México requiere ahora, más que nunca, dirigir acciones para garantizar que las instituciones de educación superior públicas continúen su misión de formar nuevos profesionales y preservar y difundir la cultura, afirma Francisco Flores Pedroche, profesor-investigador de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el artículo Universidades públicas en México, entre la agonía y el éxtasis, el académico del Departamento de Ciencias Ambientales de esa sede universitaria asevera que muchos de estos centros tienen momentos difíciles, no sólo en lo económico, sino también en lo estructural.
Ciclo tras ciclo muchos jóvenes demandantes de una educación de calidad en México se quedan fuera de sus matrículas, ya que los planteles se ven en la imposibilidad de recibirlos.
“En términos generales, siete de cada diez postulantes permanecen a la deriva y son víctimas de las organizaciones particulares que ofrecen licenciaturas en costos y condiciones diversas”, entre las que se cuentan una infraestructura deficiente, una organización raquítica y protocolos de ingreso, seguimiento y egreso opacos, así como la incertidumbre de si los egresados serán aceptados por los empleadores.
“Aunado a ello está la planta de docentes contratados para impartir las clases, su calidad, sus salarios, su seguridad a mediano plazo y las prestaciones que pudiesen recibir”, agrega.
Además el investigador expone que muchas instituciones privadas han hecho de la educación un gran negocio, nutridas por la indolencia, la corrupción y la falta de planeación, que van desde la administración hasta la aplicación de los reglamentos y los criterios para construir escuelas seguras.
Pese a lo anterior, estas escuelas proliferan, trasladando esa tarea que el gobierno tiene la obligación de vigilar y regular a manos de particulares, con la negativa de ofrecer más y mejores presupuestos a las instituciones de educación superior públicas.
Año con año es una batalla sin cuartel negociar plazas para profesores, edificios para impartir clases, presupuesto de operación y qué decir de mejorar los salarios de maestros y de administrativos. El sector de educación pública no carece de errores y definitivamente es perfectible, pero no engaña y sobre todo no lucra”.
Ante la posibilidad de expansión para cubrir la demanda de estudiantes, no existen recursos públicos para nuevas universidades, ya que un gran porcentaje del erario se destina a pagar salarios inverosímiles a políticos y otros funcionarios.
“Es conocido el caso de escuelas públicas que podrían estar en graves problemas económicos por los subsidios raquíticos que reciben. También es cierto que deberán revisar a fondo sus determinantes administrativas que, en algunos casos, los han llevado a esta situación extrema”.
Por ello el gobierno debe ir al rescate de estos centros de estudio, los cuales garantizan una formación plural, de calidad y sin lucro alguno, cuyos compromisos son la investigación, la formación de nuevos profesionales y la preservación y difusión de la cultura.
Ante este panorama, Flores Pedroche concluye que “debemos exigir que la educación esté garantizada y sea accesible para todos aquellos que la deseen”, por lo que es necesario dirigir presupuestos ordinarios y extraordinarios al crecimiento de universidades sólidamente fundadas y también a nuevas alternativas con modelos educativos diferentes e innovadores.
Como resultado de esta diversidad “tendremos perfiles profesionales variados y con posibilidad de desarrollarse más adecuadamente que los estereotipos que tenemos”. Las licenciaturas clásicas deben dar paso a algunas enfocadas al entorno actual en el que la interdisciplina y la transdisciplina se hagan una necesidad y un potencial para solucionar problemas complejos en el entorno mexicano”.
