El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2022 asigna un monto mayor para los edificios, pero en lo que hace a la escuela como comunidad de aprendizaje, significa un retroceso. No les dieron, les quitaron en lo sustantivo. Les despojaron.
La desaparición de programas para indígenas, migrantes, tiempo completo, convivencia y otros rubros, literalmente empobrecen la experiencia de millones de niños. La desaparición de programas, sin atender a las evaluaciones positivas de Coneval, sin analizar los resultados, sin justificación, sin sustituto ni mitigación es despojo, es robo. Un robo más grave por generalizado, un robo más difícil de combatir que el saqueo y vandalización que sufrieron algunas escuelas durante el cierre, porque aquí la afectación es estructural; enorme, pero invisible para la mayoría de la población.
No podemos coincidir con una visión en la que las escuelas sólo son pisos y techos, mientras que en sus jornadas de trabajo se les condena a una regresión y pérdida en aquello que les permite funcionar como ambientes de aprendizaje. Con el gasto que este Presupuesto contempla, hay violación al principio de progresividad en el ejercicio de los derechos de niñas y niños.
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Los diputados de la mayoría no festejaron que atendieron al mandato de los ciudadanos a los que dicen representar, y más bien celebraron que siguieron las indicaciones del presidente, borrando en la práctica la distinción de poderes que debe estar al centro de toda democracia verdadera. En educación, los grandes perdedores del Presupuesto son los niños y los maestros. Los legisladores les fallaron, y las consecuencias pueden ser muy graves en el tiempo. Este Presupuesto, para niñas y niños, es un fracaso. En el momento de máxima necesidad no se asignaron recursos extraordinarios, y se redujeron los que había.
Robo y fracaso son dos términos de alto calibre; refiere situaciones dolorosas, que implican indignación pero que, desde nuestra perspectiva, exige una respuesta que no puede ser la conformidad y la resignación, sino la inconformidad creativa y la propuesta de corrección y superación.
Interpusimos un amparo ante la negligencia e inacción para que al menos esté garantizada el agua en cada escuela. El espacio digno y seguro es clave, pero no basta; hemos estudiado por muchos años la importancia de los programas que fortalecen las actividades en la escuela, y no sólo la inversión en los salones físicos.
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Si algo demostró la pandemia, es que la escuela es mucho más que sus instalaciones: es sobre todo la interacción efectiva entre maestros y alumnos, la coordinación con las familias y la comunidad que rodea el plantel. Lo que muestra el Presupuesto para 2022 es que hay más dinero para becas y para instalaciones (y todavía con graves problemas a resolver sobre la focalización y la opacidad para la entrega de los recursos), pero sin el complemento y culminación que debe haber en las actividades diarias de niñas y niños para que se cumpla su derecho a aprender.
El aumento a becas masivas sigue siendo insuficiente para compensar las principales carencias; pero además, como no tiene focalización adecuada, produce el efecto de consolidar las brechas, en lugar de cerrarlas. A los menos necesitados, les sirve de complemento para gastos no vitales; mientras que, para los más necesitados, ese apoyo es apenas un paliativo temporal que no rompe de verdad la exclusión. Su propósito final no se cumple, si los estudiantes llegan a escuelas en las que los procesos están deteriorados, los maestros inconformes, y no se aprende lo que requieren para su despliegue pleno.
A las niñas y niños les están robando aquello que es su derecho, se están poniendo en vilo sus oportunidades. Nuestro repudio a este error del Legislativo se convierte en responsabilidad para proponer, exigir y colaborar con la SEP para que ahora, en el ejercicio, se puedan corregir algo de estas malas decisiones. No podemos rendirnos, y vamos a insistir con tenacidad.