Dispositivos y pantallas en el aula: hacia una consulta nacional informada

Avatar de Hilario Vélez Merino

Ideas clave sobre experiencias internacionales, el papel docente, la participación de las familias y los Consejos de Participación Social


Introducción

El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica se ha convertido en uno de los debates educativos más urgentes de la década. En México, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a una consulta nacional dirigida a más de un millón de maestros de más de 200 mil escuelas públicas, la cual se realizará los días 24 y 25 de agosto de 2026 durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) (La Jornada, 2026a). El propósito de este ejercicio no es imponer una decisión unilateral, sino recoger la voz de quienes tienen contacto cotidiano con las familias y los estudiantes, antes de construir un lineamiento de carácter nacional (La Jornada, 2026a). Este artículo sintetiza las ideas clave que deben orientar la reflexión docente en este proceso: los avances regulatorios de otros países y estados de la república mexicana, la pertinencia de prohibir o regular el uso de pantallas, el papel que corresponde a los maestros, la participación de las familias y las funciones de los Consejos de Participación Social.

Avances internacionales y estatales en la regulación de pantallas

La experiencia comparada ofrece un mapa amplio de estrategias, que van desde prohibiciones totales hasta esquemas graduales según la edad. De acuerdo con el informe GEM de la UNESCO, publicado en enero de 2025, al menos 79 países han implementado algún tipo de restricción al uso de teléfonos móviles en las escuelas, con resultados favorables en el aprendizaje y la convivencia escolar (UNESCO, como se citó en La Colonia, 2025). Australia se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años en diciembre de 2025, estableciendo además multas millonarias para plataformas como TikTok, Instagram y X que no verifiquen la edad de sus usuarios; The Conversation, 2026). Suecia, por su parte, revirtió su modelo de alta digitalización educativa con la estrategia “de la pantalla a la carpeta”, eliminando dispositivos en los primeros años escolares y retomando el uso masivo de libros físico.

Otros países han optado por regulaciones más focalizadas. Países Bajos implementó una prohibición nacional de celulares, tabletas y relojes inteligentes en aulas y recreos, reportando mejoras notables en la concentración de los estudiantes. China aplica un control riguroso a nivel nacional, con límites de tiempo diario en pantallas, bloqueos nocturnos entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m., y un máximo de 40 minutos diarios de uso en aplicaciones para menores. Francia y Finlandia prohíben el uso de celulares en centros educativos desde 2018, mediante la llamada “pausa digital”, con evaluaciones para extenderla a más niveles educativos (La Colonia, 2025). A nivel de bloques regionales, la Unión Europea, mediante la Ley de Servicios Digitales (DSA), prohíbe el uso de algoritmos de recomendación basados en perfiles de menores, mientras que el Reino Unido, a través de la Ley de Seguridad en Línea (Online Safety Act), obliga a las plataformas a eliminar proactivamente contenido dañino, bajo amenaza de multas de hasta el 10 % de sus ingresos globales.

En Estados Unidos, hacia mediados de 2026 más de 30 estados habían aprobado leyes que prohíben o restringen el uso de teléfonos móviles en aulas de primaria y secundaria (The Conversation, 2026). En América Latina, Costa Rica se sumó recientemente a este grupo de países mediante una resolución del Ministerio de Educación orientada a reducir distracciones y fomentar el vínculo interpersonal, mientras que Corea del Sur ya aplicaba controles digitales que limitan el acceso a ciertas aplicaciones durante el horario escolar (La Colonia, 2025). En el caso mexicano, 16 entidades federativas —entre ellas Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato— ya cuentan con algún esquema regulatorio local sobre el uso de dispositivos móviles en los planteles, aunque el nivel de restricción varía considerablemente entre ellas (Consulta, 2026).

¿Prohibir o no prohibir? Una falsa dicotomía

La evidencia respalda beneficios claros de restringir el celular durante el horario de clase. Estudios realizados en Bélgica, España y Reino Unido muestran que la prohibición del celular en el aula mejora la atención, reduce el acoso escolar y favorece el rendimiento académico (La Colonia, 2025). Sin embargo, un sector de la investigación académica advierte contra las soluciones universales y los límites estrictos de tiempo. Hales (2026), investigador de la Universidad Estatal de Michigan, sostiene que la narrativa popular que atribuye la crisis de salud mental adolescente exclusivamente al uso de pantallas “está muy por delante de la evidencia actual”, y advierte que aislar completamente a los niños de la tecnología puede conllevar riesgos para su desarrollo social y emocional.

