“La neutralidad en educación suele ser el nombre elegante de una posición dominante.” — Michael Apple
Durante casi tres décadas —de manera simplificada y con inevitables matices— México vivió bajo una racionalidad pública que suele describirse como “neoliberal”: una forma de entender el Estado y la vida social que privilegiaba la eficiencia económica, la competencia, la medición de resultados, la focalización del gasto y la idea de que lo público debía operar con lógicas cercanas a la empresa. En educación, esa mirada tendió a traducirse en políticas de estandarización, evaluación, rendición de cuentas y reformas orientadas a “modernizar” el sistema, con una narrativa fuerte sobre calidad, eficiencia y desempeño. No es que todo lo anterior haya sido homogéneo o idéntico en cada sexenio, pero sí puede reconocerse un hilo conductor, la educación como plataforma para competitividad y productividad, y la política educativa como un engranaje de reformas estructurales negociadas desde centros de poder político y técnico.
A partir de 2018, sin necesidad de caer en trincheras, la discusión educativa se reconfiguró con claridad. El nuevo enfoque —que se sintetizó después en la Nueva Escuela Mexicana y en un rediseño curricular— buscó colocar en el centro el componente social, comunitario, humanista e identitario, con un giro discursivo y pedagógico que cuestionó abiertamente lo anterior. Ese quiebre, por definición, no podía ser terso: no solo cambiaron instrumentos, también cambió el relato de país que la educación debía acompañar. Y cuando el relato cambia, la escuela deja de ser un tema técnico para convertirse en un terreno de disputa cultural, política y moral. La polémica de los libros de texto fue el síntoma más visible, no se discutía únicamente un material didáctico, sino el tipo de ciudadanía y de nación que se estaba intentando formar.
Por eso no sorprende que la controversia escalara a niveles institucionales y judiciales. El caso de Chihuahua es emblemático: hubo suspensión y litigio que, en la práctica, derivó en retrasos y un escenario de incertidumbre que impactó la llegada de materiales a las aulas durante meses, en un entrampamiento legal que hizo del aula un espacio rehén de la disputa política. En ese punto, el conflicto ya no era “opinión contra opinión”; era Estado contra Estado, y el derecho convertido en arena para contener —o imponer— un rumbo educativo.
En ese marco llega el momento actual: el episodio de la remoción de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos y figura pública asociada al diseño y defensa de los nuevos libros. La prensa ha documentado que la SEP lo separó del cargo y que la institución argumentó una reorganización o “desaparición” de la dirección, mientras Arriaga sostiene que hubo presiones para modificar materiales y que su salida es injustificada, además de denunciar formas de trato que él considera violatorias. Lo relevante aquí no es solo el hecho administrativo, sino lo que sugiere, cuando la controversia educativa toca el núcleo del proyecto gubernamental, los movimientos internos rara vez son inocentes o meramente operativos; suelen ser, también, mensajes de mando.
En esa lectura aparece un componente decisivo, la conducción política de la SEP bajo Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena y secretario desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya confirmación pública como titular ha sido ampliamente reportada. Para ciertos observadores, Delgado carga un antecedente simbólicamente problemático: su respaldo pasado al Pacto por México y a la reforma educativa de aquel ciclo político, punto que ha sido recordado críticamente desde distintos espacios mediáticos. No se trata de dictar sentencia sobre trayectorias —la política es, por naturaleza, tránsito y reacomodo—, pero sí de reconocer que ese antecedente activa sospechas: si una parte del país vivió “el Pacto” como la formalización de acuerdos con élites y poderes fácticos, entonces resulta comprensible que algunos hayan dudado de que su nombramiento fuera la mejor decisión para un periodo que prometía continuidad de un cambio de modelo.
Con esa tensión de fondo, la salida de Arriaga se vuelve interpretable desde dos ángulos opuestos —ambos con pros y contras— que conviene poner sobre la mesa sin caricaturizar al adversario. Por un lado, puede leerse como un acto administrativo para restituir gobernabilidad institucional: si hubo incidentes, desacatos a línea jerárquica, ruptura de canales formales o conflictos internos que escalaron, la conducción de una secretaría puede optar por cortar el nudo y reordenar. La ventaja de esa decisión sería recuperar control, reducir fricción y evitar que la política pública se gestione por confrontación interna. El costo es alto, pues se envía la señal de que una postura técnica o ideológica —defender el “diseño original” de los libros— puede ser penalizada, y se alimenta la narrativa de que el proyecto educativo se mueve por cálculo político más que por deliberación pedagógica.
Por otro lado, puede leerse como una cesión ante presiones, y no necesariamente presiones “de fuera” en forma de una llamada explícita, sino presiones acumuladas del ecosistema. En esa interpretación, remover a la cara más visible del proyecto sería un gesto de “despresurización”, un intento de reabrir negociaciones, o un paso previo a ajustes de contenido que se quieren presentar como “correcciones” y no como claudicación. La ventaja sería bajar el conflicto y facilitar operación en estados, medios y tribunales. El riesgo es desfondar la legitimidad del cambio educativo: si el mensaje que se instala es que el proyecto se sostiene solo mientras no incomode, entonces la reforma se vuelve vulnerable a cada ciclo de presión.
Aquí aparece el punto neurálgico, que es que, incluso si una parte de la sociedad está a favor y otra en contra de Arriaga, el asunto de fondo no es su persona, sino el principio: la educación es la formación del futuro y, por tanto, es el terreno donde se define qué valores, qué relato histórico, qué noción de justicia social y qué comprensión de ciudadanía se transmiten. Si se acepta que los dos grandes modelos —el de la racionalidad neoliberal previa y el del giro post-2018— no son compatibles en su núcleo, entonces la disputa no es un malentendido: es estructural. Y cuando una disputa es estructural, cada decisión administrativa se convierte en una pista del rumbo real.
Por eso resulta difícil sostener que un movimiento de esta magnitud ocurra sin conocimiento del más alto nivel del Ejecutivo. No porque deba existir una instrucción directa, sino porque el sistema político funciona por señales: cuando se toca un símbolo del proyecto educativo, lo razonable es asumir coordinación o, al menos, consentimiento. Desde ahí, la pregunta ya no es únicamente si fue un despido injustificado —como afirma Arriaga— o una reestructuración válida —como sostiene la SEP—, sino qué mensaje político se quiso enviar a los actores dentro y fuera del gobierno. Llegados a este punto, vale la pena cerrar con preguntas que no buscan polarizar, sino obligarnos a pensar con método. ¿Qué entiende realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum por “continuidad” en educación: continuidad del proyecto pedagógico original, o continuidad de la gobernabilidad aunque implique ajustes sustantivos? ¿Los cambios que se pretendían en los materiales eran correcciones técnicas y jurídicas inevitables, o una rectificación de enfoque para hacerlos “políticamente viables”? ¿Cuál es la línea roja del gobierno: preservar el núcleo ideológico-pedagógico del rediseño, o garantizar paz política en torno al tema aunque eso diluya el cambio? ¿Qué papel jugará Mario Delgado en los próximos meses: será un operador de consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, o un administrador de acuerdos para reducir conflicto con actores que históricamente se opusieron? Porque la educación, es el camino…
