¿Por qué se puede despojar a un grupo de la población del dinero que apuntala sus derechos? La respuesta simplona, brutal y terriblemente verdadera es: porque pueden. O porque han podido. Porque los demás no lo vemos, o pensamos que no se puede hacer nada, o porque calculamos que el riesgo de disentir es muy alto.
Sólo un muy mal cálculo de las consecuencias sociales puede explicar por qué los funcionarios de Hacienda extinguen la clave y dejan a las Escuelas de Tiempo Completo, 27 mil comunidades escolares, 13 de cada 100 escuelas del país sin un solo centavo. Sólo un desdén muy lejano a las realidades de piso puede autorizar a los planificadores para que dejen en ceros a Diversidad de la Educación Indígena, Educación para Migrantes, Convivencia Escolar, Aprendizajes Significativos, programas que hacen la inversión a favor de las personas que más requieren revertir la pobreza, la inequidad y la marginación. Quitarle una tajada de 700 millones de pesos a Conafe sería la vergüenza de cualquier economista adorador del mercado y descreído de la justicia de la redistribución. Lo que ya tenían, poco e insuficiente, se los quitan. Despojo, se llama.
Una administración que hace un retroceso macabro en el ejercicio de derechos de los que menos tienen. Un proceder que, si permitimos que prevalezca, dejará como lema irónico de estos años eso de “por el bien de todos, primero los pobres”. No, al último los mandan, al fondo los dejan, al final los olvidan.
¿Y las y los más pequeños? Invisibles, olvidados, desdeñados. Un país que reparte más y más en tarjetas a jóvenes y personas de la tercera edad, olvidándose gravemente de la primera edad, del arranque de la vida. Programas que crean fidelizaciones a la marca, el sueño dorado del mercadólogo, que se consideran ejercidos y justificados en el mero depósito, armados con el dinero que se arrebató de programas con metas y métricas, con evaluaciones y verificaciones de campo, que crean capacidades en las comunidades y favorecen la autonomía de las personas, y no crean el efecto perverso de la dependencia del subsidio, que deja de ser temporal para convertirse en permanente.
En un triple desprecio –por la evidencia de las evaluaciones de impacto, dos por los mandatos de la Constitución y los tratados de derechos de los niños, y tres, finalmente en desprecio por las niñas y los niños mismos, los más carentes, en desprecio a sus familias y los maestros– no hay dinero para expandir la educación inicial. El Programa U031, que cada año, cada semestre hay que estar defendiendo de la voracidad del Partido del Trabajo que lo solicitan para sus centros de desarrollo infantil, que tienen hasta maestro de karate, pero que sirven como tapadera para seguir sangrando al erario para los otros gastos que hacen, de corte político partidista.
Justo cuando en nuevo artículo tercero pide que se considere la educación inicial como un nivel que obligatoriamente debe ofrecer el Estado, justo cuando estamos delante del primer ejercicio fiscal que debe seguir detalladamente la Estrategia Nacional de Primera Infancia (ENAPI), para expandir los servicios que hoy apenas alcanzan a alrededor de 12 por ciento de quienes tiene derecho a ella, la respuesta del gobierno federal es dejar el monto igual, y no cambiar la clave “U” que aguanta un nivel de discrecionalidad enorme para su ejercicio.
En la SEP lo saben. En la Comisión de Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) lo sabemos. Con eso, con lo destinado, no alcanza. No hay ninguna expansión posible y no se puede cumplir, estructuralmente, ninguna ampliación. De por sí los servicios son precarios. De por sí, los primeros años de la estrategia apenas vamos a poder darle un empujón a las visitas domiciliarias, porque no alcanza para infraestructura y sueldos de nuevos Centros de Atención Infantil que impliquen asistencia diaria. Y eso si la bolsa no es manoseada por el PT.
El despojo no cuesta, no les cuesta a los funcionarios de Hacienda que lo atoraron, ni a los funcionarios de Educación que debieron defenderlo, ni a los legisladores que ya gozan de sus puestos. Hasta ahora. Si Morena no quiere ser más de lo mismo, si los presidentes de las comisiones de Educación, Salud, Derechos de la Niñez, Gobernación y Presupuesto y Cuenta Pública no quieren ser motejados de incoherentes, se tienen que aplicar para revertir este atraco.
El costo no puede ir a los niños y sus familias; tiene que ir a quienes tomaron tan inopinadas decisiones, que no supieron defender lo que juraron preservar, que en campaña se llenaron la boca de cuánto les importaban los más marginados y cómo sí iban –no como sus antecesores y oponentes materialistas-neoliberales-sin escrúpulos– a hacer efectivo el interés superior de la niñez. Si no tienen costo, se produce el despojo. Pero les sale barato meterse con los más pequeños en México y negarles oportunidades porque no reaccionamos. Si alguien tiene que salir del encierro por la pandemia a recibir lo mejor son justamente aquellos que han pasado más tiempo de su vida encerrados, los bebés. Pero no va a ocurrir si no le mandamos a los adultos con poder este mensaje: el costo no será para ellos; el costo vamos a hacer que sea para ti.
