El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, desmintió las versiones que señalan que el Poder Judicial obligó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a aplicar la prueba PISA 2025 mediante un amparo promovido por una asociación civil. Enfatizó que la decisión de participar en la evaluación internacional fue tomada por el Gobierno de México desde 2024.
“No existe ninguna medida jurisdiccional vigente que obligue a la aplicación de esta prueba“, señaló Delgado Carrillo a través de sus redes sociales.
El titular de la SEP explicó que la participación de México en la prueba PISA 2025 fue confirmada el 7 de mayo de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. “Todo lo que tenga que ver con la educación se apoya; estamos abiertos a todas las evaluaciones“, declaró el exmandatario en su momento.
Por su parte, la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP precisó que “el 04 de noviembre de 2024, se sobreseyó el juicio de amparo en el fondo. Es decir, la SEP demostró que no había elementos o bases jurídicas sólidas para que la Asociación Civil reclamara la supuesta negativa de aplicar la Prueba PISA en 2025“.
Delgado Carrillo también destacó que, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, “en octubre pasado se llevó a cabo la prueba piloto en escuelas de Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, en la que participaron 2 mil 273 estudiantes”.
Asimismo, detalló que “se está en los preparativos para la prueba principal de PISA, que será aplicada por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) durante abril y mayo, en 321 escuelas de todo el país, con la participación de aproximadamente 7 mil estudiantes”.
Finalmente, el secretario de Educación Pública subrayó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) propone evaluaciones diagnósticas como herramienta para orientar la política educativa. Afirmó que la autonomía profesional docente permite una atención personalizada a las y los alumnos, en contraste con pruebas estandarizadas como PISA, que presentan limitaciones para medir el desempeño del sistema educativo.
