Desde el inicio del cierre de escuelas se advertía que no todos los estudiantes podrían cumplir con las actividades educativas a distancia. Países como España, Italia, Argentina o Dinamarca optaron por no dar peso en las calificaciones del alumnado a las actividades realizadas desde casa: en algunos casos se decidió por el aprobado general mientras que en otros se desestimaron las valoraciones numéricas o bien se continuaron las clases tomando estos ejercicios como meros repasos sin trascendencia en la acreditación. En el caso de México, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que para la valoración del último tramo del ciclo escolar se tomarán en cuenta criterios como los promedios de los periodos ya evaluados, así como la presentación de carpetas de experiencias de las actividades escolares a distancia, haciendo énfasis en que este elemento sólo se empleará para favorecer a los estudiantes pero no para perjudicarlos en caso de fallas o no haberlas presentado.
El riesgo de inequidad que tanto se advirtió al iniciar las actividades escolares a distancia finalmente se concretó no sólo en el acceso a los medios educativos, sino ahora en la asignación de calificaciones considerando las carpetas de experiencias. De acuerdo con lo expresado por Moctezuma Barragán, quienes presenten la carpeta de experiencias derivada de la realización de las actividades escolares remotas podrán ser beneficiados en las calificaciones que emitan los profesores y quienes no lo hagan simplemente no serán afectados. Dicho de manera simple: no se afectará a nadie, pero sí se favorecerá a algunos. ¿No representa esto una medida igualmente inequitativa? ¿Cuál es la proporción de los “no afectados” y los “beneficiados”? Es difícil saber en un país como el nuestro con contextos tan heterogéneos. Parece que tratando de conciliar las imposibilidades de algunos, con el esfuerzo de otros, se llegó a esta determinación. Tal conciliación, desde un inicio, se apreciaba complicada si no es que imposible.
No se intenta disimular o excusar a aquellos jefes de hogar que aun teniendo las posibilidades económicas y culturales para acceder a las actividades escolares remotas decidieron, por voluntad propia, no hacerlo, aunque seguramente la proporción de éstos es muy inferior a quienes, por dificultades de esa misma naturaleza, no pudieron contribuir al aprendizaje de sus hijos. Al dar luz verde a las carpetas de experiencia, la encrucijada era pues ya inevitable: considerarlas en la calificación sería una desventaja para quienes no accedieron a la educación a distancia, pero ignorarlas sería una falta de respeto al esfuerzo de quienes incluso con muchos sacrificios pudieron presentarlas. La autoridad educativa se decidió por la primera opción.
Es entonces que los docentes enfrentarán dilemas al asignar calificaciones: ¿será justo darle beneficios a los alumnos que presentaron evidencias de trabajo y no a quienes, por posibles dificultades, estuvieron inactivos? ¿es correcto negarle la oportunidad de mejorar sus promedios a algunos estudiantes de los cuales no puede asegurar una simple falta de disposición por el trabajo? ¿deben pagar los alumnos posibles imposibilidades o irresponsabilidades de los padres de familia o, peor aún, deben costarle las carencias de sus hogares? ¿qué tanto puede reflejar el número que asignarán lo realmente aprendido por los estudiantes en un momento tan particular como el que se está viviendo? Serán pues los profesores quienes resuelvan estos cuestionamientos que la autoridad educativa les transfirió.
Si bien se dice que el “hubiera” no existe, es inevitable mirar al pasado: tal dilema –tomar o no en consideración las evidencias del trabajo a distancia con sus respectivos riesgos de inequidad– pudo haber sido evitado por la autoridad educativa quizá parando (o pausando) el curso del ciclo escolar o bien planteando otro tipo de actividades educativas desde casa. Las múltiples voces de especialistas que clamaban por lo anterior fueron ignoradas, ante el avance de una estrategia que, de acuerdo a las cifras oficiales, ha tenido un éxito rotundo y su cobertura es prácticamente universal. Aunque se trató de disfrazar la inequidad dándole sólo valor positivo en las calificaciones a las actividades a distancia, lo anterior resulta simétrico a haber sancionado a quienes no realizaron éstas. Con esta acción, el gobierno federal coronó las críticas que desde un principio se dirigieron a los posibles riesgos de inequidad y exclusión de la estrategia educativa durante la pandemia.
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