Hace pocos días la Asamblea Nacional de Representantes de la CNTE se volvió a reunir para preparar las nuevas jornadas de movilización. De hecho, las primeras del nuevo ciclo escolar 2025-2026[1].
Así lo habían anunciado desde junio, al terminar el Paro Magisterial y el Plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Volveremos!, dijeron entonces; ya se están preparando.
Ante esta situación, creemos indispensable analizar lo más objetivamente posible la jornada de lucha ocurrida de mayo-junio. Cuando menos en lo referente a las principales demandas, sobre todo la más importante: la abrogación de la ley del ISSTE de 2007.
Hay que iniciar con una caracterización general del 15 M, tomando como referencia un dictum de Melucci: el movimiento es un logro, no un dato. Por eso vale la pena preguntarse cómo se logró movilizar a miles de maestros en la Cd de México y en muchos estados, con tradiciones distintas, con experiencias diferentes; cómo lograron articular las demandas, los planes de acción y un repertorio de formas de lucha muy diversas. También y muy importante, cómo entraron y cómo salieron del 15 M.
Sintéticamente se puede decir que el 15 M resulta de varios procesos:
- Primero, un cambio conceptual que develó los mecanismos de continuidad neoliberal del sistema educativo durante la IV T.
- Luego, una modificación político-emocional, que se hartó de las promesas incumplidas, los engaños manifiestos y la actualización de las prácticas corporativas -de manera grotesca en la senaduría al líder del SNTE.
- Más tarde, el rechazo cognitivo a un gobierno que pedía tiempo y suspensión de la crítica “para no hacerle el juego a la oposición prianista”.
- Por último, una redefinición estratégica de las demandas, las formas de organización y las prioridades.
Esta es la cuestión: el paro magisterial del 15 M fue preparado, quizá largamente; solo hay que recordar los ensayos de 2023 y 2024 para comprender el nuevo desafío, a otra escala, con otros objetivos y otros objetos de intervención.
Ya no son demandas puntuales, un poco indeterminadas, sujetas a diversas interpretaciones, en donde las soluciones pueden tardar tiempo, pero que no alteran los fundamentos del Sistema Educativo Nacional. A diferencia de momentos anteriores, ahora se atacaron dos de las instituciones características de la forma neoliberal del Estado mexicano: el régimen individual de las pensiones de los trabajadores del Estado y la reforma educativa de EPN-AMLO. Por el tiempo, dejaremos para otra ocasión el tratamiento de esta última.
Procedamos por partes
El régimen de pensiones del magisterio fue la demanda más sentida. Se puede sintetizar así: abrogar (es decir, eliminar, acabar, cancelar, sustituir) el régimen de pensiones basado en las cuentas individuales y regresar (actualizar) a un régimen de solidaridad inter-generacional.
Es importante esta síntesis político-conceptual.
No se trata de modificar cuestiones puntuales, como serian, por ejemplo,
- la unidad de medida en que se calculan las pensiones (salarios mínimos o UMAs);
- la relación entre años de servicio, de edad y género;
- los porcentajes de contribución de patrón y trabajadores;
- los límites máximos y mínimos de las pensiones;
- la definición del concepto regulador (salario base, integrado, percepciones);
- los períodos de contribución; o
- los tipos de pensión;
sino el modo como todo esto se articula, se define y se gestiona, es decir, la definición del derecho, el financiamiento y la gestión de las pensiones. Eso es un régimen, un esquema o un modelo de pensiones.
La demanda del 15 M – 25 es tan sencilla como radical: cambiar el régimen de pensiones del magisterio (y por extensión a todos los derechohabientes del ISSSTE), es decir, el modelo completo, no solo algunos aspectos del régimen de cuentas individuales.
¿Por qué? ¿Cómo sucedió?
Para responder estas interrogantes hay que realizar un pequeño recordatorio. Hasta el 31 de marzo de 2007, el régimen de las pensiones magisteriales era el denominado de solidaridad intergeneracional, lo que significaba que:
1). La pensión por jubilación se obtenía por años de servicio: 28 a las mujeres, 30 los hombres.
2). El monto de la pensión era equivalente al promedio de los últimos doce meses de salario base.
3). Los jubilados mantenían sus derechos a los seguros de salud.
4). El Estado y los trabajadores en activo contribuían con un porcentaje de los salarios al Fondo de Pensiones del ISSSTE.
5). El ISSSTE administraba las pensiones y el financiamiento.
En síntesis: el objetivo de las pensiones era garantizar, hasta ciertos límites, jubilaciones cercanas a las últimas percepciones del trabajador en activo. Repetimos: hasta ciertos límites, que dicho sea de paso, siempre eran cuestionados; por ejemplo, el cálculo de promedios, el salario base o el integrado, los diez salarios mínimos y máximos, luego el cálculo por UMAS.
Los límites altos y bajos de las pensiones se movían alrededor de un objetivo más o menos compartido: acercar la pensión al salario de los trabajadores activos, o, en términos técnicos, lograr que la tasa de reemplazo -se llama así al porcentaje que representa la pensión del último ingreso del trabajador- fuera cercana al 100%, mismo que se financiaba con los salarios de trabajadores en activo y las contribuciones del patrón-Estado, administrados por una institución estatal en la que participaban representantes de patrones y trabajadores. Más o menos en eso consiste el régimen de solidaridad inter-generacional.
