Hace unas semanas escuché a un funcionario público quejarse de la “baja calidad” de la sociedad civil organizada; desde su perspectiva, se dedica a criticar, no a proponer. Una semana después, varias organizaciones fuimos convocadas por una instancia de gobierno para conocer –en pantalla– un documento complejo y largo, y dar nuestra opinión. La respuesta de casi todos fue: “Si pudiera ver el documento completo y tener tiempo, podría dar comentarios más profundos y relevantes…”.
Al salir tuve un deja vu. Me recordó las reuniones en 2017 en la SEP para presentar a la sociedad civil el nuevo modelo educativo, la estrategia de inclusión, de fortalecimiento de las normales, de inglés. Todas con el mismo modus operandi: muestro el documento, pregunto qué piensas y agradezco tu participación. Estamos a poco más de un mes de la “fecha fatal” para la aprobación de tres leyes en materia educativa.
El 12 de septiembre deben quedar aprobadas la Ley General de Educación, la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Sin embargo, las iniciativas para las últimas dos no son del conocimiento público.
Como los legisladores han dicho, establecer el marco normativo para la educación con base en una reforma constitucional es una tarea con consecuencias significativas para México y decenas de millones de personas, que se debe tomar con seriedad e incorporar la voz de amplios sectores de la sociedad.
La necesidad de formar un “acuerdo nacional” sobre educación formó parte de la explicación, hace dos semanas, respecto de la decisión de no discutir la iniciativa para la Ley General de Educaciónen sesión extraordinaria. Sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó cancelar las audiencias públicas para escuchar la opinión de la sociedad sobre esta iniciativa y las demás leyes pendientes. A la fecha, a cinco semanas de su aprobación, no conocemos dichas iniciativas.
Promover que la educación sea realmente un proyecto social, construido colectivamente, requiere garantizar la participación activa de niñas, niños y jóvenes, así como sus familias, docentes y otras personas en las escuelas, pueblos y comunidades indígenas, y afrodescendientes, personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores sociales.
La participación activa implica no sólo dar ideas generales sobre el deber ser, sino ser informados para poder retroalimentar y proponer elementos concretos sobre documentos oficiales.
Un acuerdo social se construye sobre iniciativas reales, documentos públicos y procesos transparentes. Pero las últimas semanas han estado repletas de especulaciones sobre borradores filtrados y críticas a documentos difundidos, pero después desconocidos. Esperamos ver señales de una actuación distinta en los días que vienen. Presentar oficialmente las iniciativas de las leyes secundarias a la opinión pública sería un gran comienzo.
Publicado en El Heraldo de México.
