Esta semana, la SEP presentará a la Cámara de Diputados las Estrategias Nacionales de Atención a la Primera Infancia, Inclusión Educativa y de Mejora de las Escuelas Normales nacidas en la reciente reforma al artículo 3º y que serán elementos importantes para la (re)construcción de un sistema educativo que garantice a cada niña, niño y joven (NNJ) una educación inclusiva, equitativa, integral, intercultural y “de excelencia”.
La Estrategia de Inclusión Educativa busca impulsar una transformación del sistema para favorecer el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de NNJ, en igualdad de condiciones y oportunidades. Es hacer lo necesario para eliminar las barreras que enfrentan NNJ para su aprendizaje y participación y garantizarles oportunidades para no sólo estar, sino también aprender y participar en la escuela.
Estamos lejos de garantizar esta inclusión educativa. Principalmente porque no hemos brindado a las comunidades escolares los apoyos que necesitan para romper el círculo vicioso de la exclusión en el cual el sistema educativo refleja y replica las desigualdades que se viven en la sociedad.
Gastamos sistemáticamente menos en NNJ y sus docentes que se encuentran en las escuelas más marginadas, alejadas y olvidadas. En estas comunidades, maestras y maestros, NNJ no van a romper con la exclusión histórica solos. Necesitan – y ya es una obligación desde la Constitución– que el Estado tome las medidas para incluirlos.
Una de las herramientas con las que cuenta el Estado para hacerlo es el presupuesto. Pero lo que viene en el Proyecto para 2020 no muestra un compromiso con las comunidades escolares más marginadas. Sí se plantea aumentar dinero para atender necesidades de infraestructura y equipamiento, pero al mismo tiempo se propone recortar los recursos para los pocos programas focalizados que llegan a escuelas multigrado, indígenas, Telesecundarias, en contextos de alta marginación.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo apoya a casi 3.6 millones de NNJ y más de 136 mil docentes en 25 mil 639 escuelas. Permite dedicar horas adicionales a la jornada escolar e incluye servicio de alimentación. Es uno de los pocos programas que ha demostrado tener un impacto significativo en el aprendizaje; que es mayor en escuelas con alto grado de marginación (Silveyra, 2018). Sin embargo, se propone –sin ninguna justificación– quitarle más de la mitad de sus recursos, 5 mil89 millones de pesos, lo que representaría un retroceso en la garantía del derecho a aprender en estas comunidades.
Las Escuelas de Tiempo Completo representan el caso más dramático, pero no es el único. También hay recortes a la educación comunitaria, indígena, intercultural bilingüe, poniendo en entredicho el discurso de inclusión y equidad.
Con este presupuesto seguiremos violando el derecho a una educación incluyente para NNJ más excluidas. Diputados: inviertan bien. Reorienten el gasto para apoyar a las personas y los contextos que más lo necesitan.
