Por: Fernando Ruíz.
Ante la pregunta sobre si se contempla mantener la prohibición para que los comisionados sindicales reciban sueldo del Estado, el 4 de abril, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue ambiguo: “estamos buscando que se cancele por completo la anterior reforma educativa, y que se pueda tener un buen entendimiento con los maestros en todos los puntos”. Esta declaración abre la posibilidad de recurrir a la figura de comisionados para pagar a personal que, sin dar clases, podría recibir salarios y estímulos como si fuera docente.
Las consecuencias del posible retorno de los comisionados o personal contratado para cumplir una función, que luego realiza otro encargo, son onerosas. De acuerdo con el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gasto en comisionados ascendió a 7,020 millones de pesos entre 2010 y 2017 (ASF, 2019), es decir, en promedio, alrededor de 1,000 millones de pesos anuales. Dichos recursos podrían duplicar lo que en este año se destinará a la formación de maestros o la enseñanza de inglés, o a aumentar hasta ocho veces lo destinado a becas para niños y jóvenes en educación indígena y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Como la declaración del presidente dio a entender, sorprende porque la prohibición del pago a comisionados no proviene de 2013. Por el contrario, su origen se remonta a los años sesenta; el artículo 86 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) señala que las remuneraciones y gastos operativos de los sindicatos deben ser cubiertos por estos mismos. Asimismo, creer que esto es una minucia es ingenuo. Para dimensionar cuántas personas han cobrado como docentes sin serlo, recordemos que, en 2012, Juan Díaz de la Torre, entonces Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) declaró que 100 mil docentes se dedicaban a labores administrativas (La Jornada, 14/sept/12). Si a esto le sumamos la presencia de al menos 200 comisionados en cada una de las secciones sindicales y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, así como un sinnúmero de personal operativo en las miles de delegaciones sindicales (Aldo Muñoz, Reforma, 10/nov/2009), es posible ver que esto quizá sea sólo la punta del iceberg.
El posible pago a los comisionados sindicales supone desmantelar los avances realizados para transparentar los registros del personal y la nómina educativa y desconocer los pasos que, como sociedad hemos dado, tal y como de 2008 a 2012, cuando la Cámara de Diputados estableció la obligación de realizar cada año una auditoría y la conciliación de las plantillas de personal educativo de las entidades federativas.
Si bien la reforma de 2013 sentó las bases para eliminar el pago de los comisionados, esto es algo que requiere de voluntad política como la demostrada en 2016 con la cancelación del pago a 2,200 representantes sindicales, lo que supuso un ahorro de 1,000 mdp anuales. Por eso, si Ejecutivo Federal quiere acabar con la corrupción, necesita un diagnóstico sobre el verdadero costo de los comisionados, ya que, aunque la ASF estimó que había 39 comisionados sindicales en 2017, esta cifra es poco creíble porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha impedido conocer la plantilla de personal en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Tras más de una década de lucha contra los abusos cometidos por el sindicato mediante la figura de los comisionados, no podemos darnos el lujo de desviar recursos a labores que poco o nada tienen que ver con la educación.
*Es investigador de Mexicanos Primero.
