Uno de los efectos más severos de la pandemia por COVID-19 es el aumento del hambre. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), “en 2020 sufrieron hambre unos 118 millones de personas más que en 2019” (2021, p. 5). En el mismo lapso, aumentó considerablemente el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave (320 millones más que el año previo), mientras que en 2020 casi una de cada tres personas no pudo acceder a una ingesta alimentaria conveniente (FAO, 2021, p. 5). De acuerdo con la organización, “la pandemia de la COVID-19 ha agudizado las tendencias desalentadoras [en alimentación] que ya se observaban antes de la crisis” (FAO, 2021, p. 22).
El hambre es una de las expresiones más crueles de injusticia social. Pese a que el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad es reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se calcula que en México una de cada tres personas (34.9%) padece inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que 9 millones se encuentran subalimentadas (FAO, 2020, p. 202). Como es sabido, las consecuencias de la alimentación deficiente no sólo se limitan al ámbito de la salud personal, sino que penetran en otras áreas como la laboral o la educativa. En ese sentido, la reanudación de actividades educativas presenciales, después de un largo confinamiento, debería tener presente el factor alimentario.
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No deben desestimarse las consecuencias de la mala alimentación en el rendimiento académico de los estudiantes, sobre todo cuando se busca recuperar aprendizajes perdidos durante el confinamiento, así como recuperar la matrícula, cuando la pandemia ha provocado un aumento del abandono escolar. No es necesario profundizar en los efectos adversos que una mala nutrición puede tener sobre las posibilidades de aprender o de asistir a la escuela. Considerando estas dos prioridades (asistencia y aprendizaje), es evidente la conveniencia de procurar la implementación o el reforzamiento de programas que garanticen a los educandos un adecuado consumo alimentario, sobre todo en los contextos de mayores carencias, en los cuales difícilmente niños y jóvenes pudieron ejercer su derecho a la educación durante el confinamiento y en los que incluso se presume habría mayor riesgo de que nunca regresaran a las escuelas.
Las instituciones escolares son un importante espacio para reducir los efectos del hambre: “hay al menos 368 millones de estudiantes [en una muestra de 169 países] en edades de pre-primaria, primaria y secundaria recibiendo alimentación a través de sus escuelas” (Programa Mundial de Alimentos, 2013, p. 89). Desafortunadamente, la disponibilidad de comida en las escuelas no se distribuye por igual, siendo también uno de los múltiples factores que refuerza la inequidad en los sistemas educativos: “los países en donde la cobertura de los programas [de alimentación escolar] es la menos adecuada son, por lo general, en aquellos en donde la necesidad es mayor” (Programa Mundial de Alimentos, 2013, p. 89).
Las políticas públicas en general, y educativas en lo particular, deberían atender al problema del aumento del hambre. No se puede pensar en tener éxito educativo cuando asisten diariamente a las escuelas niños hambrientos. No es casualidad que países referentes del logro educativo, como Finlandia, finquen su éxito en medidas tales como que “los alumnos que asisten a la escuela deben recibir una comida equilibrada y debidamente organizada y supervisada gratis todos los días escolares” (Finnish National Board of Education, 2008, p. 3).
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En México, es en las escuelas del medio rural donde deberían impulsarse con mayor fuerza los programas de alimentación: ahí se concentra la mayor prevalencia en indicadores como bajo peso o baja talla en población menor de cinco años: 6.4% y 18.9%, respectivamente, cifras contrastantes con las del medio urbano (3% y 10.2%, en el mismo orden) (CONEVAL, 2018, pp. 100 y 101). Las escuelas indígenas, a su vez, deberían también contar con apoyos adicionales, en términos alimentarios: 31.5% de la población indígena presenta carencias de acceso a la alimentación (CONEVAL, 2018, p. 99). Después de casi dos años de iniciada la pandemia, las cifras podrían ser aún más graves en los contextos mencionados.
El regreso a la escuela debería considerar el problema del hambre, sobre todo en los contextos de mayor adversidad. El debate se ha centrado en aspectos, cuya importancia no se puede negar, como la infraestructura escolar, la disponibilidad de insumos para el cuidado sanitario o la claridad y pertinencia de los protocolos. Sin embargo, la discusión debe ampliarse hacia temas como el incremento del hambre a partir de la pandemia y sus evidentes repercusiones en la vida escolar. No podemos exigirle a niños y jóvenes que regresen a las aulas cuando su preocupación y la de sus familias sigue siendo conseguir los medios para hacerse de los alimentos del día, ni podemos esperar que recuperen los aprendizajes perdidos, cuando fisiológicamente ni siquiera se encuentran en condiciones óptimas para aprender.
REFERENCIAS
CONEVAL. (2018). Estudio diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 2018. México: autor.
FAO. (2020). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. Roma: autor.
FAO. (2021). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y dietas asequibles y saludables para todos (Versión resumida). Roma: autor.
Finnish National Board of Education. (2008). School meals in Finland. Investment in learning. Helsinki: autor.
Programa Mundial de Alimentos. (2013). El estado de la alimentación escolar a nivel mundial. Roma: autor.
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