Ahora bien, en 2007 ese modelo cambió sustantivamente. Ya no es de solidaridad intergeneracional sino de cuentas individuales; la responsabilidad de la pensión recae exclusivamente en el fondo que el trabajador logre acumular a lo largo de su vida laboral, a partir de sus contribuciones a una cuenta administrada por una institución creada para eso, una Administradora de Fondos de Retiro (AFORE), con modificaciones por edad-género y años de servicio en el derecho a la pensión y con una jubilación calculada por la institución según la modalidad elegida por el trabajador: Renta Vitalicia, Retiro Programado, Pensión Garantizada.
Todo esto para los trabajadores que entraran a partir de 2007 o que hubieran elegido este régimen al promulgarse la nueva ley. Los que no, seguirían con un modelo similar al anterior, pero con modificaciones en los criterios para otorgar las pensiones y en el cálculo de estas, lo que se llama el régimen del artículo 10 transitorio.
¿Qué significa ese cambio de régimen? Varias cosas muy relevantes para entender la problemática de hoy:
- Primero, que la responsabilidad de la pensión recae en el trabajador única y exclusivamente, depende de él o ella formar un fondo de pensión que garantice una jubilación digna.
- Segundo, la creación de las AFORES, que cobran porcentajes por el manejo de los recursos, lo que introduce propósitos distintos a la pensión, pues se manejan los criterios de rentabilidad inmanente a los negocios.
- Tercero, las AFORES se convierten en inversionistas institucionales que pugnan por la desregulación de sus acciones y la libertad en la determinación de los riesgos.
- Cuarto, la ley de 2007, como había sido la de 1997 para el IMSS, implicó grandes transferencias de recursos de los trabajadores al capital financiero, representado por las AFORES, que forman un mercado oligopólico de gestión de los fondos de retiro y participan en los mercados de títulos, bonos, inversiones en cartera de diverso riesgo.
- Quinto, una disminución de la tasa de remplazo, no solo por el criterio de rentabilidad de las AFORES y la sustracción de los gastos de administración, sino también por los criterios de cálculo, la unidad de cuenta los años de servicios y los de edad por género, así como también por los mecanismos burocráticos de captura de clientes y manejo de los fondos de retiro.
Estos efectos del nuevo régimen de pensiones afectan a la gran mayoría de los docentes; alrededor de un 80%, que advierten un futuro precarizado e incierto, ya han entendido que las modificaciones puntuales, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no resuelven el problema, solo lo postergan, por eso plantean cambiar el modelo completo, como se ha realizado en otros países con los gobiernos progresistas en América Latina, por ejemplo, Argentina y Bolivia.
El problema es que las afectaciones políticas y, sobre todo, económicas e institucionales de la demanda de la CNTE son mayúsculas. El problema mayor es de racionalidad gubernamental, pues las leyes del IMSS de 1997 y del ISSSTE de 2007 son dos pilares de la gubernamentalidad neoliberal en México. Y eso es lo que se está cuestionando. Recordemos que mediante esas leyes:
- Se realizó una transferencia de recursos del trabajo al capital.
- Se redujo la tasa de reemplazo a cerca del 30%.
- Se responsabilizó al trabajador individual de sus pensiones.
- Se introdujo el criterio de rentabilidad en el manejo de los fondos de retiro, es decir, un objetivo heterónomo, distinto a la pensión digna.
- Se generó un oligopolio y se empoderó a la fracción del capital financiero dedicada a la gestión de los fondos de retiro, que ha llegado a administrar cerca del 20% del PIB, con perspectivas crecientes.
Además, todo esto incide en la formación de subjetividades neoliberales en el mismo mundo del trabajo, es decir, entre trabajadores, empleados, obreros en activo y, sobre todo, los que entrarán a ese mundo, conscientes de que sus pensiones son responsabilidad individual. Esto es parte del empresario de sí mismo que la moral neoliberal reconoce e impulsa.
Entonces, el 15 M – 25 logró cuestionar uno de los dispositivos neoliberales más complejos, uno que involucra un conjunto de instituciones, organismos, modos de pensar y problematizar, de resoluciones, valores y subjetividades; uno de los más incisivos y más crueles, pues el modelo de cuentas individuales implica la transferencia de los ahorros de los trabajadores hacia las administradoras de los fondos de retiro, al tiempo que responsabiliza única y exclusivamente al trabajador de su pensión. Todo esto como parte de un modelo de salarios administrados por el Estado en condiciones de pago de deuda perpetua, que establece salarios reducidos, lo que provoca fondos para el retiro individual muy reducidos y entonces tasas de reemplazo ínfimas. En suma, los trabajadores están condenados a recibir pensiones miserables, mientras las AFORES crecen y se enriquecen cada vez más.
El desafío es enorme. Una gran movilización como la del 15 M, con toda su fuerza e intensidad, no pudo romper uno de los pilares neoliberales más profundos, más densos, más importantes, aún a pesar de que los dos gobiernos de la 4 T reconocieron los efectos malditos del régimen de cuentas individuales y se comprometieron a desaparecerlo varias veces.
Se necesitarán muchas modificaciones conceptuales, orgnizativas, políticas y de fuerza para hacerlo. Por eso decimos, el desafío es enorme.
[1] https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1164489762268664
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Publicado en: Insurgencia Magisterial
