El diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo (PT) impulsa reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para establecer el otorgamiento de crédito a los trabajadores, a una tasa de interés preferente no mayor del 3 por ciento.
En su iniciativa, el legislador argumenta que se busca bajar la tasa de interés en los préstamos de vivienda, personales, corto, mediano y largo plazo de las y los trabajadores.
Señala que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Fondo Nacional de la Vivienda otorgarán crédito a los trabajadores, a una tasa de interés preferente no mayor del 3 por ciento.
Precisa que el ISSSTE determinará de manera trimestral la tasa de interés aplicada a los créditos personales, de tal manera que sea una tasa de interés preferente no mayor a 3 por ciento.
Detalla que el interés preferente también aplicará a la tasa de los créditos otorgados a los trabajadores, a que se refiere la fracción I del artículo 169, que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto.
Asimismo propone que se deroguen todas las referencias al régimen de subcontratación establecidas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de regularizar a las y los trabajadores y que cuenten con todas las prestaciones laborales enunciadas en esta legislación.
La iniciativa enviada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, establece que si bien en 2012 se logró un avance al tratar de regular la subcontratación, la lucha debe continuar para que la subcontratación desaparezca del marco normativo y dar paso al respeto irrestricto de los derechos de los hombres y mujeres trabajadores, los cuales señala, les ha sido arrebatado.
Y es que advierte que la característica fundamental de la subcontratación es el pago de bajos salarios, la ausencia de garantías, así como mínimos indispensables de seguridad social.
En ese sentido, el documento refiere que de acuerdo a datos del Coneval en 2018 en México había 35.5 millones de personas ocupadas que carecían de acceso a la seguridad social, “cifra alarmante ya que en caso de accidentes o muerte laboral el trabajador y su familia están desamparados, lo cual incrementa su probabilidad de caer en pobreza”.
Puntualiza que la población ocupada en informalidad, que agrupa todas las modalidades de empleo informal (sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) llegó a la cifra de 30.9 millones de personas.
