La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 106 votos a favor, una reforma constitucional que establece un sistema de vivienda de carácter social para beneficiar a las trabajadoras y trabajadores.
La modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitirá la creación de un sistema que facilite créditos accesibles y suficientes para la adquisición, mejora, compra de terrenos o construcción de viviendas.
La reforma establece que la ley determinará los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a viviendas en arrendamiento social, con el derecho de adquirirlas eventualmente. Asimismo, se especifica que la renta mensual en estos esquemas no podrá superar el 30% del salario de las personas trabajadoras.
Alfonso Cepeda Salas, representante de Morena, subrayó que esta reforma beneficiará a 55 millones de trabajadores, quienes podrán adquirir, construir o remodelar una vivienda mediante créditos accesibles y equitativos. Resaltó que se trata de una reforma con enfoque humanista, destinada a mejorar el bienestar familiar.
Desde el PAN, Miguel Márquez Márquez expresó su respaldo, resaltando que esta iniciativa ayudará a reducir el déficit habitacional en el país y ofrecerá la opción de construir una vivienda propia o acceder a un modelo de arrendamiento social.
Por su parte, Mely Romero Celis, del PRI, lamentó que el dictamen excluya a trabajadores informales, que representan el 50% de la fuerza laboral, y propuso legislar para extender este derecho a todos los trabajadores.
Virginia Marie Magaña Fonseca, del PVEM, destacó que el dictamen incorpora el concepto de “arrendamiento social”, lo que permitirá que las personas trabajadoras renten una propiedad con la posibilidad de comprarla en el futuro, brindándoles seguridad y estabilidad.
Desde el PT, Alejandro González Yáñez subrayó que la reforma busca que la vivienda sea un derecho fundamental, no una mercancía, y pretende mejorar la situación de déficit, abandono y hacinamiento que afecta a millones de familias mexicanas.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, instó a reforzar la reforma con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de exigir la regularización de los trabajadores informales.
Durante la discusión en lo particular, legisladores del PRI, como Carolina Viggiano Austria y Anabell Ávalos Zempoalteca, así como Ivideliza Reyes Hernández, del PAN, presentaron reservas para modificar el dictamen, las cuales no fueron aceptadas. Finalmente, el proyecto fue aprobado en sus términos con 103 votos a favor y fue remitido a las legislaturas estatales para su ratificación.
