Una pregunta interesante y generadora de reflexiones en el ámbito de las políticas públicas educativas y las respectivas reformas formuladas para la educación básica, en México, es la siguiente: ¿cuál es el documento equivalente a los “Fines de la Educación”, (publicado por el gobierno de Peña Nieto [julio de 2016] como parte de su “reforma estructural”), en la reforma educativa del gobierno de López Obrador (2018-2024)? ¿El equivalente sería el ideario de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) establecido en la Ley General de Educación (2019)?
Educar ¿para qué?
Los fines generales de la educación (intencionalidades o propósitos), como documento, constituye una pieza clave para la planificación de las políticas públicas, porque establece el posicionamiento ideológico y político del proyecto nacional de educación, por lo que es de suma relevancia entrar a su análisis comparativo y en retrospectiva. Un ejercicio reflexivo de este tipo, entre ambos proyectos educativos nacionales, nos conduce inevitablemente a observar continuidades y rupturas desde una visión crítica y comparativa, que lleva también a abordar la siguiente interrogante: “Educar ¿para qué?”.
En México, según el discurso y las reformas constitucionales al artículo 3° (del derecho a la educación) durante la reforma de 2013-2018 (administración del presidente Enrique Peña Nieto), se enfatizaron en la Constitución Política el enfoque en la calidad, el rol de los docentes y los mecanismos de evaluación. En particular, esta reforma se orientó hacia la profesionalización docente y la evaluación estandarizada. Derivó en leyes secundarias como la Ley General del Servicio Profesional Docente, y su discurso reivindicó la meritocracia y el rendimiento medible para elevar la calidad del sistema educativo.
Para ello, una pieza clave fue la conversión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), de ser una dependencia de la SEP a un organismo constitucionalmente autónomo.
El proyecto educativo del gobierno peñanietista pretendió ser: democrático, nacional, contributivo a la convivencia humana, equitativo (en el sentido de combatir desigualdades), con énfasis en lucha contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios mediante el progreso científico. Pero vinculaba la noción de calidad directamente al desempeño docente y los resultados estandarizados (con una visión sesgada, centrada en indicadores internacionales, ejemplo, la evaluación PISA).
Por su parte, durante el periodo 2018-2024 (administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que impulsó una reforma educativa en 2019), en los cambios constitucionales, promulgados el 15 de mayo de 2019 (y publicados en el DOF), se derogaron aspectos punitivos de la reforma anterior, se priorizó la equidad, la inclusión y la noción de la mejora continua. Se incorporaron principios como universalidad, interculturalidad y excelencia, con énfasis en el interés superior de la niñez y el rol transformador de las y los docentes.
En el documento sobre los “fines de la educación” (2016), el gobierno de Peña Nieto acentuó, como intenciones, el desarrollo armónico de las facultades humanas, así como acciones para fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad internacional. Enfatizaba el “máximo logro de aprendizajes” a través de materiales, métodos educativos, organización escolar, infraestructura e idoneidad docente y de directivos escolares.
Para el peñanietismo, el Estado garantizaría la “calidad” en la educación obligatoria (básica y media superior) para maximizar el rendimiento académico (ver el texto del Art. 3º. Constitucional reformado en febrero de 2013).
Rol de las y los docentes: entre 2012 y 2018 las y los docentes fueron considerados clave para asegurar la calidad (e implícitamente responsables de los bajos resultados educativos), y sujetos a evaluaciones obligatorias para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia (con posible terminación del contrato laboral tras tres evaluaciones insuficientes).
Por el contrario, en la reforma 2018-2024 se concibió a las y los docentes como “agentes fundamentales del proceso educativo” y contribuyentes clave de la transformación social. Con lo cual se buscaba restituir la dignidad magisterial perdida durante el sexenio anterior. También se reivindicaron el derecho a su formación integral, la capacitación y evaluaciones diagnósticas (no punitivas). En congruencia con ello, se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, a cargo de una Comisión Nacional (formativa y de estudios educativos, no autónoma como el INEE), que a la postre desapareció al concluir el sexenio.
En otra línea de políticas públicas, el gobierno de AMLO, estableció y enfatizó como rasgos del proyecto: el respeto a la dignidad humana, el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. En su contenido, señala que tenderá a desarrollar armónicamente las facultades humanas, fomentar también el amor a la patria, el respeto a las libertades, promover la cultura de paz, la solidaridad internacional, junto con la honestidad y valores como la justicia social y la soberanía nacional. Prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en la educación. Deroga la definición ligada a “idoneidad docente” y las evaluaciones estandarizadas, y promociones verticales y horizontales sin sanciones laborales.
El incipiente y en construcción proyecto educativo de la “4T” es: democrático, nacional, contributivo a la convivencia (respeto a naturaleza, diversidad cultural, dignidad); equitativo (medidas contra desigualdades socioeconómicas, regionales, de género); inclusivo (ajustes para diversas capacidades); intercultural (convivencia armónica); integral (para la vida, con capacidades cognitivas, socioemocionales, físicas); de excelencia (mejoramiento constante, pensamiento crítico, lazos escuela-comunidad). Incluye lenguas indígenas, educación sexual y ambiental. En este sentido, este enfoque de políticas públicas educativas es más transversal.
Las rupturas
Una característica de ruptura entre ambos proyectos se puede observar por el hecho de que en uno se buscaba concretar un enfoque cuantitativo de la educación (rendimiento medible), con EPN; mientras que, en el siguiente periodo, de AMLO, se propuso un enfoque holístico, axiológico o de amplio espectro filosófico (humanismo: derechos, paz, honestidad).
Las continuidades
Pero los rasgos de continuidad son inocultables: ambos proyectos se pronuncian por el desarrollo armónico y el patriotismo, pero con diferencias en la ampliación de los principios de inclusión social y cultural.
Otro rasgo de continuidad se registra poque ambos mantienen concursos para la admisión y promoción individual para docentes y directivos escolares, aunque en 2019 se eliminan los riesgos laborales.
Las contradicciones
El proyecto educativo de la 4T incluyó términos, en sus contenidos discursivos, que son característicos de las tecnocracias neoliberales, tales como: excelencia, mejora continua, calidad, prácticas de gestión escolar gerencialistas, máximo logro de aprendizajes y, en media superior, desarrollo de competencias (esto último establecido en el marco curricular común del gobierno de Claudia Sheinbaum, 2024-2030).
En conclusión, la reforma de 2013 enfatizaba un discurso tecnocrático, neoliberal, meritocrático, privatizador (escuelas al CIEN), excluyente y cuantitativo en torno a los fines de la educación, lo que generó conflictos con el magisterio y una visión sesgada limitada de las evaluaciones. En cambio, la reforma de 2019 representa un cambio de rumbo en la definición de los fines educativos, que buscaron ser más amplios, inclusivos, de valores democráticos y sociales, sobre todo al incorporar nociones como equidad, diversidad y derechos humanos, sin depender de métricas estandarizadas, y promover estabilidad política con transformación social.
Se pasó, así, del control punitivo-administrativo del magisterio al reconocimiento y apoyo a las y los docentes. Dos pendientes, sin embargo, son contar con programas potentes de formación continua para docentes y directivos escolares; y realizar evaluaciones formativas que no estén a cargo de entidades privadas (como CENEVAL, A.C.).
En esencia, se pasó de un modelo neoliberal y tecnocrático a uno humanista. De una visión punitiva y estandarizada de la educación a otra formativa e inclusiva. Aunque con una continuidad marcada: ambas buscan la mejora, pero en 2019 se amplía hacia las nociones de derecho a la educación con orientación hacia el bienestar social.
