La diputada Angélica Peña Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una modificación clave a la Ley Federal del Trabajo al sugerir la adición de una fracción IX Bis al artículo 132.
Su iniciativa busca obligar a los empleadores a conceder permisos a los trabajadores, permitiéndoles cumplir con compromisos inexcusables, ya sean de índole público o privado.
La propuesta se fundamenta en la necesidad de lograr un equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores, asegurando que puedan armonizar sus responsabilidades profesionales con sus compromisos personales.
En un comunicado, Peña Martínez explicó que la jornada diurna de trabajo en México, establecida entre las seis y las veinte horas, crea un horario laboral promedio de 9:00 a 18:00 horas, lo que dificulta que los trabajadores concilien sus deberes personales con sus obligaciones laborales.
La diputada enfatizó la gravedad de esta situación, especialmente cuando los trabajadores deben cumplir con deberes inexcusables de carácter público o personal durante su horario laboral, lo que podría acarrearles responsabilidades legales.
“Se entiende por deber inexcusable, aquella obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento generaría una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa. En nuestro país existen casos de trabajadores que se ven en la necesidad de acudir a tribunales derivado de procedimientos de carácter civil, mercantil, familiar o penal, en los cuales se ven involucrados sus derechos o deben acudir en calidad de testigos y en caso de no asistir son apercibidos con una multa o alguna sanción administrativa”, explicó.
Adicionalmente, señaló que la ausencia de trabajadores por motivos laborales puede vulnerar sus derechos y los de otras personas, especialmente el derecho al acceso a una justicia pronta y expedita.
Y es que precisó que en muchas ocasiones, los jueces se ven obligados a posponer las actuaciones judiciales hasta que la persona citada pueda comparecer, lo que, según Peña Martínez, puede tener repercusiones indirectas en los derechos civiles, familiares o penales relacionados con el procedimiento.
La propuesta aborda también la discrecionalidad de las citaciones por parte de la autoridad, que generalmente ocurren durante el horario de funcionamiento habitual de las instituciones, que suele ser de 8:00 a 15:30 horas.
Peña Martínez puntualizó que esta iniciativa no implica un impacto presupuestal, ya que simplemente reconoce un derecho para los trabajadores y contribuye al buen funcionamiento de la sociedad, así como a la preservación del Estado de derecho.
