A propósito de la armonización de la Ley General de Educación con la de los Estados, cabría hacer algunas reflexiones.
Indudablemente esta ley reglamentaria del artículo 3º. Constitucional es el eje rector, la que marca las pautas a seguir, pero que también presenta la oportunidad para que los Estados plasmen principios, preceptos, y acciones concretas, no meras expresiones de lo que se debería hacer, sino cómo se deberían hacer.
Tomando como referencia la idea de un colega con muchos años de experiencia frente a agrupo, comentaba que si de verdad se quiere lograr la inclusión en el medio educativo, debería establecerse en cada municipio mesas de trabajo o grupos de docentes que atiendan a las niñas, niños y adolescentes (NNA) con necesidades especiales y no es contrasentido, porque en muchas ocasiones el trato que se les da en la aulas se va a los extremos; también hay que reconocer que a falta de personal especializado, la autoridad educativa debería capacitar en este aspecto al colectivo docente, que los cursos o talleres sean los que se precisan tomando en cuenta los contextos tanto de las escuelas como de los docentes, no saturarlos de cursos por el simple hecho de cumplir con la capacitación.
En lo referente a la promoción de la interculturalidad, el respeto a las costumbre y tradiciones, en algunas entidades federativas se enseñaban la parte histórica y cultural de cada una de ellas con una asignatura estatal, cabría retomar esta parte formativa que destaque la inclusión social y el sentido de pertenencia; vale la pena mencionar que los espacios vacíos se llenan y hay que reconocer que asociaciones y agrupaciones sin fines de lucro en muchos momentos han asumido el liderazgo para fomentar estos valores culturales.
Por otro lado, sería pertinente preguntarles a las autoridades educativas locales ¿cuáles son sus proyectos para cada nivel educativo? ¿Cómo quieren proyectar los resultados del proceso educativo por nivel? ¿Cómo articular el proceso entre niveles? Es una labor que debe salirse del mero trámite administrativo, de pedir información, de reproducir información, cursos y convocatorias. Muchas maestras y maestros logran proyectos y experiencias exitosas, sin embargo, como se dice por ahí, nadie es profeta en su tierra, las autoridades educativas locales como se señaló se limitan a reproducir convocatorias para que participen los interesados sin importar el contexto de los docentes cuando la estructura formal debería dar seguimiento y promoción con el objetivo de ampliar la gama de estrategias didácticas.
Los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, aun cuando tiene definida sus funciones, deben tener una verdadera participación con agendas que vinculen su labor con las comunidades escolares, el apoyo a las escuelas no debe reducirse a lo material o para eventos deportivos, un ejemplo de promoción por decir algo, sería la exposición de trabajos de alumnos y alumnas de las comunidades (pinturas, poemas, experimentos, concursos de ajedrez) en los propios edificios municipales y otros espacios, por eso es que en la armonización de la ley a nivel estatal debe considerar acciones concretas.
Desde luego, garantizar una retribución acorde para las y los docentes que atiendan a más de un grupo, sean bidocentes o multigrado.
En cuanto a la revalorización del magisterio ¿Por qué no instituir el reconocimiento estatal al mérito docente por 25 años de servicio efectivo, en algunos de ellos se entrega, pero no en todos; cierto es que se le reconoce al magisterio por 30 y 40 años o más de servicios a nivel federal, ¿pero por qué no hacerlo a través de los congresos locales que reconozcan la función docente, que dejen huella en la base magisterial?
Mucho se podría lograr si se permitiera y diera crédito a la creatividad regional de los docentes que, a pesar de múltiples carencias y dificultades se las ingenian para inspirar los deseos de superación y capacitación de las nuevas generaciones y sus familias que confían firmemente en los míticos agentes de cambio: Las y los maestros.
