Por: Jeny Farías García ∗
Cada vez que en Mexicanos Primero (o en Aprender Primero, A.C. su organización litigante aliada) ganamos un juicio, nos invaden las emociones encontradas. Justo nos acaba de suceder: recibimos la notificación de triunfo en el juicio de amparo promovido para resguardar el derecho de las niñas y niños a contar con alimentación y jornada ampliada en su escuela, y nos alegramos, claro, pero al mismo tiempo nos llena de preocupación la latente noción de tener que defender asuntos que deberían darse por sentados.
Ganamos juicios que nunca deberían de haber existido, pero que paradójicamente son indispensables ahora para que las autoridades no volteen hacia otro lado.
Armamos nuestro caso más reciente así: desde 2008 existían escuelas en las que las y los estudiantes contaban con alimentación y un horario ampliado en el que se reforzaban sus aprendizajes fundamentales y tenían la oportunidad de tener clases de materias que involucraban artes, deportes e idiomas. Para el 2019, 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes eran beneficiados por el programa en 27 mil escuelas de tiempo completo. El 70% de estas escuelas se encontraba en zonas de alta y muy alta marginación, sin embargo, en 2021 el poder ejecutivo decidió desaparecerlas.
Ahí surgió el primer juicio que no debió ser. Una batalla legal en la que había que demostrarle a las autoridades hacendarias y educativas lo que casi para cualquiera resultaría evidente: no se deben de quitar derechos básicos y menos a las niñas y los niños. Ganamos. Y para simular que se mantendrían los componentes de jornada ampliada y servicios de alimentación, la SEP determinó que serían absorbidos por su programa estelar en política educativa: La Escuela es Nuestra; sin embargo, las Reglas de Operación que marcarían su rumbo en la práctica, los desapareció por completo.
Por ello emprendimos un segundo y un tercer juicio (de este caso), que nunca hubieran existido en un mundo paralelo que fuera justo. Impugnamos el programa LEEN exigiendo que verdaderamente se garantice el funcionamiento de escuelas en la que niñas, niños y jóvenes reciban alimentos balanceados y nutritivos, y puedan permanecer en un espacio seguro en el que aprovechen una jornada ampliada con clases diseñadas para aprender más y mejor.
En ambos juicios obtuvimos sentencias favorables para las y los estudiantes que confirman, nuevamente, que eliminar o hacer inoperantes estas escuelas viola derechos humanos. La más reciente la recibimos la semana pasada. Tres triunfos en tribunales que no nos hacen sentir que ganamos, sino que confrontamos a autoridades necias, indiferentes o negligentes que no tienen el foco en el derecho a aprender de las niñas y los niños, y con ello, perdemos todos.
Ganamos, pero perdemos, porque antes del reclamo social o las demandas y los mandatos judiciales debería haber voluntad política para impactar de manera positiva a las comunidades escolares, en lugar de quitarles derechos. Perdemos porque no tendríamos que promover juicio alguno para ello y perdemos cuando en vez de enderezar el rumbo, las autoridades buscan recursos legales o estratégicos (apelaciones, impugnaciones, letras chiquitas en las reglas, decir que sí pero no dar recursos, etcétera), pero también ilegales como lo son el ignorar órdenes judiciales para continuar fallándoles.
Ganamos, pero sabemos que vamos a tener que seguir luchando en esta y en otras batallas que tampoco deberían ser hasta que llegue el día en que ningún otro juicio tenga que promoverse cuando logremos la transformación educativa que las niños y niños y sus familias y las y los docentes merecen.
∗ Directora de Proyectos en Mexicanos Primero.
