Durante los años 2020 y 2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, y los organismos descentralizados que administran la educación básica en las entidades federativas, pierden día a día credibilidad y confianza con las profesoras y los profesores de educación básica y media superior, sobre todo con aquellas y aquellos que tienen experiencia en el sistema educativo público como docentes, asesores técnicos o directores escolares, y que han sido injustamente “rechazados” en sus intentos por promoverse tanto en forma horizontal como vertical.
Las figuras educativas esenciales de la estructura escolar pública, no han sido aceptadas o han sido “boicoteadas” para evitar que concursen por una plaza de ascenso o promoción, o para obtener incentivos económicos, debido a inconsistencias de procedimiento, creadas –al parecer intencionalmente-, por la propia burocracia educativa.
Los casos más frecuentes tienen que ver una serie de contradicciones generadas a partir de las interpretaciones que se hacen en torno al famoso “perfil profesional”. Con ese falaz argumento han quedado fuera docentes, directivos escolares y asesores técnicos con experiencia, quienes han realizado estudios de licenciatura o maestría en instituciones distintas a las Escuelas Normales (básicas). Tales son los casos de egresad@s de la Universidad Pedagógica Nacional; de diferentes Universidades Públicas que forman a profesionales de la educación, así como a quienes han cumplido con programas de estudios profesionales o de posgrado en escuelas normales o universidades privadas. ¿De qué se trata esta política de discriminación y exclusiones profesionales? ¿Cuáles serán los costos que se producirán en el mediano y largo plazos, en términos de desplome académico y educativo de la escuela pública?
Maestras y maestros que cuentan con más de 15 o 20 años de experiencia docente o directiva en la escuela pública y que se han preparado académicamente (a través de estudios de licenciatura y posgrado en educación), han quedado al margen de los concursos porque la normatividad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), no les ha permitido continuar en el proceso por detalles de forma o procedimiento, pero no por carecer de preparación de tipo académica.
¿Tiene lógica de miras profesionales altas esa línea de políticas públicas educativas de exclusión?
Evidentemente, no. Más bien, esto es injusto y contradictorio, porque lo más importante es que se les permita concursar, en igualdad de condiciones, y dejar que demuestren sus capacidades académicas y profesionales, así como dar a conocer su experiencia pedagógico-didáctica y de gestión en el aula y los centros educativos.
¿O es intencional, por parte de la SEP, que se pongan en práctica este tipo de políticas inflexibles y de puertas cerradas? ¿Lo que buscan las autoridades educativas, federales y estatales, es contratar o promover sólo a quienes cuentan con estudios de normal básica, sin que hayan tenido el compromiso de prepararse más allá de esa formación elemental?
Reitero lo que he planteado desde hace unos meses en este mismo espacio: Por lo que veo, todo parece indicar que, con estas políticas educativas y administrativas de exclusión, lo que se busca es “premiar al mínimo esfuerzo” académico y las más cortas trayectorias o experiencias profesionales.
De continuar este tipo de políticas públicas educativas en los esquemas oficiales de promoción (horizontal y vertical), así como en la admisión al servicio público docente, lo que veremos en unos años es la generalización de bajos perfiles académicos, educativos y profesionales en la estructura y funcionamiento de la educación básica y media superior. ¿Eso es lo que buscan tanto las autoridades educativas, federales y estatales, como la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)?
Si esto es así, a todas luces estamos frente a un lamentable desacierto institucional. O ante una equivocada orientación de las políticas públicas en este sector clave de la vida nacional: la educación.
“Reforma Educativa” de la “4T”
Con este cuadro de hechos, el rumbo que toma, hoy, la “Reforma Educativa” de la “4T” es de un grave retroceso, puesto que se cierran las puertas y las oportunidades para aquell@s trabajador@s de la educación que han participado en los diferentes esquemas de “nivelación”, “actualización” o “profesionalización”, que la propia SEP puso en marcha durante las décadas pasadas en el país, tanto para educación preescolar como para primaria y secundaria, entre otros niveles y modalidades educativos.
Dada la gravedad de la situación, he consultado a algunas y algunos colegas que tienen experiencia sindical, a quienes les he manifestado mi preocupación por el lamentable tono que han tomado estos procesos. Al respecto, me indican que, si hubiera voluntad política y administrativa, por parte de las autoridades educativas federales (SEP), ya se habría publicado una “adenda” o una indicación normativa complementaria, en el sentido de que son tan válidos los títulos o grados otorgados por las instituciones de educación superior (públicas y privadas), que otorgan grados académicos en educación, distintas a las Escuelas Normales, como lo son los de ofrecen éstas.
Está sobre la mesa la posibilidad de que las políticas públicas para la promoción de docentes y directivos, del sistema educativo nacional, camine por un rumbo de mayor flexibilidad, además de más diverso y de alto nivel profesional, sin bajar la guardia en el rigor académico.
Es tiempo y oportunidad para recuperar (más allá de la coyuntura electoral), la credibilidad, la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones educativas nacionales y estatales. De lo contrario, tendríamos un desplome de las estructuras más firmes del sistema educativo, así como de los deseos de una eventual transformación de la educación pública, desde la lógica de la “4T”, y con ello la caída de la, de por sí endeble, “Nueva Escuela Mexicana”.
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