El gobierno federal tiene asignada, por mandato constitucional, la rectoría de la educación. Por ello, aunque no todo pasa en la cúspide de sus decisiones, sí resulta la fuente principal de las definiciones que afectan a millones de mexicanas y mexicanos; condiciona en buena medida el resultado y valor de su escolaridad, o de su falta de ella. Para hacer la historia del sistema educativo nacional, de sus principales aciertos y errores, es referencia obligada y natural hacer un relato por sexenios. ¿Qué balance podemos hacer en el medio término de esta administración? Van tres años, pero no se acaba de convocar a un proyecto.
La propuesta para educación de este gobierno es ambigua, contradictoria y de bajo logro. Abre mucho –planteles, programas, eventos; declara aún más– afirma sin probar, asume sin consultar, presenta números que son poco relevantes o poco verificables, o ambos, en solemnes afirmaciones. En el discurso de su vocero central, el presidente de la República ha prevalecido una narrativa de ruptura, sin matices ni autocrítica, con un guion simplón y recurrente: “antes lo que pasaba en educación era malo; ahora es distinto, es bueno, es justo”.
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Su principal oferta de campaña fue remover un andamiaje que su predecesor mucho ponderó: una reforma educativa. Uno y otro, Peña Nieto y López Obrador, se referían con ello al artículo tercero y las leyes secundarias que derivan de él, así como a la política pública de evaluación, y especialmente la evaluación de maestros. El presidente electo lo anunció, y en eso sí cumplió cabalmente: se cambió la Constitución y se eliminó el arreglo institucional de la evaluación, ejecutando –nunca mejor dicho– el cierre apresurado y desmesurado de la instancia autónoma de evaluación.
Lo que no dijo que iba a echar para atrás, pero lo está logrando con creces, es la capacidad mínima para atender educativamente a los más pobres. La tarea educativa nacional se está deslizando en pendiente pronunciada a caer a la asistencia pública, en su más rancio y echeverrista sentido, pero en su más moderna aplicación: tarjetas de plástico con transferencias para todos (los que se pueda). Ayer mismo, en la fiesta en el Zócalo, su mención a la educación básica fue: 75 millones de pesos en becas, regreso de millones de alumnos a clases presenciales, 60 mil planteles que recibieron apoyos económicos, mejorar los libros de texto, cancelar la reforma y evitar conflictos con los maestros.
La formación docente, los programas focalizados para indígenas y migrantes que se cancelaron, el reto socioemocional y de recuperación de aprendizajes… eso no es tema ni prioridad.
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Hay islas de excelencia, de congruencia y de resistencia, en todos los niveles y modalidades, en el trabajo callado y tenaz de funcionarios ejemplares. El deterioro institucional es acelerado, y sumado al reto inédito de la pandemia, con las complejísimas implicaciones del cierre y del regreso, amenazan con dejarnos un legado de una SEP casi inviable –pocas plazas, y menos expertos, todos los funcionarios mal pagados y, los que trabajan, sobresaturados– y un sistema más disperso que nunca: si de por sí teníamos brechas terribles según el contexto socioeconómico, ahora se suman dos fuentes más de desigualdad: la primera, la divergencia que hay al interior de cada grupo, que se acercan a la realidad de “multigrado”, por la muy diferenciada capacidad de respuesta de cada familia para apoyar a sus hijas e hijos en el largo encierro de la pandemia, sumada a una segunda, que es la divergencia de cada estado de la República y cada escuela para establecer su pauta y escalonamiento de regreso… hoy hay estudiantes de 4º de primaria que literalmente van en su tercera clase del ciclo, o no han siquiera regresado a sus escuela, mientras que otros asisten diario desde septiembre. La dispersión de aprovechamiento y la falta de oportunidades que va a generar este bache, porque la autoridad sigue concentrada en su discurso justiciero pero limitado a subsidios, les va a salir costosísima en su vida a las hijas e hijos de México.
El sexenio comenzó con augurios positivos: un proceso territorial de consulta, en el que finalmente la CNTE tuvo posibilidad –y sin duda, preferencia– para airear sus agravios y exponer sus demandas. Siguió un trabajo complicado, pero con cierta pluralidad, para ajustar el artículo tercero; quedó un texto abultado y prolijo en su descripción de contenidos, pero todavía creando un marco de inclusión, en el cual el aprendizaje como foco y la inclusión y equidad como requisito se plasmaron con razonable equilibrio.
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Reviviendo un referente apreciado por muchos, la ‘Nueva Escuela Mexicana’ –por cierto, referente iniciado dos sexenios atrás por Lorenzo Gómez Morín, como subsecretario de Educación Básica, y su equipo– se convocó a una etapa de enriquecimiento del currículum, de renovación de las prácticas, de participación de los distintos agentes que podía convocar aspiraciones superiores para sacar de sus trincheras y sentar a colaborar a quienes podían verse como antagonistas.
Pero desde el mayoriteo y cerrazón que nos dejaron tres leyes secundarias de enormes deficiencias, el malestar creciente de los maestros a quienes se les alaba en la bocina pero se les desprecia en las promociones, vacunas y mínimas condiciones de sanidad en las escuelas, hasta la tragedia de que educación inicial –de cero a tres años– es ya un nivel de la educación básica pero se le escatima institucionalidad, educadoras y el presupuesto requerido, vamos sin proyecto. Dar a los pobres sería un gran proyecto si de verdad se concentra en dar oportunidad de aprender. Hay tiempo de recapacitar; quedan tres años todavía.
