Hace unos días se presentó el proyecto de la Ley General de Educación (LGE). La iniciativa propone abrogar la actual ley y presentar una nueva; esto a raíz de la reforma al artículo 3º constitucional que establece nuevos criterios para la educación.
Debe ser equitativa, inclusiva, integral, intercultural y de excelencia, y la LGE tiene la tarea de detallar cómo el Estado –y la sociedad– cumplirá con este mandato.
Con respecto a la educación inclusiva es necesario fortalecer la iniciativa de LGE para alinearla con el artículo 3º constitucional.
La definición de educación inclusiva, más que presentar una lista cada vez más larga, pero incompleta de causas de marginación, debe enfocarse en la eliminación de “toda forma” de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que representan barreras para el aprendizaje y la participación de niñas, niños y jóvenes (NNJ).
La educación inclusiva se garantiza en un sistema flexible y participativo, que responda a las necesidades e intereses de cada persona.
Es necesario flexibilizar, desde la LGE, componentes del sistema educativo como el currículum. Debe ser responsabilidad del gobierno federal establecer planes y programas de estudio, pero se debe facultar a las autoridades estatales y a las escuelas para realizar ajustes y adiciones según las necesidades, intereses y características de los NNJ.
Aunque la iniciativa prevé la participación de “los educandos” en diversos momentos, la deja completamente fuera de otros fundamentales: la construcción de los modelos educativos, el desarrollo de planes y programas de estudio, las prioridades para el uso de recursos de infraestructura y otras decisiones para su propia inclusión.
Para la eliminación de barreras, es imprescindible establecer un sistema de información y diagnóstico temprano; atención especializada por equipos interdisciplinarios, priorizando la educación inicial, preescolar y primaria; formación con todos los actores de las comunidades escolares –y del sistema educativo– para promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes, así como formación específica a cada docente para la identificación temprana de barreras para el aprendizaje, y la participación; y la suficiencia presupuestal para cumplir obligaciones y acciones.
La iniciativa representa una oportunidad para establecer con claridad la educación especial como apoyo complementario para la equidad y la inclusión, disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, y el derecho de toda persona de recibir educación plurilingüe e intercultural, estando o no en una escuela clasificada como de “educación indígena”.
Para cumplir con el mandato constitucional y garantizar el derecho a una educación incluyente se debe partir de una visión de inclusión amplia y concretar, en la ley, acciones orientadas a la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Así tendremos una LGE realmente nueva.
Publicado en El Heraldo de México.
