El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, propuso reformas de ley para crear un marco jurídico efectivo que garantice la reparación del daño a menores que sean víctimas de “bullying” y refuerce la protección de los derechos e intereses de los niños en el entorno escolar.
“Tiene como fin adicionar una sección sobre responsabilidad patrimonial del Estado en la Ley General de Educación con seis artículos, y reformar el artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, indicó en un comunicado.
En el marco del inicio del ciclo escolar 2019-2020, Delgado Carrillo presentó esta iniciativa de ley ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sesiona este miércoles en el Senado de la República.
Se plantea –dijo– que la indemnización cubra la reparación integral de los daños, personales y morales, presentes y futuros, así como que tenga un efecto disuasivo respecto del acoso escolar.
La indemnización, además, será cubierta por la autoridad educativa correspondiente; en caso de instituciones privadas, la autoridad educativa responsable será aquella que otorgó la autorización.
Tendrá conocimiento de la reclamación correspondiente el Tribunal de Justicia Administrativa que ejerza jurisdicción sobre la autoridad educativa competente, ya sea local o federal.
“Si bien esta responsabilidad debe recaer, en primera instancia, en el Estado, por el carácter de servicio público y obligación Estatal de la educación, no importando si es en un entorno escolar de institución pública o privada, queda a salvo el derecho del Estado de cobrar al particular responsable por la indemnización que haya pagado al menor”, sostuvo.
Comentó que la iniciativa tiene su origen en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el amparo directo 35/2014, por el que ordenó pagar 500 mil pesos a un menor que fue sujeto de acoso escolar en una escuela privada del Estado de México, hace cuatro años, el 15 de mayo del año 2015.
Agregó que, derivado de esta sentencia quedó claro que los casos de “bullying” causan daños graves a los menores que lo sufren, en consecuencia, tienen derecho a recibir el pago para la reparación de ese daño.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que “debe existir una legislación que integre todos los deberes de las autoridades, los principios de la protección de los menores y las herramientas para cumplir eficazmente la obligación de mantener un espacio escolar libre de violencia”.
“Aprovechamos esta oportunidad para señalar la necesidad de avanzar en una legislación integral en materia de acoso escolar, como herramienta eficaz para garantizar espacios escolares libres de violencia”, señaló.
Delgado Carrillo explicó que, de acuerdo al estudio de la organización no gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, presentado ante la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) en abril de 2019, los casos de “bullying” en nuestro país afectan a siete de cada 10 estudiantes.
En el estudio se detalla que el 85 por ciento de los casos suceden en la escuela; el 82 por ciento de los niños con discapacidad son acosados en la escuela; más del 80 por ciento de los actos de “bullying” no son reportados a los maestros.
Además, 60 por ciento de los acosadores o quienes cometen “bullying” tienen al menos un incidente delictivo en la edad adulta, y tres millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso escolar.
El diputado de Morena recordó que, en su momento, se presentó esta iniciativa en conjunto con las legisladoras Lucero Saldaña Pérez y Mariana Gómez del Campo Gurza (entonces senadora), para adecuar la legislación educativa en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de “bullying” o acoso escolar.
Ésta fue presentada el 14 de agosto de 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y se turnó a comisiones del Senado, sin embargo, la propuesta no prosperó y fue declarada como asunto concluido por el Pleno de la Cámara alta, el 3 de noviembre de 2016.
Delgado Carrillo insistió en que, debido a la importancia de la materia, la iniciativa debe ser retomada, para lograr que ante casos de “bullying” se garantice la reparación del daño para los menores afectados.
