En reiteradas ocasiones se ha lanzado la tesis gubernamental de que la violencia estructural no se combate con más violencia sino atendiendo las causas, entre ellas, garantizar el derecho sustantivo a la educación y las oportunidades de trabajo. Pero el discurso y la realidad no coinciden con lo planteado ni con lo que se realiza a partir del Plan Michoacán para la Paz y la Seguridad, no al menos en el sector educativo.
El 28 de enero, en un comunicado oficial del Consejo Supremo Indígena, organización estatal que aglutina alrededor de ochenta poblaciones, denunciaba que “contrario al discurso oficial…más de 20 comunidades carecen de profesores…debido a la burocracia, omisión o incapacidad de las instituciones educativas, cientos de niños en los pueblos indígenas hoy no tienen clases en preescolares, primarias y secundarias”; el reclamo se suma a las constantes protestas de los mismos padres de familia en la entidad, que han optado por increpar directamente a las autoridades o bien cerrar las escuelas a manera de llamar la atención.
La CNTE ha señalado que hay un déficit de más de cuatro mil docentes afectando también las zonas urbanas; entre las causas está la promesa incumplida de la federalización de la nómina, que hasta el sexenio anterior se mantenía como posible solución. Sin embargo, en reciente visita del secretario de educación a Michoacán la descartó, por considerar que ya no era necesaria, esto a pesar de que el responsable de las finanzas estatales declaró que el retraso de los recursos adicionales de la federación, no en enero sino hasta marzo o abril del 2026, colocaba en una situación complicada al gobierno michoacano, porque dejarían de pagar proveedores.
La estrategia implementada por el secretario Delgado para evadir el incremento de las aportaciones federales, ha sido la puesta en marcha de un proceso cada vez más acelerado de desmantelamiento del techo financiero para salarios del sector educativo, que incluye la cancelación masiva de claves presupuestales para la recontratación de maestros, así como el cierre de dobles turnos en zonas citadinas o de centros educativos en lugares rurales, de los cuales se tienen datos de cincuenta escuelas primarias que ya fueron dadas de baja, lo que constituye un atentado contra el derecho humano de las niñeces y juventudes a recibir educación gratuita, hecho todavía más reprobable si se trata de lugares donde habitan sociedades vulnerables: empobrecidos, indígenas, desplazados gracias a la violencia y los movilizados por la migración interna.
La otra consecuencia que no podemos considerar colateral en estos cierres, es que al personal docente y de apoyo a la educación les cancelen su plaza base, es decir, ni siquiera les proponen una reubicación hacia otros centros de trabajo, acorde con las leyes que protegen sus derechos; aunque la autoridad sólo reconoce setenta ceses, la realidad nos indica que son más de cien. Para darnos una idea de la magnitud, durante la reforma punitiva de Peña Nieto que incluía los despidos por más de tres faltas consecutivas o por rechazar la evaluación obligatoria, no hubo ni un cese en Michoacán, vaya finura de la autoridad educativa para perfeccionar las medidas antilaborales del neoliberalismo más recalcitrante que hayamos conocido.
A pesar de que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ratificar de carácter constitucional, que los egresados de las escuelas formadoras de docentes tengan prioridad en el ingreso a los servicios educativos, esto en Michoacán es incierto, las normales están entrando a un momento crítico, ya no por aquella consigna de “cualquiera puede ser maestro” que pretendía hacerlas obsoletas, sino porque sus egresados no son contratados. Uno de los casos más preocupantes, es el de la normal de educación física, cuyas dos últimas generaciones, alrededor de doscientas personas, no han sido integradas a las escuelas de educación básica, dejando abierta la posibilidad de que no se abran más lugares de nuevo ingreso a partir del próximo ciclo escolar.
El otro foco rojo que pone en riesgo la viabilidad de las escuelas para formar maestros, es el de normalistas de preescolar, primaria y telesecundaria que egresaron desde el 2019, pero que nunca fueron contratados, o en el mejor de los casos, recibieron contratos por tres meses. La situación se complica para ellos porque la nueva convocatoria de admisión sólo contempla generaciones a partir del 2022; es decir, están a punto de condenar a docenas de jóvenes que jamás tendrán la oportunidad de trabajar en las escuelas públicas.
En 2025, la autoridad educativa estatal informó que había tenido mil setecientas solicitudes de jubilación, número que supera con creces el total de egresados normalistas en un ciclo escolar, lo cual nos hace preguntarnos desde el sentido común que si hay más oferta que demanda de maestros, ¿por qué entonces tenemos un déficit en las escuelas y jóvenes docentes excluidos condenados a la precariedad?
La realidad interpela los discursos al aire, las ausencias, las fallas y las indiferencias en los componentes y avances del Plan Michoacán; algunos dirán que contempla becas por estudiante de educación básica, lo cual es absolutamente aceptable, pero el problema principal radica en que estos alumnos becados no tendrán maestros suficientes en sus escuelas, o bien, las encontrarán cerradas.
