En esta oportunidad describiré brevemente la lógica de los incentivos económicos dirigidos al magisterio, como política pública, y argumentaré por qué conviene replantear o desaparecer el esquema de dichos incentivos para este gremio.
¿Cuál es la lógica de los incentivos económicos que se otorgan al magisterio como política pública educativa? Según la Ley general del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, promulgada en 2019, se define a los incentivos de la siguiente manera: “los apoyos en cualquier modalidad, por el que se impulsa al personal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para lograr la excelencia de la educación y reconocer sus méritos”.
Primeros dos problemas de esta definición: La ambigüedad del término “excelencia” y la noción excluyente del reconocimiento a través de los “méritos”.
Conviene anotar, por cierto, que existe una definición contradictoria en el artículo tercero constitucional del término “excelencia”, que no es objeto de este comentario.
En relación con la noción de “méritos”, cabe reconocer que existen cuestionamientos serios en círculos académicos al criterio “meritocrático”, el cual ha sido metido con calzador en los procesos de evaluación de docentes, asesores técnicos y directivos escolares, puesto que dicho criterio no cuenta como valor universal y porque los sistemas de incentivos económicos representan una estrategia de contención salarial intencionada, deliberada, como política pública.
Otro de los problemas de la existencia de los incentivos económicos, aplicados tanto para la burocracia como para las organizaciones en general, son los efectos que éstos tienen en las dinámicas sociales-laborales cotidianas.
W. Edwards Deming (1900-1993) estadístico estadounidense, profesor universitario, consultor y co-creador del novedoso (en su tiempo) concepto de “calidad total” (década de 1950-1960) tenía una visión crítica respecto al papel que tienen los incentivos económicos en las organizaciones productoras de bienes y servicios.
Para Deming, también especialista en calidad y asesor clave en el despegue de la industria japonesa entre 1960 y 1985, una de las siete enfermedades principales de la gerencia es llevar a cabo la “Evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de resultados… (porque) la evaluación del comportamiento, a través de la calificación por méritos, está centrada en el producto final y no sobre el liderazgo para ayudar a la gente. Se destruye el trabajo en equipo y aumenta la rivalidad”. Dicho esto en la lógica y al interior del discurso gerencialista que es característico de los modelos de administración dominantes durante la posguerra. (Ver el libro de Rafael Aguayo, “El método Deming”, 1993).
Otros de los problemas de los incentivos económicos, como mecanismo de filtro consagrado en las leyes mexicanas en materia educativa, son los siguientes: Genera competencias o rivalidades desleales (competencias del verbo competir, no de ser competente); junto con ello, propicia o promueve el individualismo como “buena práctica docente”, actitud que es opuesta al sentido solidario del trabajo colegiado en la educación pública.
Adicionalmente, se tiene conocimiento y registro de la no erradicación de actos de corrupción, tráfico de influencias, poca transparencia y prácticas de nepotismo en el otorgamiento de incentivos, entre otras acciones regresivas.
Además, los sistemas de incentivos económicos hacia el magisterio, desde que se instauraron hace 30 años con el programa de Carrera Magisterial (1992), tienen el inconveniente de estar al margen o se vinculan de manera débil con los procesos educativos y didácticos, y por ello tienen poco impacto en los procesos de formación integral de estudiantes, en términos amplios y del efectivo derecho a la educación.
Un problema más de este mecanismo tiene su origen y destino en el “diseño institucional”: ¿Cuál es el costo de la burocracia que opera, en este caso, los procesos de promoción horizontal para las/los trabajadores de la educación básica y media superior? En otras palabras ¿Cuánto cuesta la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) a la sociedad mexicana? ¿Cuál es el beneficio, en términos educativos, que representan los sistemas de incentivos?
Tanto a nivel del gobierno federal como de los gobiernos estatales, la mecánica de los incentivos tiene un costo burocrático que resta capacidad al Estado para otorgar salarios dignos generalizados al personal docente, directivos escolares y demás figuras educativas.
Cabe recordar que la bolsa de financiamiento para los programas de incentivos es limitada y más aún en épocas marcadas por políticas de austeridad republicana, y por ello sólo beneficia a “la cima” de la “meritocracia” (eso sólo sucede cuando los recursos presupuestados llegan a tiempo a su destino).
Aparte de que el filtro es riguroso y estrecho, la movilidad o el recorrido horizontal en “la cima” es lento y los reconocimientos máximos tardan en llegar 16 o más años de servicio.
En fin, se trata de problemas estructurales que también habrán de abordarse desde la perspectiva del rediseño de las leyes y desde la recomposición de las instituciones responsables de llevar a cabo, de manera congruente y efectiva, la llamada “revalorización” del magisterio.
Por todo ello, pienso que los sistemas de incentivos deberán revisarse a fondo o en su caso desaparecer para otorgar aumentos salariales generalizados al magisterio.
La propuesta no consiste en reducir los ingresos a las/los trabajadores de la educación, sino distribuirlos de una manera tal que fortalezca a los colegiados académicos o educativos y, en lo personal, también beneficie a las/los docentes y demás figuras educativas de base, como reconocimiento a su labor y con impactos educativos tangibles en la formación de estudiantes.
El riesgo de burocratización y de suma cero de estos programas o sistemas, desde una perspectiva educativa, es lo que hoy se da, o se dará en el futuro, cuando las figuras educativas luchen sólo para acumular puntos y obtener el incentivo económico, sin considerar el compromiso social y la labor profesional en el ámbito escolar a favor de las/los estudiantes y sus familias.
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