Sigue siendo motivo de zozobra el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 (PPEF 2021) que confeccionó Hacienda. Para el derecho a la educación, pinta uno de los panoramas más borrascosos y negativos para el futuro que podamos imaginar.
Estamos delante de un reto enorme en los dineros públicos: se hunden los mercados, Pemex pierde rentabilidad cada día, la producción se estanca, el empleo se cae, las necesidades se magnifican. Y justo en este momento, el gasto social para el año que ya tenemos a la vuelta de la esquina tiene una distorsión mayúscula: el plan para gasto público presentado por el Poder Ejecutivo para su aprobación al Poder Legislativo (que es eso lo que se detalla en el PPEF 2021) se define por desmantelar soluciones para favorecer parches, por arrancar cableado para improvisar ‘diablitos’.
En el caso de educación, eso se traduce en cerrar o dejar moribundos a programas significativos para aprender con equidad, y en su lugar darle vuelo a salarios, becas y propuestas de bajo desempeño. Es como desactivar el sistema de riego ordenado, que hace llegar los recursos focalizados y, por el contrario, ponerse a tirar manguerazos y cubetadas en todas direcciones, pero sin alcance, salpicando con recursos mayúsculos a una parte de la población, incluso a quienes no necesitaban esas ayudas, pero lo peor es que se haga en esquemas de pobre efecto. Así como hay mala nutrición por gastarse mucho en papas chatarra y bebidas azucaradas, estamos al borde de un nuevo abismo de bajo desarrollo educativo, invirtiendo en planes chatarra y transferencias azucaradas.
En las semanas anteriores he compartido con los lectores el drama en ciernes que significaría la aprobación del PPEF 2021 tal como lo mandó el Ejecutivo: a) gravísimos desfondamientos a procesos para el aprendizaje incluyente, en partidas que pasaron de tener en 2019 una asignación de 11 mil 983 millones de pesos a que en 2021 sólo cuenten con mil 96 millones de pesos (un cambio real acumulado de –84.9 por ciento), incluyendo la extinción de Escuelas de Tiempo Completo y el programa de Convivencia Escolar, aunado a la mutilación grave a Conafe, educación indígena, educación para migrantes, aprendizajes significativos y un largo etcétera; b) una reducción agresiva –nunca mejor dicho– de los fondos para formación docente inicial (contra las normales) y de formación docente continua (el dinero para los cursos que necesitarán en 2021 las y los maestros en servicio); c) una nula inversión adicional para expandir educación inicial y recortes contra nutrición y desarrollo en la primera infancia; d) una inexistente asignación transparente y específica para agua y saneamiento, los elementos de filtro escolar y la inversión para conectividad que exige la pandemia y su mitigación para reiniciar el trabajo en los centros escolares.
En su comparecencia ante el Senado, el secretario de Educación Pública sorteó o pospuso la respuesta a los cuestionamientos sobre el verdadero logro de Aprende en Casa II, el proceso de educación a distancia que la SEP definió para toda la educación obligatoria en el territorio nacional, pero recibió recurrentemente la pregunta sobre recortes al presupuesto educativo. Así, el secretario hizo la afirmación que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que en el PPEF 2021 entregado oficialmente se queda sin clave presupuestaria y se va a cero pesos, podría seguir operando en 2021 por una adjudicación de cinco mil millones de pesos desde los fondos de otro programa: La Escuela es Nuestra.
El dicho tiene dos dificultades. Para empezar, el universo de uno y otro programa son muy distintos: las escuelas a las que se destinan los apoyos de La Escuela es Nuestra fueron incorporadas en un registro que levantó (y controla) la Secretaría de Bienestar, con el peculiar apoyo de los Servidores de la Nación, en la cual las erogaciones pueden incluso ser documentadas con una simple ‘lista de raya’ (le prometo que así dicen los lineamientos) mientras que Tiempo Completo es un programa con reglas estrictas de incorporación, en la cual la escuela aplica su solicitud con un número importante de requerimientos, y después año tras año tiene una exigencia documental de comprobación exhaustiva.
La segunda dificultad es que Tiempo Completo requiere una inversión de 10 mil millones de pesos, no de cinco mil millones. Este año 2020, atípico donde los hubiera, tuvo esa asignación y los recursos se acabaron en junio desde la federación. Literalmente, al programa lo salvó por ahora la campana del cierre precipitado de aulas ante la Covid-19. A cuenta gotas, jalando de aquí y allá, los estados y la SEP han cumplido parcialmente con los complementos a salario, los enseres y ahora la aparición tardía de las despensas para cubrir a algunos de los cientos de miles de niñas y niños que ya tenían derecho a recibir alimentos en la escuela, a pesar que es un mandato de un acuerdo del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que data de mayo de este año.
En suma, le corresponde a la Cámara de Diputados poner orden aquí y dar certeza jurídica sobre derechos de la niñez. A Tiempo Completo le corresponde dinero completo: un poco más de 10 mil millones de pesos para el año fiscal 2021. No cinco mil millones prestados de la Escuela es Nuestra, que lejos de ser nuestra –de todos los ciudadanos y especialmente de niñas y niños– es, en la práctica, dote y posesión de los operadores territoriales. No un salvamento por transferencia pactada, sino una asignación cierta y transparente en el presupuesto, sin sobresaltos ni raspando los asientitos de ahorros de otras partidas.
Mañana es la sesión de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Confiamos en que en la sección referida al presupuesto educativo se alce la voz clara y fuerte: no le quiten a los que más necesitan. No arruinen la continuidad de los aprendizajes. No cedan a la falsa idea de que las becas cubren, con sus subsidios atomizados y asistencialistas, que generan dependencia, lo que el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje tiene que lograr con fondos de los que rinden cuentas claras. No aceptemos parches y ‘diablitos’, ni dejemos sin costo que les quiten a los más pobres; la generación joven no se merece tanta mezquindad y ceguera; merecen dinero completo.