En enero de 2026, la Academia Estadounidense de Pediatría retiró el marco de referencia que había sostenido durante una década, basado en límites horarios fijos, y lo sustituyó por una declaración de política que invita a los padres a considerar el contexto más amplio del uso de medios: el tipo de contenido, la etapa de desarrollo del niño, sus intereses y el uso que hacen los propios adultos de la tecnología (Hales, 2026). Esta perspectiva no contradice la evidencia sobre los beneficios de restringir el celular en el aula, sino que matiza la discusión: el problema no es la pantalla en sí misma, sino el tipo de actividad digital, el diseño algorítmico y el contexto en que ocurre. En este sentido, el propio informe GEM de la UNESCO recomienda que solo se permita en la escuela la tecnología que tenga una función clara de apoyo al aprendizaje, y que los estudiantes aprendan a identificar los riesgos y oportunidades de la tecnología, en lugar de estar completamente protegidos de ella (La Colonia, 2025). La respuesta pedagógica más razonable, entonces, no es binaria —prohibir o permitir—, sino diferenciada: restringir el uso recreativo y distractor durante el tiempo de clase, mientras se preserva el acceso a la tecnología con propósito pedagógico explícito.

El papel de las maestras y los maestros

Frente a este panorama, los maestros desempeñan un papel central que va más allá de vigilar el cumplimiento de una norma. En primer lugar, corresponde a los maestros distinguir con claridad los usos permitidos: solo debe autorizarse la tecnología con función pedagógica explícita, evitando su uso como herramienta de entretenimiento durante la clase (La Colonia, 2025). En segundo lugar, es necesario enseñar a los estudiantes a identificar los riesgos y oportunidades del entorno digital, formando un pensamiento crítico frente a los algoritmos de recomendación, en lugar de limitarse a prohibir sin generar comprensión (La Colonia, 2025).

En tercer lugar, los maestros deben mantener comunicación estrecha con las familias, dado su contacto cotidiano y cercano con madres y padres, lo que les permite sensibilizarlos sobre los riesgos que implican las redes sociales para niñas, niños y adolescentes (La Jornada, 2026a). En cuarto lugar, resulta fundamental que los maestros participen activamente en espacios de consulta que se realizará durante el CTE del 24 y 25 de agosto de 2026, aportando su experiencia directa de aula a la construcción de la política educativa nacional (Consulta, 2026; La Jornada, 2026a). Finalmente, los maestros deben estar atentos a los signos de exposición de sus estudiantes a contenido no solicitado. El psicólogo social Ravi Iyer, expresidente de equipos de investigación en ciencia de datos de Meta, advirtió que, de acuerdo con estudios internos de esa empresa dados a conocer en un litigio en Nuevo México, 19.2 % de los usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años reportó haber visto desnudos o contenido sexual no deseado en los siete días previos a la encuesta que realizaron, y 13 % recibió alguna insinuación sexual no deseada en el mismo periodo (La Jornada, 2026b).

La participación de las familias

Las directrices más recientes coinciden en que los padres y tutores son quienes mejor pueden guiar a los niños en el uso de las pantallas, y que aislarlos por completo puede generar riesgos para su desarrollo social y emocional (Hales, 2026). La evidencia muestra que la intervención de las familias produce resultados muy distintos dependiendo de si la orientación es de apoyo o de control estricto, siendo la primera la que arroja mejores resultados (Hales, 2026). Se recomienda que las familias reflexionen sobre su propio uso de medios digitales, dialoguen con cada hijo o hija sobre por qué le atraen ciertas aplicaciones, qué encuentran al navegar en ellas, y qué se pierde cuando el teléfono ocupa espacios de convivencia como las comidas familiares (Hales, 2026). Herramientas como el Plan de Medios Familiares de la Academia Estadounidense de Pediatría convierten estas ideas en preguntas concretas para cada hogar, ayudando a determinar qué necesita cada niño de la tecnología digital y cómo incorporar tiempos sin pantallas (Hales, 2026).

