A dos días de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, para presentar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Educación en el Estado notificó al profesor Diego Cano Alonso, sin ocultar razones políticas, que está cesado de sus funciones, entiéndase de su plaza base. Dirigente de la CNTE y originario de la meseta purépecha, el maestro Diego es parte de los procesos de unificación del magisterio democrático en la entidad, del asesoramiento a docenas de maestros que fueron cesados sin justificación alguna (con varios logros a favor) y de cientos de egresados de escuelas normales que fueron excluidos de procesos de ingreso al servicio docente desde 2019.
Se trata de un acto de represión selectiva, de los muchos que caracterizan a la actual secretaria de educación que, en sus aspiraciones a gobernar el Estado, ha desencadenado una ola de detenciones de pago, ceses y amenazas contra profesores que considera, manchan su campaña electoral anticipada, misma que se ha intensificado en un activismo sin precedentes desde la estructura de la institución a su cargo, esto por medio de eventos oficiales simulados y con el uso indebido de datos e informaciones que deberían ser de protección privada, para enviar mensajes proselitistas personalizados a los docentes y el personal de apoyo a la educación.
Empeñado en mostrar a la presidenta y a la ciudadanía, una imagen distorsionada de la realidad educativa, el gobierno estatal ha construido un discurso de ciclos escolares completos y de haber recuperado la rectoría de la educación; sin embargo, una somera pesquisa por la prensa local, dará cuenta de paros magisteriales parciales, bloqueos, tomas de oficinas, cierre de escuelas por los propios padres de familia y de inconformidades de comunidades indígenas mostrando falta de maestros.
Desde el día lunes de la presente semana, las oficinas centrales de la secretaría de educación se han mantenido cerradas por un grupo de egresados normalistas, justamente con el acompañamiento del maestro Diego, denunciando irregularidades, corrupción y falta de atención por parte de la autoridad educativa local para integrarlos al servicio docente; no obstante, la respuesta más concreta que han tenido ha sido de hostigamientos nocturnos de la guardia civil para desalojarlos, los rondines intimidantes de camionetas de la fiscalía y de agentes encubiertos, y hasta de llamadas telefónicas de quienes dicen ser parte de grupos criminales para que desactiven la protesta.
A través de otros funcionarios, como la directora estatal de primarias, se han presentado demandas jurídicas y levantado carpetas de investigación contra el profesor Diego, cabe decir que no es el único caso, existe una amplia lista de cesados y de procesos judiciales contra los maestros disidentes, que se suman a acciones de intimidación por vía telefónica, agresiones físicas de agentes encubiertos y choques de grupos porriles afines al charrismo sindical dentro de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación.
Ni siquiera con la punitiva y nefasta reforma educativa de Enrique Peña Nieto hubo cesados en Michoacán ¿Será que la presidenta avale estos atropellos como parte de su estrategia de justicia social y laboral? ¿Es esta la libertad de expresión y derecho a la protesta que profesa el gobierno estatal de la cuarta transformación? ¿Cuál es la diferencia de morena y partidos aliados con el periodo prianista de criminalización de luchadores sociales?
