Los poderes Ejecutivo y Legislativo federales marchan sincronizadamente en el trabajo político de revertir las agresiones que la reforma educativa PRI-2013 propinó a los docentes.
El Presidente López Obrador, el secretario Esteban Moctezuma Barragán, el poder legislativo federal, los partidos políticos (bajo consenso) y diversas agrupaciones de la sociedad civil han empujado hacia adelante la reforma educativa 2019. Pero no todo el gobierno federal está de acuerdo. Hay funcionarios que extrañan la prepotencia de la administración anterior y mandan de paseo las indicaciones presidenciales.
Uno de los casos emblemáticos de la SEP, que por su prepotencia y arbitrariedad ya tiene denuncias en la Secretaría de la Función Pública es Tomás Chávez Nava, quien el sexenio pasado se dedicó a golpear con saña a docentes de su área. Concluyó el sexenio anterior, se quedó en la misma área y desde allí le tira zancadillas al presidente y al secretario. Veamos un caso real:
Podemos suponer que si un docente que fue cesado en 2017 con fundamento en la Ley General del Servicio Profesional Docente solicita su reinstalación en diciembre de 2018, bajo la nueva administración, se le debe responder (ortodoxamente) más o menos lo siguiente: “La norma por la que usted, docente fulano, fue separado del servicio sigue vigente. Hay que esperar a su abrogación para dejar sin efectos los actos derivados de ella y así buscar una solución al caso particular”. Esta sería la redacción impecable. Esta debería ser la impecable respuesta de un funcionario que actúe con decencia e imparcialidad, pero no.
Tomás Chávez Nava (TCN), funcionario que es herencia de la administración federal anterior y que despacha en Avenida Universidad 1200, CdMx, en la SEP-Uemstis, tel. 55.3600.22511, ext. 60531, cuando la iniciativa presidencial ya estaba en marcha desde el 12 de diciembre de 2018, en oficio del 29 de enero de 2019, como asesor jurídico del subdirector de la zona sur de la Uemstis, Erick López Álvarez Tostado (ELAT), contestó la siguiente majadería:
“Por instrucciones superiores y en atención a su escrito de fecha 11 de diciembre del año 2018, dirigido al Lic. Héctor Garza González, Titular de la Unidad de Administración en la Secretaría de Educación Pública, mismo que fue turnado a esta Jefatura de Unidad mediante el oficio No. 4830, con Ref: OM-2018-004372-1-1, por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de otorgarle la respuesta correspondiente. Sobre el particular le informo que su petición reiterada ha sido debidamente atendida en tiempo y forma, según oficios 220(3.31)633/2017 de fecha 16 de agosto de 2017 y 220(3.31)674/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017, así como en con los (sic) correos electrónicos de 04 de septiembre de 2017 y 20 de marzo de 2018, mismos que se agregan al presente para pronta referencia. Documentos en los que se mencionan las razones por las cuales no es procedente atender favorablemente su petición de reinstalación.” Y adiós. Diagonales del oficio: ELAT/TCN/.
Insisto que el docente que recibió esa brutalidad majadera como respuesta fue despedido con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente y la reversión de esta ley está contemplada en el trabajo político presidencial y legislativo. ¿Hasta cuándo, secretario Moctezuma, se va a seguir tolerando las agresiones, dolo y mala fe de Tomás Chávez Nava? ¿Hasta cuándo se tolerarán las majaderías y traiciones a espaldas del presidente López Obrador a quien le tira golpes un día sí y otro también? ¿Va a marchar así operativamente la reforma educativa, con funcionarios que mandan de paseo las indicaciones presidenciales? Aquí hay un ejemplo documentado de negativa a reinstalar. Hablo de la actitud de dolo y mala fe. Vemos, con desesperación, que la SEP no logra aprehender la totalidad de la problemática a la que se enfrenta, con enemigos internos, mientras los agraviados esperamos en casos que se pueden resolver desde ya. Secretario Esteban Moctezuma: deseamos soluciones. No tenemos a quien recurrir.