La propia presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo del debate nacional no es que “el gobierno diga vamos a hacer esto”, sino que madres y padres de familia conozcan estos temas, sean sensibles a lo que ocurre con las redes sociales y participen en la construcción de un esquema que permita un acceso seguro a las plataformas digitales para niñas, niños y adolescentes (La Jornada, 2026a). Esta postura reconoce que la responsabilidad no puede recaer únicamente en la escuela, sino que exige una corresponsabilidad activa entre docentes y familias.

Los Consejos de Participación Social

Aunque no existe todavía un protocolo detallado y específico para los Consejos de Participación Social (CPS) en este tema, la lógica misma de la consulta nacional -que articula a maestros, familias y autoridades -permite identificar funciones clave que estos órganos deben asumir. En primer lugar, los CPS pueden servir como el espacio institucional para recoger y sistematizar las opiniones de madres, padres y tutores sobre el uso de dispositivos en cada plantel, complementando así la consulta docente realizada durante el CTE (Consulta, 2026; La Jornada, 2026a). En segundo lugar, corresponde a estos consejos difundir información objetiva sobre los riesgos de las redes sociales -salud mental, contenido no solicitado, algoritmos diseñados para generar dependencia- con el fin de elevar el nivel de sensibilización de toda la comunidad escolar (La Jornada, 2026b).

En tercer lugar, los CPS pueden contribuir, junto con el colectivo docente, a diseñar normas locales de uso de dispositivos adaptadas al contexto particular de cada escuela, siguiendo el ejemplo de las 16 entidades mexicanas que ya cuentan con esquemas regulatorios propios (Consulta, 2026). Finalmente, estos consejos tienen la responsabilidad de vincular la discusión escolar con el debate nacional más amplio sobre la regulación de plataformas digitales impulsado por la Presidencia de la República, de modo que la comunidad educativa comprenda que el fenómeno trasciende las paredes del aula y forma parte de una problemática social y tecnológica de mayor escala (La Jornada, 2026b).

Conclusiones

La consulta nacional sobre el uso de celulares y dispositivos en las escuelas mexicanas se inserta en una tendencia global que ya alcanza a más de 79 países y a 16 entidades federativas del propio país. La evidencia internacional respalda la restricción del uso recreativo del celular durante el horario de clase, pero al mismo tiempo advierte contra las soluciones rígidas y universales que ignoren el contexto, la edad y el propósito pedagógico del uso digital. En este escenario, el papel de los maestros no se limita a vigilar el cumplimiento de una norma, sino que exige formar pensamiento crítico, sensibilizar a las familias y participar activamente en los espacios de consulta y decisión. La corresponsabilidad entre escuela, familia y Consejos de Participación Social resulta indispensable para construir un esquema de uso seguro y pedagógicamente pertinente de las pantallas en la educación básica.

Referencias

Consulta. (2026). ttps://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-anuncia-consulta-a-maestras-y-maestros-sobre-propuesta-de-regulacion-de-uso-de-celulares-en-las-escuelas

Hales, G. E. (2026, 17 de julio). Las directrices sobre el tiempo de exposición a las pantallas para niños y adolescentes han cambiado a medida que la investigación ofrece una perspectiva más matizada. The Conversation.

La Colonia. (2025, 29 de agosto). ¿Educación sin pantallas? Más de 70 países restringen el uso de celulares en las escuelas. acoloniaportal.com.uy/educacion-sin-pantallas-mas-de-70-paises-restringen-el-uso-de-celulares-en-las-escuelas/

La Jornada. (2026a, 18 de agosto). Consultarán a maestros de nivel básico sobre celulares en las aulas. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2026/08/18/politica/003n1pol

La Jornada. (2026b, 18 de agosto). Alza en reportes de menores expuestos a contenido sexual y violento en redes sociales. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2026/08/18/politica/003n2pol

Proponen reformas sobre portación y uso de celulares en escuelas de nivel básico. https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-proponen-reformas-sobre-portacion-y-uso-celulares-escuelas-nivel-basico-7656-1.html