e han efectuado 18 reuniones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el Presidente de la República en las que se han resuelto temas pendientes por las secuelas de la reforma educativa anterior; no obstante, la atención a las consecuencias por la instalación de los cambios de la Cuarta Transformación y su tropicalización en los estados no tiene avances significativos.
Desde la última interlocución con Andrés Manuel López Obrador han pasado ocho meses, a pesar de que la CNTE ha insistido en varias ocasiones en la restauración del diálogo en Palacio Nacional. La última propuesta que hizo a la disidencia magisterial con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, tenía como candado temático el regreso a clases presenciales.
Si bien es un acontecimiento inusual que durante la conferencia mañanera se dé voz a la representación gremial, en este caso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no fue una decisión casual ni con el único propósito de legitimar la apertura física de las instituciones educativas. La negativa a la reinstalación del diálogo con la CNTE es síntoma de que no fue posible construir un consenso para aterrizar el proceso de reformas educativa, fiscal, laboral y pensionaria que afectan a los trabajadores de la educación, de ahí que se recurriera al sindicato, siempre dispuesto a aplaudir y ser promotor de cualquier disposición oficial, así sea contraria al trabajador o a la vida de la comunidad escolar.
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La designación presidencial de Delfina Gómez como titular de la SEP no ignoraba su simpatía –ahora declaración confesa– con Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE. Su filiación al sindicalismo patronal la convirtió en la mejor opción para aparentar un acuerdo consensuado con el magisterio a fin de aplicar el régimen de excepción laboral y de disolución del sindicato por medio de la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros, la absurda petición de declaración patrimonial y de intereses al profesorado precarizado, los raquíticos aumentos salariales y la imposición del regreso a las clases presenciales.
El incidente del presidente López Obrador con la sección 7 y 40 del sindicato en Chiapas, afiliados a la CNTE, se pudo evitar. Desafortunadamente podría abrir mayores distancias y allanar el camino a tres años más sin democracia sindical y sin revalorización del magisterio. En estas condiciones no sería posible una reforma pedagógica que se aleje de la que impuso Aurelio Nuño en 2016, ni un verdadero fortalecimiento de las escuelas normales y tampoco cambios constitucionales de fondo en el artículo 3° y sus leyes secundarias. La única vía para evitar este desenlace, radica en el restablecimiento del diálogo con la organización magisterial más visible del país que se ha dedicado a colocar sobre el debate nacional la necesidad de un proceso democratizador de la educación y del sindicalismo: la CNTE.
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Los conflictos magisteriales de Chiapas y Michoacán no responden a intereses particulares creados por sus líderes. Los gobernadores Rutilio Escandón, de Morena, y Silvano Aureoles, del PRD, son la misma versión de la derecha que hace el trabajo sucio y sin escrúpulos para asfixiar a dirigentes y militantes de la CNTE. El primero se apropió de los fondos de la caja de ahorro de los maestros y el segundo dejó de hacer los depósitos que les descuentan a los trabajadores estatales de la educación al fondo de pensiones civiles para el retiro y para el pago del servicio médico del Issste. Ambos retienen las cuotas de los sindicalizados para entregarlas a las fracciones patronales del SNTE. Los dos desconocen los procedimientos democráticos que impiden el derecho de los maestros a la movilidad de sus centros de trabajo y los ascensos en puestos directivos; reprimen, criminalizan y buscan el aniquilamiento de las normales. En síntesis, mientras Escandón retiene desde hace meses el salario de la representación magisterial, Aureoles dejó de pagar a 28 mil maestros estatales.
No existe ningún elemento que identifique la lucha magisterial con los sectores de la derecha. Por el contrario, en torno a ella cierra filas el movimiento sindical de la izquierda que se fajó contra los neoliberales en los tiempos más represivos del sistema. La intención de relacionar a la CNTE con la derecha golpista y con Claudio X. González, enemigos históricos de los maestros y de la educación pública en México, no tiene ningún sustento real, tan sólo es producto de un eventual desencuentro que no debe leerse sin el precedente de una organización que tiene cuatro décadas de resistencia sindical, política y pedagógica literalmente “a muerte”
contra el neoliberalismo. Como señaló un compañero: “No se juntan los extremos […] sino se juntan las posiciones de quienes creen que la lucha de los maestros es un espacio para exhibir sus fobias”.
