Para la organización civil Mexicanos Primero, los resultados de la auditoría a la nómina magisterial presentados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) representan un avance en los esfuerzos “por transparentar y regular la nómina docente entre autoridades y sociedad civil en su conjunto”.
Si bien la organización reconoce este avance, dejó en claro que dicho problema de mal gasto educativo persiste en la entidades del País.
“Los resultados demuestran avances, aunque el problema histórico sobre el (mal) manejo de la nómina magisterial persiste”, afirmó.
En un comunicado de prensa, la ONG hizo cuatro precisiones sobre el origen de los pagos irregulares que aun se destinan al pago de personas que no están en las escuelas.
Y es que Mexicanos Primero consideró que los resultados de la auditoría demuestra que se sigue “subsidiando a la burocracia educativa con dinero de la nómina docente”.
Además advirtió sobre la falta de “mecanismos efectivos de regulación de la federación hacia los estados, respecto a la forma y los tiempos para reportar los movimientos de la plantilla docente en los estados”.
Del mismo modo refirió al “desorden administrativo en los Estados”. Lo anterior con base a la cifra revelada por la SEP sobre las 10,553 plazas “no localizadas”.
“Este número representa una disminución importante desde los 39,222 identificadas con esta situación en el CEMABE. Si bien no significa necesariamente ilegalidades, sin duda habla del desorden en el manejo de la nómina docente a nivel estatal que facilita las irregularidades”, explicó.
Por último señaló sobre el “cómo y cuánto se (mal) gasta en las nóminas docentes locales“, en virtud de que los ejercicio de transparencia en la nómina magisterial se debe a “la introducción de mecanismos de transparencia y regulación” a nivel federal, no así en los Estados, en donde son inexistentes.
En ese sentido, Mexicanos Primero hizo una serie de exigencias a las autoridades correspondientes:
-Al gobierno de la República, para que establezca mecanismos efectivos de regulación y sanción para asegurar un mejor flujo de información desde los estados.
-A la SEP, para que estos ejercicios se sistematicen, a fin de contar con una metodología transparente, obligatoria y de rutina para todos los agentes involucrados.
-A la ASF, para que, como ha hecho en años anteriores, inicie procedimientos para recuperar el dinero desviado y para sancionar a servidores públicos involucrados, así como presentar las denuncias necesarias.
-A los gobiernos estatales, para que repliquen estos ejercicios de auditoría en sus nóminas locales, se transparenten los procesos, se apliquen sanciones y ordenen administrativamente su proceso.
-Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las facciones disidentes que se identifican como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a que se comprometan a nunca más usurpar un lugar de un maestro frente a grupo o en tarea de asistencia pedagógica.
