaje, se reducen determinados conflictos digitales, se preservan las excepciones necesarias, no aumenta innecesariamente la carga de trabajo docente y, al mismo tiempo, se fortalece la alfabetización digital. Porque la escuela no puede educar de espaldas al mundo tecnológico, pero tampoco puede entregar sin condiciones a las pantallas uno de sus recursos más escasos: la atención. El desafío que comienza ahora consiste en algo bastante más profundo que apagar celulares: conseguir que niñas, niños y adolescentes aprendan progresivamente cuándo desconectarse, cuándo utilizar la tecnología y, sobre todo, para qué vale la pena hacerlo. Porque la educación es el camino…
