Hace algunos meses tuve un brevísimo intercambio de ideas en Twitter con una ex consejera del Instituto para la Evaluación Educativa (INEE). Al cuestionar los efectos de su cercanía con la Fundación Empresarios por la Educación Básica –de la que Esteban Moctezuma fue vicepresidente poco antes de la elección presidencial– la reconocida investigadora me respondió sin preocupación alguna que tal organización estaba formada por “empresarios que aportan apoyo a escuelas públicas. Sin otra pretensión que la de apoyar a los niños”.
El convencimiento con el cual emitió su respuesta no me extrañó, debido al cada vez más pronunciado triunfo cultural que a nivel internacional ha obtenido el ideario educativo de mercado entre una muy significativa franja de quienes diseñan, promueven y también ejecutan las políticas educativas. Para ciertos sectores de expertos en el tema, ministros de educación, consultores y docentes, la intervención programática y orgánica de actores ajenos al ámbito educativo (ligados principalmente al mercado y al llamado Tercer Sector) en la provisión de ese servicio público es sinónimo de eficiencia en el gasto, “innovación” en el diseño de las políticas y satisfacción para las familias. Por eso no se cuestiona el impulso de formas gerenciales de autogestión escolar, de construcción de alianzas público-privadas, de gobernanza educativa con intervención de grupos de interés, entre otros.
Desde hace algunos años, el debate nacional sobre la reforma educativa ha sido impulsado en gran medida por organismos privados que tras la bandera de la educación de calidad han posicionado proyectos que buscan reconfigurar el sistema educativo bajo una lógica de competitividad, orientados por visiones eficientistas del proceso escolar.
La experiencia internacional y nuestra propia historia reciente nos muestran que a menudo la intervención de organizaciones de la sociedad civil proempresariales, fundaciones corporativas o asociaciones filantrópicas en el campo educativo público comprende un fin mucho más amplio que únicamente el de “aportar apoyo a escuelas públicas para apoyar a los niños”. En su práctica, persiste una búsqueda de beneficio o lucro que se consigue bajo distintas formas.
Se lucra cuando los privados diseñan la oferta de servicios educativos, por ejemplo, en lo relativo a profesionalización docente, educación inclusiva e inicial o educación musical; cuando grupos de interés reciben financiamiento del Estado para impulsar en el ámbito de lo público proyectos privatizadores; a través del pago a prestación de servicios o vía alianzas público-privadas, y se lucra también cuando la perspectiva social del mundo de actores privados se convierte en dominante con el beneplácito del gobierno.
El sexenio anterior fue paradigmático en esta materia. Además de que grupos de interés del mundo editorial hicieron un gran negocio debido a su cercanía con el poder político, el gobierno mexicano financió proyectos educativos de organizaciones como ExEB, Suma por la educación y Únete, promotoras de la reforma educativa. Según datos oficiales,1 Exeb recibió aportaciones de 9 millones 963 mil 771 pesos en 2014 y 5 millones en 2016, que se sumaron a los 10 millones recibidos en 2012 para promover su modelo gerencial de autogestión escolar. Por su parte, Suma recibió aportaciones por 3 millones 100 mil pesos en 2013 y en 2014, y 2 millones en 2016 para impulsar sus proyectos de participación social en la educación y “reproducir videos y animaciones digitales”, así como elaborar un documento de 21 páginas sobre la comunidad mazahua. Finalmente, Únete recibió en 2015 12 millones 128 mil 800 pesos para “dotar a 50 escuelas con un aula de medios”. Es importante mencionar que incluso sumando las cantidades de las asociaciones el resultado es ínfimo comparado con la enorme cantidad de dinero recibido por Asociación Azteca para promover sus orquestas en el mismo periodo.
Todo ello mientras miles de escuelas carecían de la infraestructura básica para su normal funcionamiento a lo largo y ancho del país.
El gobierno de López Obrador tiene de frente un reto más en materia educativa: terminar con el negocio privado que ha representado el discurso y la práctica de la reforma.
Sin embargo, el panorama no pinta muy bien al respecto:
a) Se ha anunciado ya un programa de profesionalización docente por la Fundación Telefónica, vinculada tanto con ExEB como a organizaciones empresariales de Argentina y Brasil interesadas en la educación. El programa consiste en tres cursos “para el fortalecimiento de las habilidades digitales y competencias pedagógicas de las maestras y maestros”. El esquema de financiamiento del curso aún no es claro.
b) En el campo de la educación inicial, el hilo a seguir proviene del Movimiento Tres Doce, impulsado por su presidente rotativo, Federico Núñez Perea, quien ha colaborado en campañas de recaudación con Fundación Azteca. Tal como ha insistido el colectivo Educación Especial Hoy, la intervención de actores privados en tal propuesta representa un foco de atención.
c) En el campo de la educación musical está ya en marcha el programa de Orquestas Escolares, basado en el modelo de orquestas Esperanza Azteca, de Fundación Azteca. ¿En qué rubros colaborará la fundación de Salinas Pliego con la SEP? ¿Cuál será su retribución? ¿Por qué anteponer un modelo empresarial a las tradiciones locales de la enseñanza artística? Tampoco queda claro.
El cambio que ha propuesto la 4T no llegará si las prácticas de corrupción o compadrazgo se mantienen en su proyecto educativo. En este sentido, es imperante que el negocio privado en la educación pública termine de inmediato.
1 SFP (2017) Donativos otorgados por las Instituciones de la Administración Pública Federal
, https://datos.gob.mx/busca/ dataset/donativos-otorgados
